UNIVERSIDAD SAN PEDRO 
 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
TITULO 
 
El derecho constitucional a la ejecución de sentencias 
dentro de un plazo razonable en el amparo laboral 
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TITULO 
PROFESIONAL DE ABORAGO 
 
Autor: 
Jacha Valderrama, Luciano Edgar 
 
Asesor: 
Mg. Hernán Yengle, Miguel 
 
Huacho – Perú 
2018
 
 
i 
 
Cuando pierda todas las partidas, 
Cuando duerma con la soledad,  
Cuando se me cierran las partidas,  
Y la noche no me deje en paz. 
 
Cuando sienta miedo del silencio, 
Cuando cueste mantenerse en pie,  
Cuando se revelen los recuerdos,  
Y me ponga contra la pared. 
 
Resistiré erguido frente a todo,  
Me volveré de hierro para endurecer la piel, 
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,  
Soy como el junco que se dobla 
Pero siempre sigue de pie 
 
Resistiré para seguir viviendo,  
Soportare los golpes 
Y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se rompan en pedazos  
 
Resistiré, resistiré (…)  
 
                                                                           Carlos Toro Montoro (Resistiré).  
 
 
 
ii 
 
DEDICATORIA:  
 
Mi tesis lo dedico con todo cariño a mis padres Jacob y Elena por su 
esfuerzo, sacrificio y apoyo incondicional, colabores silenciosos, pero 
decisivos en mi formación profesional. 
Luciano Edgar Jacha Valderrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
 
AGRADECIMIENTOS: 
 
El presente trabajo de investigación es fruto de mucho esfuerzo, dedicación y apoyo 
incondicional de las siguientes personas de quienes estaré eternamente agradecido: 
 
A Dios por brindarme su fortaleza, sabiduría e inteligencia y por 
acompañarme y guiarme en el largo del camino de la vida. 
A mis padres Jacob y Elena, que con su amor y confianza fueron el 
motivo principal para alcanzar mis objetivos, metas y por enseñarme 
que tengo un propósito en la vida porque luchar.  
A mis familiares, en especial a mis hermanos: Milagros, Jacobito, 
Rosario y Dieguito, a mi abuelita y tías. 
A mis maestros, por sus enseñanzas e incondicional apoyo. 
A mis amigos que siempre me apoyaron y confiaron en mí. 
A mi alma mater la Universidad “San Pedro” por formarme un 
excelente profesional y por abrirme las puertas al éxito. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
El derecho constitucional a la ejecución de sentencias dentro de un plazo 
razonable en el amparo laboral, es un trabajo de investigación fruto de la experiencia 
de la praxis judicial del investigador, que contiene un estudio y análisis profundo 
desde el punto de vista procesal, en la protección de los derechos constitucionales, 
especialmente en el derecho fundamental al trabajo y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. 
 El aporte académico, tiene como propósito dar prevalencia al derecho 
fundamental a la protección judicial  y a la tutela judicial efectiva, en el estadio 
procesal de ejecución de sentencia, con la finalidad de darles a los demandantes la 
satisfacción plena de gozar del derecho a ejecutar su sentencia estimatoria dentro un 
plazo razonable, por lo que planteamos los lineamientos básicos legales para suplir 
estas deficiencias que presenta el Código Procesal Constitucional, especialmente la 
institución jurídica de amparo, para ser más específicos en la etapa de ejecución de 
sentencias.   
El presente trabajo de investigación, ha sido elaborado gracias a los 
aportes de connotados especialistas reconocidos en materia constitucional, civil, 
penal y derecho administrativo, los cuales me han ayudado desarrollar un trabajo que 
contiene lineamientos básicos y concretos que no escapa de la realidad, dotado de un 
lenguaje sencillo que va permitir, a los jurados y apasionados por el derecho 
constitucional, coadyuvar a sus conocimientos y realizar un juicio de valor objetivo 
de la realidad de lo que  sucede en nuestro sistema judicial y como consecuencia de 
ello la limitación del goce los derechos fundamentales. 
Esperando siempre que se logre alcanzar los objetivos fundamentales y 
que el trabajo de investigación trascienda acorde con la realidad de la praxis judicial 
y sirva de base para una reforma legislativa para mejorar la eficacia de las 
ejecuciones de sentencias del proceso de amparo y de todo el catálogo de garantías 
constitucionales que también no escapan de este problema jurídico.   
 
v 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
TEMA  Proceso constitucional de amparo, 
Derecho constitucional a la ejecución de 
sentencias dentro de un plazo razonable, 
Derecho a la tutela judicial efectiva. 
ESPECIALIDAD Derecho Procesal Constitucional 
 
KEYWORDS: 
TEX Constitutional process of amparo, 
constitutional right to the execution of 
sentences within a reasonable time, 
right to effective judicial protection. 
SPECIALTY Constitutional Procedural Law 
 
Linea de investigación: Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
INDICE 
 
Pág. 
Epígrafe                  i 
Dedicatoria ii 
Agradecimiento iii 
Presentación  iv 
 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE  
EN EL AMPARO LABORAL 
 
ANTECEDENTES  
I. Antecedentes generales del proceso de amparo .......................................... 2 
1.1.  Antecedentes en el amparo colonial en el Perú ................................... 7 
1.2. El amparo en la legislación peruana ..................................................... 9 
 
MARCO TEORICO 
II.  Aspectos preliminares del trabajo de investigación 
2.1. Definición del proceso de amparo ...................................................... 12 
2.2. Concepto del Proceso de amparo ....................................................... 12 
2.3. Tipologías del Proceso de amparo ..................................................... 14 
2.4. Clases de proceso de amparo ............................................................. 15 
2.5. Principios Procesales .......................................................................... 16 
2.6. Naturaleza jurídica del proceso de amparo ........................................ 16 
2.7. Ordenación legal vigente del proceso de amparo .............................. 17  
2.7.1. La importancia del estudio del proceso de amparo ............... 19 
2.7.2. Las resoluciones judiciales del proceso de amparo .............. 20  
2.8.  Efectos de la sentencia del proceso de amparo ................................. 22 
2.8.1. Procedimiento de ejecución de sentencia………………….. 22 
2.8.2. Actuación de sentencias…………………………………… 23 
vii 
 
 
III. Aspecto  central del trabajo de investigación 
3.1.  El derecho a la efectividad de resoluciones judiciales ...................... 25 
3.1.1. El derecho a la tutela judicial efectiva .................................. 26 
3.1.2. La efectividad de las sentencias como contenido esencial de 
la garantía a la tutela judicial efectiva ................................... 27 
3.1.3. La ejecución de las sentencias en sus propios términos es un 
derecho de ambas partes ....................................................... 30 
3.1.4. La ejecución de una sentencia es constitucional ................... 31 
3.1.5. El deber y la obligación constitucional del juez de garantizar 
la efectividad de las sentencias del TC y doble carácter de los 
derechos fundamentales ........................................................ 32 
3.1.6. La Convención Americana de Derechos Humanos y la 
jurisprudencia vinculante de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos exigen al estado peruano el efectivo 
cumplimiento de las sentencias ............................................. 37 
3.1.7. La ejecución de las sentencias en el proceso constitucional de 
amparo y el principio de ejecutoriedad de las sentencias ..... 38 
3.1.8. El uso de las medidas coercitivas ante el incumplimiento .... 39 
3.1.9. La naturaleza propia de los procesos constitucionales .......... 41 
3.1.10. La función del juez en los procesos constitucionales y los 
principios procesales de impulso de oficio, pro acctione, 
elasticidad, y el principio procesal pro persona .................... 45 
3.1.11.  Efectividad de las sentencias, efectividad de los derechos y 
el constitucional de derecho .................................................. 48 
3.2.  Fundamento del trabajo de investigación ........................................ 49 
3.3.  Objetivo del trabajo de investigación .............................................. 53 
3.4.  Finalidad   del trabajo de investigación ........................................... 53    
3.5. El problema de incumplimiento de sentencias ................................. 54 
3.6.  Respecto de las medidas introducidas por el código procesal 
constitucional para garantizar la ejecución de sentencias ................. 55 
viii 
 
3.7.  Represión de actos homogéneos ...................................................... 59 
3.8.  Responsabilidad penal por no acatar una sentencia de amparo 
laboral ............................................................................................... 60 
3.8.1. Bien jurídico protegido ......................................................... 61 
3.8.2. El sujeto activo ...................................................................... 61  
3.8.3. El sujeto pasivo ..................................................................... 61 
3.9.  Caso Alejandro Agurto Flores ......................................................... 62 
 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
IV. Normas nacionales e internacionales 
4.1. La Constitución Política del Perú de 1993 ........................................ 65 
4.2.  Código Procesal Constitucional ....................................................... 65 
4.3.  Reglamento del TC .......................................................................... 67 
4.4.  La Convención Americana de Derechos Humanos ......................... 68 
 
JURISPRUDENCIA O PRECEDENTES VINCULANTES  
V. Sentencias del Tribunal Constitucional .................................................... 69 
 
DERECHO COMPARADO 
VI. El amparo dentro de la legislación comparada 
6.1.  La recepción del amparo en América Latina ................................... 76 
6.2. La recepción del amparo en Europa ................................................. 78  
6.3. La recepción del amparo en África ................................................... 79 
6.4. La recepción del amparo en Asia ...................................................... 79  
6.5. La recepción del amparo en el Derecho Internacional ..................... 80  
CONCLUSIONES ............................................................................................... 83 
RECOMENDACIONES...................................................................................... 85 
RESUMEN .......................................................................................................... 86 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 88 
ANEXOS 
1. CASO PRACTICO EXP. N.° 00382-2013-PA/TC 
ix 
 
2. PROYECTO DE SENTENCIA 
3. ANALISIS DEL CASO PRACTICO
1 
 
RESUMEN 
 
 El autor analiza uno de los principales problemas que atraviesa, el derecho a la 
ejecución de las sentencias en la administración de justicia constitucional peruana: 
las inejecuciones de las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional 
Peruano, por diversas instituciones públicas y privadas. Explica cuáles son los 
principales casos de incumplimiento por parte de la obligada de cumplir y acatar una 
orden judicial de reposición laboral. Desarrolla la crisis del proceso de amparo 
laboral en la legislación peruana, desde la base del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva y precisa la obligación constitucional de los jueces hacer cumplir sus 
sentencias y del Estado, cuya inobservancia causa un daño grave e irreparable al 
trabajador que cuenta con un fallo favorable y la transgresión de la fuerza normativa 
de la Constitución del Estado, en la cual no es posible preservar un Estado 
constitucional de derecho y por ultimo plantea una propuesta de penalización para 
viabilizar el derecho a la ejecución de sentencias dentro de un plazo razonable en el 
amparo laboral. 
 
ABSTRACT 
 
The author analyzes one of the main problems facing, right to the enforcement of 
judgments in the administration of Peruvian constitutional justice: the inejecuciones 
of the rulings of the judiciary and of the Peruvian Constitutional Court, by various 
public and private institutions. It explains what are major cases of non-compliance by 
the must meet and abide by a court order of labour replacement. Develops the 
process of employment protection crisis in Peruvian legislation, from the base of the 
fundamental right to judicial protection effective and accurate the constitutional 
obligation of judges to enforce its rulings and State, whose failure causes severe and 
irreparable harm to the worker who has a favorable ruling and the transgression of 
the normative force of the Constitution of the State, which is not possible to preserve 
a constitutional rule of law and finally raises a penalty proposal to enable the right to 
enforcement of judgments within a reasonable time in the employment protectio. 
2 
 
EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE EN EL          
AMPARO LABORAL 
 
ANTECEDENTES  
 
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS GENERALES DEL AMPARO 
 
El exmagistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz (2016), 
indica que los antecedentes históricos constituyen el presupuesto cognoscitivo 
ciertamente imprescindible para entender la progresiva evolución y desarrollo de lo 
que actualmente son los procesos constitucionales; en la medida en que la historia 
nos ofrece un panorama amplio para el conocimiento de determinadas instituciones, 
no solo por la compresión de las raíces en donde se gesta, sino porque permite 
atalayar su desarrollo, en buena cuenta existen hasta tres dimensiones vitales e 
interconectadas: la historia del amparo, su actualidad y su futuro. 
En las culturas antiguas de Egipto, Babilonia, India, Pueblo Hebreo, 
Grecia, Roma y todo la Edad Media nos sirven para dar cuenta del porque y como 
existían añejas instituciones protectoras de los derechos del hombre, bajo el imperio 
de una vieja concepción teocéntrica del mundo, siendo las primeras manifestaciones 
de aparición del amparo.  
Una comprensión histórica critica de los antecedentes del amparo, nos 
lleva a considerar que si bien estos son registrados por la mayoría de los autores 
desde los viejos sistemas de protección del ciudadano como los que se establecieron 
en Roma, la Inglaterra medieval o los procesos forales de Aragón o documentos 
normativos que podemos inquirirlos desde una virtual arqueología jurídica como los 
códigos antiguos, o el de Hammburabi, el surgimiento del amparo, no cabe duda, 
solo puede entenderse en el contexto de la moderna cultura de los derechos 
fundamentales; y en estrictu sensu, en su configuración actual, el amparo solo puede 
3 
 
comprenderse a través del surgimiento de “la lengua de los derechos” y del concepto 
basilar que se anida tras de ellos: el concepto de derecho subjetivo. 
No puede entenderse, pues, un instrumento de garantía como el amparo sin 
el surgimiento previo de su objeto de protección, esto es, sin el surgimiento del 
concepto de derechos fundamentales y del concepto de derecho subjetivo a partir del 
cual este se forma, y ello además porque justamente el amparo, en la concepción 
primigenia estuvo enfocado en la defensa del orden constitucional, pero no de 
manera general y objetiva, sino a través de la defensa concreta de los derechos e 
intereses subjetivos de los ciudadanos, concepción que hasta hoy a pesar de los 
muchos años transcurridos no ha cambiado, en tanto, actualmente, en todos los 
ordenamientos procesales constitucionales del mundo no puede activarse el amparo 
sin un interés subjetivo que busque protegerse y que meridianamente, debe estar 
sustentado en un derecho constitucional directo. 
Se puede afirmar que en el pasado existieron viejas raíces y parentescos 
del amparo contemporáneo, así existen antecedentes remotos donde se puede 
encontrar antiguas tutelas como el interdicto de homine libero exhibendo, si bien 
como una vieja matriz de la primigenia tutela de la libertad más vinculada con el 
habeas corpus y un pretérito antecedente ciertamente más cercano al amparo como 
fue la intercessio romana. Si bien el primero el interdicto de homine libero 
exhibendo, fue un antecedente precario del amparo; con la intercessio hay más 
coincidencias sorprendentes y puede calificarse como viejo antecedente indirecto o 
remoto del amparo. 
Frente a los antecedentes remotos existe un conjunto de instituciones 
procesales medievales que pueden identificarse como antecedentes externos 
(próximos) que provienen del influjo hispánico, inglés, norteamericano y galo. Así  
un brochazo panorámico a nivel de los antecedentes hispánicos permite apreciar 
antiguos antecedentes hispánicos, castellanos como los amparamientos y que han 
influido de las colonias de América. Así la vos amparo tuvo para el derecho 
castellano dos acepciones: una tradicional y típica del medievo que aludía a la 
protección personal que el monarca o algún noble dispensaba a una persona 
desvalida o alguna clase especial de personas como mercaderes o peregrinos a través 
4 
 
de las “cartas de amparo”; y otra acepción fue la de carácter ius-procesal recogido de 
las partidas donde se regulaban mecanismos procesales de carácter general 
destinados a remediar los daños ocasionados a una persona. De las cuatro 
modalidades de amparamiento  como la alzada, la merced regia, la restitución de 
menores y la revisión extraordinaria por falsedad en la prueba, las únicas que guarda 
unas semejanzas fue la alzada y el amparamiento contra sentencias falsas. Entre los 
antecedentes aragoneses destaca la presencia mítica de justicia mayor, que tuvo 
competencia sobre determinados procesos forales como proceso de firma, el proceso 
de manifestación, el proceso foral de aprehensión y el proceso foral de inventario. En 
esta misma línea, el Fuero de Vizcaya, el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Leyes de 
Estilo, las Siete Partidas, las Ordenanzas Reales de Castilla, la Novísima 
Recopilación, entre otros, provenientes del antiguo medievo fueron viejas 
instituciones del legado Ibérico, mucho más cercana casi ya al bicentenario la 
Constitución de Cádiz de 1812 se ubica dentro de los antecedentes que influyeron en 
la gestación del amparo, de todo el arsenal Ibérico bien cabe rescatar y concluir con 
el aporte básicamente de la Constitución de Cádiz que habría de delinear una 
primigenia tutela de derechos fundamentales, a través de la denuncia de infracciones 
constitucionales ante las Cortes de Cádiz, institución que habría que ser recepcionada 
en nuestro país de la Constitución de 1823. 
A nivel de los antecedentes ingleses, la evolución de las garantías de la 
libertad forma un perfil muy sui generis y como es de rigor, se inicia con la Carta 
Magna 1215, la misma que fue objeto de diversas ratificaciones como la primera 
Carta de Enrique III, la Configuración de la Carta de Eduardo II de 1679, la Petición 
de Derechos de 1628, el Writ of Habeas Corpus de 1679, el Bill of Rigths de 1679,  
el Bill of Rigths  de 1689 y con anterioridad Sir Edwar Coke y el caso Thomas 
Bonham 1610. Del pensamiento ingles bien cabe rescatar como núcleo duro de 
vinculación con el amparo el desarrollo pretoriano que sentara Sir Edwar Coke a 
través del caso Thomas Bonham con la idea de un Fundamental Law y que significo 
un trascendental influjo en lo que sería posteriormente la revisión judicial de las 
leyes en Estado Unidos y que habría que significar la principal fuente de inspiración 
para la creación del amparo en México. 
5 
 
A nivel de los antecedentes norteamericanos se encuentra las Cartas de 
Establecimiento, la Declaración de Derechos  de Virginia de 1776, la Constitución 
1787, el debido proceso legal que surge en el marco de las enmiendas de la 
Constitución norteamericana y el emblemático caso Marbury vs. Madison. Aquí 
puede concluir que el influjo directo y que fue asimilado por el amparo es el debido 
proceso legal, hoy convertido en parámetros del control de los actos del poder 
público a través de la razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, el control difuso 
de la constitucionalidad de las leyes constituye la gran revolución copernicana que 
aporto Marshall en el celebérrimo caso Marbury vs. Madison. Francia destaca, a su 
vez, por la propuesta se Sieyes de un Jurado Constitucional, donde se destaca la idea 
de la constitución como norma jurídica suprema y la regulación de un recurso ente 
este jurado para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
Finalmente, México constituye el emblemático país que en términos 
orgánicos y donde nace con un fundamento jurídico y con el nomen iuris del “juicio 
de amparo” que influyo en los sistemas comparados de la justicia constitucional en 
términos cosmopolitas.    
 
1.1. El amparo colonial en el Perú  
 En este contexto, el catedrático Gerardo Eto Cruz (2016), refiere que el 
amparo colonial nace con los antiguos interdictos y amparo reales que existían en 
aquellas épocas, por las principales disputas surgidas alrededor de sociedad colonial 
que eran relativa a la propiedad y posesión de las tierras cultivables, en las cuales 
tomaban lugar, tanto españoles como indígenas, enmarañándose con frecuencia en 
procesos judiciales para defender los derechos que creían que les correspondían. El 
régimen jurídico con lo que se protegía a través del proceso de amparo, estaban 
enfocados a defender la propiedad agraria a través de los interdictos de poseer, 
recobrar y de conservar, siendo los antecedentes iniciales del amparo, que se 
remontan, al amparo colonial, que fue fruto de la antigua legislación novandina que 
provino del derecho de indias y que en México desde los años sesenta también se han 
descubierto estos antiguos antecedentes novoandinos provenientes del influjo ibérico. 
6 
 
Sin embargo, una delimitación más precisa y moderna en torno al amparo, 
se puede trazar en cuatro periodos:  
a) El primer periodo donde el amparo funciona como habeas corpus (1916-
1979).  
b) La segunda etapa la hemos identificado como la constitucionalización del 
amparo, aquí la Constitución de 1979 regula con perfiles propios el régimen 
del amparo: ser el instrumento procesal para la tutela de los diversos derechos 
distintos a la libertad individual. En este periodo se regula su primer 
desarrollo legislativo a través de la Ley No. 23506.  
c) La tercera etapa comprende un interinazgo producto del régimen de facto (05 
de abril de 1992 hasta el 2000) y se caracterizó porque se dictó un amplio 
stock de normas que mediatizaron el amparo tanto como el habeas corpus.  
d) La cuarto periodo comprende, en estricto, desde la presencia de la transición 
política del gobierno de Valentín Paniagua, el retorno a la democracia con 
Alejandro Toledo, y sobre todo con la promulgación y vigencia del Código 
Procesal Constitucional de 2004 que impulsara un grupo académico liderados 
por Domingo Garcia Belaunde y donde se inicia a partir de este código el 
desarrollo más orgánico de una doctrina jurisprudencial en torno al proceso 
de amparo y que se extiende hasta nuestros días.  
            Como se puede apreciar en las diferentes legislaciones el mundo, donde 
surgió este instituto procesal, el amparo nació con la  finalidad de proteger derechos 
fundamentales de manera efectiva ante la violación inminente y real de un derecho 
que tenga un contenido esencial de un derecho fundamental, protegiéndolo dentro de 
un plazo razonable al reclamante o demandante, por ello, que su naturaleza procesal 
es célere y sumario, siendo esto, la expresión máxima de su utilidad  y la razón de 
existencia del amparo como un medio reparador de derechos ante la violación de 
derechos fundamentales. 
  
1.2. El amparo en la legislación Peruana  
 La legislación peruana lo recoge al proceso amparo en el artículo 200 inciso  
2) de Carta Magna de 1993, dentro del catálogo de Garantías Constitucionales 
7 
 
otorgándole rango constitucional al proceso de amparo y lo regula mediante la Ley 
No. 28237 – Código Procesal Constitucional, que entro en vigencia el 31 de mayo 
del año 2004, señalando que los fines de los procesos constitucionales es garantizar 
la primacía de la constitución y la vigencia de los derechos constitucionales, 
asimismo, precisa que el proceso constitucional de amparo procede contra el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza los derechos reconocidos en la constitución, demás agrega, que los derechos 
constitucionales protegidos deberán interpretarse de conformidad con la Declaración 
de los Derechos Humanos, los Tratados sobre Derechos Humanos, así como de las 
decisiones adoptadas por los Tribunales Internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según los Tratados de los que el Perú es parte, es decir, el proceso 
constitucional de amparo tiene como finalidad esencial proteger derechos de primera 
generación y su objetivo principal es protegerlos de manera efectiva e eficaz dentro 
de un plazo razonable, sin embargo, en la actualidad esto no es tan cierto, menos aun 
no se cumple, hasta podríamos decir que ha se convertido en un saludo a la bandera, 
toda vez, que el amparo es uno de los procesos constitucionales más empleados y del 
cual más se ha abusado, debido a que cuando el proceso de amparo termina con una 
sentencia estimatoria, es decir fundada, esta muchas veces no se puede ejecutar por la 
dilatación excesiva debido a que existe un vacío procesal que no contempla las 
medidas coercitivas necesarias ante la autoridad o funcionario que incumple un 
mandato judicial, conducta antijurídica que a mi opinión debe sancionarse con pena 
privativa de libertad, por lo que muchas veces se viola más los derechos 
fundamentales de la persona en etapa de ejecución de sentencia que antes de la 
interposición de la demanda, con este mecanismo el proceso de amparo consolidaría 
su utilidad y plena vigencia, tema de investigación que será planteado a continuación 
con fundamentos sólidos que traza propuestas que tendrá como finalidad superar 
estos defectos y vacíos procesales de manera efectiva y sobre todo que sea útil para 
los ciudadanos que reclaman tutela judicial efectiva diariamente por la violación de 
sus derechos fundamentales al sentirse impotentes al no poder ejecutar su sentencias, 
y por otro lado a los operadores jurídicos para una debida aplicación de norma 
8 
 
procesal para que las ejecuciones de sentencias sean ejecutas de manera efectivas y 
dentro de un plazo razonable.    
 Por otro lado, Walter Gutiérrez Camacho (2005), refiere que el 
artículo 139° que desarrolla los principios y derechos de la función jurisdiccional, 
consagrando en el inciso 3) la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Dentro de los derechos que forman parte del genérico derecho a la 
tutela procesal efectiva se encuentra el derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes a las que les alcanza además la garantía político-jurídica de la cosa 
juzgada. Así una cosa es el derecho a la ejecución de las sentencias y otra distinta la 
garantía de la cosa juzgada que tiene, entre sus consecuencias prácticas: a) la 
inmutabilidad de las decisiones judiciales firmes; b) la imposibilidad de revivir 
procesos ya decididos por los órganos judiciales; c) la exigencia de cumplimiento de 
lo resuelto en forma definitiva; d) la prohibición de que las autoridades judiciales o 
cualquier poder externo al Poder Judicial pueda interferir o retardar la ejecución de lo 
resuelto de manera definitiva por el poder jurisdiccional de los jueces. En tal sentido, 
el segundo párrafo del inciso 2) del referido artículo hace referencia también a tal 
derecho al establecer como ya ha quedado precisado, la prohibición de que los 
poderes públicos puedan, dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni retardar su ejecución. 
Por su parte el Código Procesal Constitucional también consagra el 
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho 
a la tutela procesal efectiva cuando en el tercer párrafo de su artículo 4° prescribe que 
“se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en 
la que se respeten, de modo enunciativo sus derechos a la actuación adecuada y 
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales. 
El derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una 
concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la 
tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una 
vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal. El 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en 
una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a 
9 
 
través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere 
lugar a ello, por el daño sufrido. En esta misma línea de razonamiento se ha 
precisado en muchas oportunidades que, “la tutela jurisdiccional que no es efectiva 
no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer 
que, “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que 
ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela 
jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
MARCO TEORICO 
 
II. ASPECTOS PRELIMINARES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Definición del proceso de amparo 
 El maestro Gerardo Eto Cruz (2016), indica, que el amparo si lo 
apreciamos desde una perspectiva semántica, podemos verificar desde una 
perspectiva la que le identifica la RAE, técnicamente alude al proceso de amparo que 
existe en los sistemas jurídicos; la Real Academia Española en la segunda vigésima 
edición del Diccionario de la Lengua Española le asigna a la voz amparo “Acción y 
efecto de amparar o ampararse” en su primera acepción, y amparar (del latín 
ampararse) que significa favorecer, proteger. 
En las últimas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, la voz amparo remite al vocablo “recurso de amparo” y que según la 
academia “es el estudio por algunas constituciones modernas, europeas y americanas, 
para ser tramitado ante un tribunal de justicia, cuando los derechos asegurados por la 
ley fundamental no fueren respetados por otros tribunales u otros particulares. Es 
decir, que el proceso constitucional de amparo constituye el instrumento nomen plus 
ultra  para afirmar la tutela de los derechos ius-fundamentales, y con ello, los 
principios y valores constitucionales que encierra la Constitución como norma. Esta 
aseveración se pone de manifiesto en una constatación empírica la elevada 
responsabilidad que tienen los tribunales constitucionales del mundo de resolver 
controversias de protección de derechos fundamentales. 
 
2.2. Concepto del proceso de amparo 
 El que, mejor que ha estudiado esta institución procesal es el doctor Gerardo 
Eto Cruz (2016), quien refiere, que el amparo es un proceso constitución autónomo 
de tutela de urgencia de derechos fundamentales, distinto a la libertad individual, y 
cuyo fin es reponer a la persona en el ejercicio del derecho ius-fundamental 
11 
 
amenazado o vulnerado producto de actos lesivos perpetrados por alguna autoridad, 
funcionario o persona. Desentrañar su naturaleza jurídica presupone estudiar aquellas 
características esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal que le establezca 
cada sistema de jurisdicción constitucional. Una identificación del amparo que 
trasciende su mera regulación positiva en cualquier sistema de justicia constitucional, 
es aquella que ostenta dos particularidades básicas e inmanentes que se desprende de 
la naturaleza de su tutela, en efecto el amparo se nos presenta como la tutela especial 
de derechos calificados con ius-fundamentales; y por otro lado, se trata de una tutela 
de urgencia. 
Muchos identifican la problemática en torno a su naturaleza pretendiendo 
aclarar o descartar si acaso el amparo es una acción, un recurso, un remedio, un 
interdicto, una petición, un juicio, un proceso, un cuasi proceso o una institución 
pública, sin embargo lo importante es destacar algunos elementos morfológicos: el 
amparo es una acción y no un recurso, es de naturaleza constitucional y no de 
carácter sustantivo, las resoluciones provenientes de su seno son restitutorias y 
declarativas, mas no constitutivas, es subsidiario y residual mas no operativo o 
alternativo. El Tribunal Constitucional en el Perú, identifican al amparo con una 
doble naturaleza, que el amparo persigue no solo de tutela subjetiva de los derechos 
fundamentales de las personas; sino también comprende la tutela objetiva de la 
constitución. Lo primero supone la restitución del derecho violado o amenazado; lo 
segundo, la tutela objetiva de la constitución, esto es, la tutela de preservar el 
ordenamiento constitucional como una suma de bienes constitucionales. 
La concepción del amparo como medio que procure la concretización del 
derecho objetivo de la constitución y de la tutela subjetiva de los derechos ius-
fundamentales de las partes implicadas en el proceso constitucional, tiene su origen 
en una concepción concreta de constitución; así, una constitución entendida en 
sentido valorativo, acentuadamente material, como la norma jurídica de eficacia 
directa y sustentado en el principio antropológico cultural de la dignidad humana, 
exige una estructuración procesal en el amparo igualmente valorativo – neutro ni 
formal, que sea dúctil y que procure la mayor eficacia del derecho y de los derechos 
inscritos en la constitución. Esto puede significar asumir una interpretación 
12 
 
constitucional concretizada de las normas procesales, pero también puede ser de 
recibo por la concepción instrumental del proceso que entiende con su moderno 
arsenal teórico, que el derecho procesal debe construirse para servir al derecho o los 
derechos que le sirven de sustento, o quizás queda requerir de una suma de ambas 
concepciones, al margen de ello, lo importante es poner de relieve la vinculación 
inescindible del amparo con la tutela de los valores, principios y derechos 
constitucionales. 
 
2.3. Tipologías del proceso de amparo   
  El constitucionalista Gerardo Eto Cruz (2016), formula una propuesta de 
clasificación de tipos o modalidades de amparo, que bien pueden servir de utilidad 
pedagógica, y acaso, con efectos prácticos para identificar la materia de ius-
fundamentales que se está vulnerando. Así y asumiendo diversos criterios, se ha 
dividido las modalidades de amparo en lo siguiente: 
a) Por razón de la materia: aquí el criterio que determina la clasificación del 
amparo está en función del contenido de lo que jurídicamente se resuelve. En 
la medida que, cada vez va in crescendo, la constitucionalización del orden 
jurídico, o en ordenes constitucionalizados, bien pueden encontrarse las 
siguientes tipologías: amparo judicial, amparo laboral, amparo 
previsional, amparo administrativo, amparo tributario, amparo 
ecológico o ambiental, amparo electoral y amparo económico. 
b)  Por el tipo de acto lesivo que se impugna: aquí se sigue el criterio en torno 
a qué tipo de acto lesivo se impugna, y así, surgen las modalidades de 
amparo: amparo contra leyes, amparo contra resoluciones judiciales, 
amparo contra resoluciones administrativas y amparo contra actos de 
particulares. 
c)  Por la forma fenomenológica en que se presenta el acto lesivo: aquí se 
trata de identificar la forma como opera o se presenta fenomenológicamente 
el acto reclamado, así, el amparo tendría las siguientes modalidades: amparo 
por violación, amparo por omisión de acto debido y amparo preventivo 
por amenaza de violación. 
13 
 
d) Por efecto de la sentencia: esta tipología está supeditada a lo que se declare 
en fallo, asa, se derivan los siguientes tipos de amparo: amparo restitutorio, 
amparo innovativo, amparo declarativo y amparo de condena. 
e) En función de la legitimidad procesal: aquí la modalidad se supedita en 
función de las partes que intervienen en el proceso y surgen las tipologías 
siguientes: amparo individual personal, amparo individual corporativo 
privado, amparo individual de entidades públicas y amparo colectivo. 
 
2.4. Clase de proceso de amparo 
  Por otro lado, el connotado profesor Samuel B. Abad Yupanqui (2008), 
hace referencia, que para determinar el tipo de proceso en que ubica el amparo 
debemos acudir a la teoría procesal. Una de las diversas clasificaciones de los 
procesos, se basa en la función que cumplen, es decir, en el propósito o la naturaleza 
de la satisfacción  jurídica que se persigue con su uso. En este sentido, se suele 
hablar de “tres clases de procesos declarativo (o de conocimiento, o de declaración, o 
de cognición)  de ejecución (o ejecutivo) y cautelar. Si tratamos de ubicar al amparo 
es una de las citadas clasificaciones, podemos caracterizarlos como un proceso  
declarativo o de conocimiento, pues tiene como presupuesto la inseguridad y la 
incertidumbre respecto a la amenaza o violación de un derecho constitucional por 
parte de una autoridad, funcionario o persona, que debe ser aclarada por la respectiva 
sentencia. Al considerarlo como un proceso declarativo o de conocimiento no 
estamos afirmando que sea un procedimiento ordinario entendido con aquel 
establecimiento ordinario, entendido como aquel establecido con carácter general a 
través del cual se puede conocer todas las pretensiones .Consideramos más bien ,que 
el proceso de amparo constituye una privilegiada que un importante sector de la  
doctrina procesal denominada “tutela jurisdiccional” cuya finalidad esencial es de 
proteger eficazmente los derechos fundamentales. Se trata en definitiva de un 
proceso especial que cuenta con un trámite procesal acelerado “por la naturaleza 
prevalente del derecho fundamentales. Así, lo ha entendido el tribunal constitucional 
español en la sentencia de  81/1992 de 28 de mayo al interpretar los alcances de las 
expresiones “preferente y sumario “que según el artículo 53.2 de su constitución de 
14 
 
amparo. De esta manera, el amparo se, configura como un proceso urgente que 
corresponde a la llamada tutela de urgencia constitucional, pues exige una protección 
inmediata a los derechos amenazados o vulnerados. En este efecto, los procesos 
urgentes se caracterizan por reconocer que en su seno el factor tiempo posee una 
relevancia superlativa .Vale decir, que cuando se está ante un proceso urgente, 
siempre concurre una aceleración de los tiempos que normalmente insume el moroso 
devenir de los trámites judiciales”. Así, también lo ha entendido el tribunal 
constitucional en diversas ocasiones. 
 
2.5. Los principios procesales 
  El profesor Víctor García Toma (2009), señala que los principios 
procesales que ordenan la vigencia del amparo, son pautas hermenéutica que se van 
permitir al operador interprete del amparo resolver cualquier aparente vacío en el 
régimen procesal y procedimental. Estos principios procesales son los siguientes:  
1. El de dirección judicial del proceso 
2. El principio de gratuidad en la actuación del demandante  
3. El principio de economía procesal 
4. El principio de inmediación  
5. El principio de socialización del proceso  
 Cabe identificar como sub-principios los siguientes: 
a) impulso de procesal de oficio,  
b) principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los 
procesos constitucionales y  
c) principio pro actione. 
            
2.6. Naturaleza jurídica del proceso de amparo  
             El abogado especialista en materia constitucional Oscar Andrés Pazo 
Pineda (2014), comenta que el amparo siempre tendrá un conjunto de características 
esenciales intrínsecas fuera del encuadre normativo que le asigne cada sistema, y esta 
afirmación parte del hecho de que el amparo, bien sea en sus múltiples expresiones 
con la que se mienta y conoce, va tener como fin la tutela judicial de urgencia de 
15 
 
determinados derechos sui generis de naturaleza ius-fundamental, distintos de los 
derechos ordinarios. En efecto, los derechos fundamentales y los procesos para su 
protección se han instituido que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales 
derechos solo podrían realizarse en la medida en que cuenten con mecanismos 
rápidos, adecuados y eficaces para su protección. Así, los derechos fundamentales, 
además de su condición de derechos subjetivos del más alto nivel, y al mismo tiempo 
de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es sustancial, en paralelo 
el establecimiento de herramientas procesales encargadas de tutelarlos, pues es 
evidente que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, 
desprovistas de valor normativo. 
 
2.7. La ordenación legal vigente del proceso constitucional de amparo  
  Para el experto en derecho constitucional Oxal Víctor Avalos Jara (2012), 
el proceso constitucional de amparo, como los demás procesos que integran 
actualmente la jurisdicción constitucional en el Perú, ha atravesado por un iter 
legislativo sui generis. Tuvo una primera etapa de iniciativa académica, esto es, un 
grupo académicos fueron los que elaboraron un proyecto de Código Procesal 
Constitucional; y luego la segunda etapa de la iniciativa legislativa multipartidaria 
que terminaron por aprobar en el seno del congreso en el año 2004 la regulación 
actual del Código Procesal Constitucional. 
 En la ordenación legal del amparo, constituye un presupuesto procesal 
especial que se haya transitado por parte del amparista el agotamiento de las vías 
previas; lo cual supone que el acto reclamado se haya resuelto en alguna instancia 
administrativa o identidad corporativa privada. Sin embargo, dicho presupuesto 
admite algunas excepciones derivadas de la naturaleza de tutela urgencia y de los 
derechos constitucionales que están en juego en el amparo. La existencia de un acto 
lesivo de los derechos que pueden ser protegidos  a través del amparo, constituye un 
presupuesto procesal de este proceso, que debe cumplir un conjunto de requisitos, 
pues en caso contrario la demanda será improcedente. El acto lesivo puede ser 
definido como aquella conducta (acción o por omisión) proveniente de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que amenaza o vulnera derechos fundamentales. En 
16 
 
este sentido, el amparo no busca hacer frente a cualquier situación que en los hechos 
se produzca y que afecte derechos fundamentales, sino que debe tratarse de una 
conducta llevada a cabo por una autoridad, funcionario o persona; es decir acciones u 
omisiones llevadas a cabo con conocimiento y voluntad. 
El acto lesivo tiene un contenido material y otro jurídico, que deben ser 
analizados en forma conjunta. El contenido material se encuentra constituido por 
tres elementos: a) el sujeto activo (que lleva acabo el acto lesivo), b) el sujeto 
pasivo (que se ve perjudicado en sus derechos por el acto lesivo) y c) la acción u 
omisión concreta. Todos estos elementos se encuentran relacionados con aspectos 
esencialmente facticos. Por su parte, la determinación del contenido jurídico del acto 
lesivo implica una valoración sobre la afectación producida, pues esta debe estar 
relacionada con el ejercicio de un derecho fundamental. Implica por tanto, 
determinar la existencia de un agravio personal y directo de los derechos 
fundamentales como presupuesto para la procedencia de una demanda de amparo. 
Son variadas las formas en que se puede manifestar el agravio de los 
derechos fundamentales, una clasificación útil que permite comprender las diversas 
modalidades de agravio, es aquella que distingue entre actos ilegales y arbitrarios, 
en términos generales, un acto es ilegal cuando es contrario a lo dispuesto en la 
ley o se lleva a cabo sin sustento alguno en un mandato normativo. Por otro lado, 
un acto es arbitrario cuando carece de razonabilidad y proporcionalidad, a 
pesar de que pueda estar sustentado en una norma legal. Los actos lesivos 
pueden ser clasificados en función de determinados requisitos o características, que 
determinen la procedibilidad de la demanda. En función del modo de afectación, los 
actos lesivos se dividen entre aquellos que implican un hacer o una amenaza de hacer 
(acción) de aquellos que implican un no  hacer (omisión). En atención al momento de 
su realización se clasifican en actos pasados, presentes, futuros o de tracto sucesivo. 
En atención al criterio de separabilidad, los actos lesivos pueden clasificarse en 
reparables o irreparables, en atención a su subsistencia al momento de presentar la 
demanda, en subsistentes o insubsistentes. En atención a su carácter manifiesto, 
vinculado con el tema de la prueba en el amparo, se clasifican en manifiestos. 
Finalmente, en función del consentimiento por la parte agraviada, se pueden dividir 
17 
 
en consentidos (de forma expresa y tacita) y no consentidos. Del mismo modo, la 
determinación correcta del acto lesivo resulta esencial para que la autoridad judicial, 
en la sentencia respectiva, establezca un mandato concreto de dar, hacer o no hacer, 
en esta dirección, también permite verificar con posterioridad al fallo, si lo ordenado 
por el juez se ha cumplido, o si por el contrario aún subsiste la amenaza o violación 
de derechos fundamentales, finalmente solo si la sentencia final establece de forma 
clara el acto lesivo que ha sido considerado como atentatorio de un derecho 
fundamental, se podrá identificar en forma rápida y sencilla, si el mismo acto ha 
vuelto a llevarse a cabo, por el contario, si el acto lesivo no queda claramente 
determinado en la sentencia, en caso se produzca un acto  similar, se presentara una 
dificultad para determinar si existe homogeneidad entre ambos.  
 
2.7.1. Importancia del estudio  del proceso de amparo   
      El connotado estudioso en materia constitucional Gerardo Eto Cruz 
(2016), menciona, si bien debe reconocerse que el amparo tiene diversas aristas, una 
de ellas es la que ahora nos ocupa, por otro lado, se debe señalar que la problemática 
en torno a su naturaleza se ha desarrollado en diversos niveles, así, en giro en torno a 
sus orígenes, en otros en la forma como ha venido evolucionando; en otros ámbitos, 
en torno al carácter procesal, sin embargo creemos que a todo ello, hoy se suman 
otros temas complementarios y modernos como que el amparo estrictu sensu, 
constituye una tutela de urgencia y por otro lado, que ella es de carácter residual y 
subsidiaria, u optativa o alternativa, esto dependiendo de la legislación de cada país, 
y sobre todo, de la concepción que le asigne el órgano jurisdiccional encargado de la 
defensa de la constitución en cada país. Igualmente el debate suscitado en distintos 
países respectos a la reformas a ser introducidas en este instrumento procesal con el 
objeto de no desbordar la capacidad de la jurisdicción constitucional, ha llevado 
plantear la interrogante de si el amparo constituye en estricto, un derecho subjetivo 
de todos los ciudadanos a un recurso constitucional, o si por el contrario, este sería 
un medio de consolidar, unificar y crear jurisprudencia en materia de protección de 
derechos fundamentales, con lo cual se estaría más en una óptica objetiva de este 
instituto. Finalmente, habría que destacar también, dentro de una concepción cada 
18 
 
vez más amplia del rol del juez constitucional, la discusión central sobre la 
naturaleza de los procesos constitucionales, en particular del amparo, como meros 
instrumentos procesales de discusión de controversias, si el bien de naturaleza ius-
fundamental (naturaleza procesal), o en la perspectiva esgrimida como herramienta 
concretizadora  de la constitución, esto es como verdadero proceso figurador de 
derechos  (naturaleza sustantiva).  
La problemática del amparo no solamente tiene que ver con su carácter 
instrumental de ser una herramienta para afirmar la tutela o defensa de los derechos 
fundamentales, derechos constitucionales, principios y valores fundamentales; esto 
tutelar la parte sustantiva de la constitución, sino que resulta desentrañar su esencia, 
aun cuando ello pueda pertenecer, técnicamente baladí a estas alturas en que el actual 
horizonte contemporáneo del Derecho Procesal Constitucional se ha convertido en la 
disciplina jurídica destinada a penetrar en las fibras más profundas de la naturaleza y 
estudio de los procesos constitucionales como el amparo.  
                          
2.7.2. Las resoluciones judiciales del amparo son de naturaleza restitutoria 
      El expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesías Ramírez 
(2004), refiere que un tema discutible en el en el mercado constitucional es el fin que 
persigue el amparo, que se debe a un agravio o un acto lesivo o acto reclamado, 
según como se le denomine en los distintos sistemas de jurisdicción constitucional, y 
como tal, frente a la violación o amenaza de violación de algún derecho fundamental, 
este debe ser reparado al estadío primigenio en que se encontraba. En este sentido, el 
proceso de amparo, de ordinario termina con una sentencia y según la naturaleza que 
lo haya discutido, la sentencia estimativa puede ser de distintos tipos, de acuerdo a 
las clases de tutela que la teoría general del proceso ha elaborado. 
Así, será de naturaleza restitutiva o reparadora cuando el órgano 
jurisdiccional remueve ese principio que ontológicamente se ha perpetrado en la 
persona, disponiendo en la actuación de dicha sentencia (executio) reponer las cosas 
al estado anterior a dicha violación o amenaza en que se encontraba. Normalmente la 
regla prima habrá girar, no quepa dudas en ese alcance del fallo, empero como 
veremos en otro apartado, el Perú a través de su artículo 1° del C.P.Const., ha creado 
19 
 
una figura que el legislador en su explicación  y exposición de motivos le ha 
denominado como amparo innovativo, siendo una figura procesal una 
excepcionalidad a la naturaleza restitutoria que persigue todo amparo, y ello en 
merito a que la citada figura ha establecido que si luego de presentada la demanda  
cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si de ella deviene 
en irreparable, el juez atendiendo al agravio producido, declara fundada la demanda 
precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva 
incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y 
que si procediera de modo contrario se aplicaran las medidas coercitivas previstas en 
el art. 22 del presente código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. 
Al margen de esta excepción a la naturaleza restitutoria del amparo que, 
por lo demás, tiene su sustento en la dimensión objetiva de los procesos 
constitucionales y en la propia función objetiva de los derechos fundamentales 
acuñadas por la doctrina alemana, interesa aquí poner de manifiesto un debate de 
mayores alcances; si bien se ha entendido tradicionalmente que el amparo es el 
medio por excelencia para la restitución de derechos fundamentales, lo cual supone 
una sentencia de condena, que a la vez, que declara la vulneración de un derecho ius-
fundamental, en un caso en concreto, ordena una actuación en concreto a la parte 
demandada con el objeto de reponer al demandante en el goce efectivo del derecho 
conculcado, hoy por hoy se plantea, con audacia académica por cierto, si el amparo 
otorga también una tutela constitucional, esto es, si este instituto procesal puede 
constituirse también en un proceso constitutivo de posiciones jurídicas ius-
fundamentales. Esta discusión plantea a la luz de los nuevos enfoques teóricos de la 
argumentación jurídica contemporánea: el debate sobre la creación judicial del 
derecho. 
 
2.8. Efectos de la sentencia  
       El abogado investigador Luis Sáenz Dávalos (2007), señala que los efectos 
de una sentencia de amparo son solo inter pares, y ello se aprecia cuando desde el 
poder judicial o del Tribunal Constitucional, la tutela del amparo se endereza a 
20 
 
restituir el goce efectivo de algún derecho constitucional vulnerado o amenazado. 
Incluso cuando el amparo se desarrolla el control difuso de una norma que no 
compatibiliza con la Constitución, siguiendo la posición del art. VI del T.P. del 
Código, el juez simplemente le declara inaplicable.  
   Excepcionalmente, como se ha podido apreciar, se han presentado las 
sentencias, como exhortativas; o través de esta nueva modalidad de amparo colectivo 
bajo la técnica del estado de las cosas constitucionales el TC ha señalado fijar las 
reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales que 
considera constitucionalmente exigible que se adopte el estado de las cosas 
constitucionales con la finalidad que dejen de realizar dentro un plazo razonable una 
acción omisión que violan derechos fundamentales.  
 
2.8.1. Procedimiento de ejecución de sentencias    
  Hasta noviembre de 2004 ha venido rigiendo por casi 22 años, la Ley 
23506, y pese a sus grandes méritos, esta ley, con el tiempo evidencio que carecía de 
mecanismos procesales idóneos para que la fase de ejecución de las sentencias 
estimatorias se cumplan a cabalidad, y si bien en parte ello fue suplido por la Ley 
25398, un grueso sector de emplazados con sentencias fundadas, no cumpliendo con 
los mandatos judiciales, incluso el tema motivo, en su momento, que la defensoría 
emita un informe titulado incumplimiento de sentencias por parte de la 
administración estatal. 
  El Código, en la versión original de su anteproyecto plantea una 
actuación de sentencia más audaz y coercitiva, llegando incluso el responsable del 
incumplimiento del mandato, no solo a imponerse multas fijas o acumulativas, sino a 
disponer la destitución del responsable o incluso su prisión civil efectiva por un plazo 
de seis meses renovables. Sin embargo en  seno del Congreso la prisión civil fue 
observado y dejado de lado. Pero existen tres niveles sobre la fase ejecutiva del 
proceso de amparo, por lado, lo que el propio código denomina la actuación de 
sentencias luego la ejecución de sentencias y finalmente la represión de actos 
homogéneos. 
 
21 
 
2.8.2. Actuación de sentencias en el proceso de amparo 
  El Código en el art. 22 ha creado una figura sin precedentes en el Perú, 
pero que en parte se legisla en Colombia, Bolivia, Venezuela y Uruguay, como es el 
instituto de la actuación de la sentencia impugnatoria. Ha dispuesto el Código que la 
sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales de amparo, se actué 
conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. 
  Igualmente la norma establece que las sentencias dictadas por los jueces 
constitucionales tienen prevalencia sobre la de los restantes órganos jurisdiccionales 
y deben cumplirse bajo responsabilidad; para su cumplimiento y de acuerdo al 
contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el juez 
podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso de disponer la destitución de 
responsable. Ahora bien, de todas estas medidas coercitivas, el código exige que sean 
incorporados como apercibimientos en la sentencia; pero no forma parte de la 
estructura de la misma de condena, todo esto, sin perjuicio de que de oficio o a 
pedido de parte las mismas pueden ser modificadas durante su ejecución. 
  Como complemento de la actuación de las sentencias fundadas de 
Amparo, el código, en el titulo específico del proceso de Amparo, particulariza la 
ejecución de una sentencia de amparo, así, el art. 59° establece los lineamientos y la 
forma como debe cumplirse lo fallado por el juez. Esquemáticamente estos aspectos 
son los siguientes: 
a) La sentencia firme que declara fundada la demanda de amparo debe ser 
cumplido dentro de los días siguientes días de notificada. Si se trata de 
omisiones. 
b) Si el obligado no cumple con el mandato judicial dentro del plazo 
establecido, el juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para 
que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo 
contra quien incumplió, cuando corresponda, y adoptara directamente todas 
las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. 
c) Si el superior mantiene igualmente la conducta omisiva y renuente, el juez, 
transcurrido dos días, ordenara que se habrá procedimiento administrativo 
22 
 
contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda y adoptara 
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  
d) La desobediencia de ambos puede ser sancionada hasta que cumpla su 
mandato, ya sea con multas acumulativas o fijas o con su destitución, esto es, 
el art. 59° remite, en este caso, a lo previsto en el art. 22° del Código; ello sin 
perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario. 
e) El juez debe establecer todos los demás efectos del fallo para el caso en 
concreto y expresa la norma que mantendrá su competencia hasta que esté 
completamente restablezca el derecho. 
f) Una importante innovación del código en esta materia de ejecución de 
sentencia, lo expresa el propio art. 59° que establece que cuando el obligado a 
cumplir la sentencia sea, un funcionario público, el juez puede expedir una 
sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y que regule la 
situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Expresa la norma 
igualmente que para los efectos de una eventual impugnación, ambas 
sentencias se examinan unitariamente. 
g) Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado 
que se encuentre en imposibilidad material de cumplir, deberá manifestarlo al 
juez quien puede concederle un plazo no mayor de cuatro meses, vencido el 
cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el mismo 
código.  
            Como se podrá apreciar, el actual código encomienda una labor 
extraordinaria al Juez que hoy se convierta en un juez constitucional para la 
restitución de los derechos fundamentales, violentados por los poderes públicos o por 
particulares. 
 
III. ASPECTO CENTRAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales     
       El magistrado Edwin Figueroa Gutarra (2012), indica que el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales, es la libertad pública que a su vez se 
23 
 
vincula estrechamente a la figura del plazo razonable y que en su condición de 
exigencia iusfundamental, no solamente presenta ser definido adecuadamente en sus 
estándares, sino que su propia naturaleza exige una inserción de sus alcances en el 
precepto de la razonabilidad en el plazo. Una premisa de partida respecto a este 
derecho es la ausencia de una posición constante y uniforme en el tiempo. Desde su 
consolidación en el caso arret Hornsby vs. Grecia ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma 
parte de las garantías judiciales a fin de una real operatividad de dicho derecho, a 
efectos de que su fuerza de realización no represente una mera ilusión.  
     En nuestro país, dicho derecho ha presentado contenidos diferentes en la 
medida que una etapa de caracterización jurisprudencial, en años recientes, fue de 
subordinación frente a la extensión del derecho a la libertad de trabajo, para luego 
desplazar este significado y lograr una prevalencia frente a estos derechos. 
Finalmente, su valoración hoy tiene estrecha relación con el derecho fundamental a 
la ejecución de sentencias dentro de un  plazo razonable. Estas evoluciones y 
tendencias son objeto de desarrollo en los siguientes acápites, mereciendo 
enfaticemos que los estándares jurisprudenciales acotados no han merecido el mismo 
grado de fundamentación y justificación y de allí nuestros argumentos iniciales por 
enfatizar los ejes argumentativos de la decisión, más aún si los jueces 
constitucionales expresan cambios de criterios.     
 
3.1.1. El derecho a la tutela judicial efectiva 
      El jurista Juan Carlos Ruiz Molleda (2009), hace mención que el 
incumplimiento de la sentencia por la parte obligada a hacerlo viola el derecho a la 
eficacia de las sentencias, el cual a su vez es concreción y manifestación del derecho 
a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución. Para la doctrina, la tutela 
judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales de las personas que se 
encuentra íntimamente vinculado con su posibilidad de acceder a la justicia y 
preservar su libertad.  
Para César Landa Arroyo (1999), ex presidente del TC, el derecho a la 
tutela judicial es un derecho fundamental que junto con el debido proceso se 
24 
 
incorpora al contenido esencial de los derechos fundamentales, como elemento del 
núcleo duro de los mismos, permitiendo de esa manera que a un derecho 
corresponda siempre un proceso y que un proceso superponga siempre un 
derecho; pero, en cualquiera de ambos supuestos su validez y eficacia lo define su 
respeto a los derechos fundamentales. 
Para el TC, en pacífica jurisprudencia, la tutela judicial efectiva es un 
“derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o 
sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente 
del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, 
acompañarle a su petitorio”. Agrega este tribunal que “en un sentido extensivo, la 
tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente, 
mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la 
tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del 
justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro 
de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca 
garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con 
una mínima y sensata dosis de eficacia”.  
La no ejecución de las sentencias implica una vulneración del derecho a la 
tutela jurisdiccional contenido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución, así 
como lo señalado en el artículo 44º de la carta política, cuando expresamente señala 
que es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.   
Artículo 139°, son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; artículo 44°. Son deberes 
primordiales del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 
Como podemos apreciar, existe la obligación material por parte del Estado 
de proveer la prestación de un servicio de justicia a la población en general, 
obligación que no se agota en la regulación normativa pertinente, sino va más allá, 
que se materializa en la exigencia de poner a disposición de la población, los 
recursos efectivos necesarios que la población necesite para resolver sus conflictos.    
 
25 
 
3.1.2. La efectividad de las sentencias como contenido esencial de la 
garantía de la tutela judicial efectiva 
 Como he señalado, la no ejecución de una sentencia viola, no solo el 
derecho a la tutela judicial efectiva sino el derecho a la protección judicial por parte 
del Estado y al acceso a la justicia en general. La eficacia de las sentencias es una de 
las principales garantías del derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, 
una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial es el cumplimiento de las 
sentencias. No se trata de una garantía más sino de su contenido esencial. De qué 
sirve impulsar un proceso judicial si, luego de alcanzar una resolución favorable, ésta 
no puede ser cumplida. El cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales 
firmes forma parte del complejo contenido del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en nuestra Carta Política en el artículo 139 inciso 3). 
 Como señala Carolina Canales (2007), “el ideal de justicia material que 
emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere una 
concreción no sólo con el pronunciamiento judicial que declara o constituye el 
derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o realización material, 
que se logra mediante el cumplimiento de la sentencia”. En tal sentido, el derecho a 
la tutela judicial efectiva se satisface cuando los jueces y tribunales a quienes 
corresponde hacer ejecutar lo juzgado, adoptan las medidas oportunas y necesarias 
para el estricto cumplimiento del fallo sin alterar el contenido y el sentido del mismo. 
El fundamento constitucional de la obligación de promover el cumplimiento de las 
sentencias se encuentra en el artículo 139 inciso 2 de nuestra Carta Política, cuando 
señala que: Artículo 139.– Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2. 
La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad 
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han 
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. 
Si bien en el Perú no contamos con un artículo similar al 118 de la 
Constitución Española, el artículo 139 inciso 2) de nuestra Constitución es claro, 
estableciendo tres mandatos. Primero, la prohibición de dejar sin efecto resoluciones 
26 
 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada; segundo, la prohibición de cortar 
procedimientos en trámite; tercero, la prohibición de modificar sentencias y, 
finalmente; cuarto, la prohibición de retardar su ejecución. Destaca sin lugar a dudas, 
el mandato constitucional de no retardar la ejecución de la sentencia, lo cual se 
traduce, en la obligación constitucional de cumplimiento de forma inmediata, la 
misma que recae tanto sobre el obligado como sobre el juez, este último como 
garante de que ello se cumpla, y es que, todos deben prestar esta colaboración, y los 
afectados concreta mente por el fallo, vienen ineludiblemente obligados a su 
cumplimiento, cualquiera que sea la persona a que se refiera el mandato judicial. 
Para la doctrina española, la pretensión no quedará satisfecha con la sentencia que 
declare si está o no fundada, sino cuando lo mandado en la sentencia sea 
efectivamente cumplido. Si la sentencia declara que la pretensión es conforme al 
ordenamiento jurídico y accede a lo pedido, la tutela jurisdiccional no será efectiva 
hasta que se realice el mandato judicial y el que accionó obtenga lo pedido. No 
obstante, si el obligado se resiste de cualquier manera a realizar lo mandado, el 
Estado debe emplear los medios necesarios para superar la resistencia, llegando al 
empleo de la fuerza para lograrlo. 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comporta la efectividad del 
fallo, es decir, que el tribunal adopte las medidas conducentes a ello. Como dice el 
TC español: “el derecho a la tutela judicial efectiva, no a gota su contenido en la 
exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, ni se limita a 
garantizar una resolución de fondo fundada, si concurren todos los requisitos 
procesales. Exige, también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea 
repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo 
contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos 
que ellos comportan a favor de alguna de las partes en meras declaraciones de 
intenciones”. En otro momento, el TC español señaló que “el derecho a que se 
ejecuten los fallos judiciales que reconocen derechos propios sólo se satisface cuando 
el órgano judicial adopta las medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución, 
con independencia de cuál sea el momento en el que las dicta”. Agrega, que la 
27 
 
inejecución pura y simple dejaría ignorados los derechos e intereses de la parte que 
obtuvo su tutela judicial a través de la sentencia favorable a los mismos. 
El TC peruano ha sido claro y enfático al sostener que el derecho a la 
ejecución de las resoluciones judiciales es una manifestación del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Para él, el derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del 
derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del 
mismo artículo, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución”. 
Asimismo, para el TC: La protección mencionada se concreta en el derecho que 
corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o 
alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es, 
respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas. 
Ello, obviamente, sin perjuicio de que sea posible su modificación o revisión, a 
través de los cauces extraordinarios legalmente previstos. Lo contrario, desconocer la 
cosa juzgada material, priva de eficacia al proceso y lesiona la paz y seguridad 
jurídica. 
El contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone 
especiales exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se 
encuentran en principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en calidad 
de partes en el proceso y, desde luego, al propio juez. Pero también lo está el 
Presidente de la República, a quien, en su condición de titular del Poder Ejecutivo, 
conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la Constitución, le corresponde 
“Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales”. 
 
3.1.3. La ejecución de las sentencias en sus propios términos es un derecho 
de ambas partes 
 El derecho a la ejecución de las sentencias no solo puede ser violado ante 
casos de incumplimiento, sino también ante supuestos de cumplimiento defectuoso e 
28 
 
incompleto. La norma constitucional exige un cumplimiento material y no solo 
formal o aparente. El artículo 22° del Código Procesal Constitucional por su parte, 
señala que la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa 
conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. 
 En tal sentido, la ejecución ha de consistir precisamente en “el 
cumplimiento de lo previsto en el fallo y constituye, junto al derecho del favorecido a 
exigir el cumplimiento total e inalterado, el del condenado a que no se desvirtúe, se 
amplíe o se sustituya por otro”. Es necesario reparar en que el derecho a la ejecución 
“impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el 
fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para 
proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible”. El 
contenido principal del derecho consiste, pues, “en que esa prestación jurisdiccional 
sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual 
contradicción con terceros”.  El fundamento de esta exigencia es el principio de 
“identidad total entre lo ejecutado y lo establecido en la sentencia”. Esta norma está 
dirigida a evitar que sin causas justificadas las condenas no se cumplan en forma 
específica, frustrándose las expectativas de las partes. 
 
3.1.4. La no ejecución de una sentencia es constitucional 
  La decisión de no ejecutar una sentencia, sin afectar el orden 
constitucional, debe apoyarse siempre en una causa prevista en una norma legal. El 
artículo 59° del Código Procesal Constitucional recoge esto, de alguna manera, 
cuando precisa que “cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el 
obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo 
al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, 
serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo”. 
 Señala la doctrina española que la norma debe ser interpretada en el 
sentido más favorable a la ejecución, sin que sea constitucionalmente válida la 
inejecución o la no resolución sobre el fondo de la pretensión de ejecución, salvo que 
así se decida expresamente en resolución motivada, en aplicación de una causa 
prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente. En todo caso, “la 
29 
 
denegatoria de la ejecución no puede ser arbitraria ni irrazonable; tampoco puede 
proceder de una interpretación restrictiva del derecho fundamental”. Se viola el 
derecho a la ejecución de la sentencia cuando un tribunal se aparta sin causa 
justificada de lo previsto en el fallo de la sentencia. La doctrina del TC español 
señala que la resolución en que opera la modificación es nula. El TC español 
entiende por “pasividad” los cumplimientos defectuosos, puramente aparentes o las 
formas de inejecución indirecta. Por ello: Deberán adoptarse cuantas medidas sean 
necesarias de acuerdo con las leyes para impedir lo que el TC ha calificado como la 
insinceridad de la desobediencia disimulada por parte de los órganos administrativos, 
que se traduce en cumplimientos defectuosos o puramente aparentes, o en formas de 
inejecución indirecta, como son entre otras la modificación de los términos estrictos 
de la ejecutoria, la reproducción total o parcial del acto anulado o la emisión de otros 
actos de contenido incompatible con la plena eficacia del fallo. 
 Asimismo, para el TC español, “vulneran igualmente el derecho a la tutela 
judicial efectiva las ejecuciones fraudulentas o simuladas del fallo judicial en la 
medida en que impliquen un incumplimiento efectivo de lo sentenciado, así como no 
adoptar, sin causa justificada, las medidas necesarias para la ejecución del fallo. El 
juez que se abstuviera de adoptar tales medidas estaría vulnerando el artículo 24.1 
CE”. 
Finalmente, el TC español señala que las dilaciones en la ejecución de 
sentencia pueden producir los mismos efectos que la no ejecución. Precisa este que 
“el derecho a exigir que las sentencias se cumplan sin dilaciones indebidas, si bien no 
se confunde con el derecho a su ejecución, se encuentra en íntima relación con el 
mismo, pues es claro que el retraso injustificado en la adopción de las medidas afecta 
en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental”. Agrega que “un derecho 
fundamental como es el de la tutela judicial efectiva en el que se integra el de obtener 
la ejecución de las sentencias no puede quedar frustrado durante años por 
dificultades prácticas”. 
 
30 
 
3.1.5. El deber y la obligación constitucional del juez de garantizar la 
efectividad de las sentencias del TC y el doble carácter de los 
derechos fundamentales 
 No solo existe el derecho fundamental de los ganadores de un proceso 
constitucional de exigir la efectividad de la sentencia, también existe el deber 
jurídico y constitucional de los jueces y de la parte obligada, a hacer cumplir y acatar 
la sentencia. Esto tiene su fundamento en la “dimensión objetiva” del derecho a la 
eficacia de la sentencias, el cual se traduciría en un deber jurídico de respeto de los 
derechos fundamentales, en general imputable a todos los poderes públicos y entre 
ellos a los jueces. 
 Como indica el propio TC, el derecho a la efectividad de la sentencia: 
Exige un particular tipo de actuación, y es que si el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una 
resolución judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan, o quienes resulten 
responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y 
procedimientos aplicables y con independencia de que la resolución a ejecutar haya 
de ser cumplida por un ente público o no las medidas necesarias y oportunas para su 
estricto cumplimiento”.  
El fundamento de esto tiene que ver con la naturaleza de los derechos 
fundamentales. En efecto, tanto estos derechos como los procesos constitucionales 
poseen un doble carácter y una doble dimensión que se corresponden mutuamente. 
En relación con los derechos fundamentales, debemos decir que son derechos 
subjetivos líquidos y concretos, y al mismo tiempo, son instituciones objetivas, es 
decir, un conjunto de valores que informan todo el ordenamiento jurídico. Esto, a su 
vez se proyecta y corresponde en los procesos constitucionales, los cuales tienen una 
dimensión subjetiva en la medida en que brindan una protección de los derechos 
constitucionales, y de otro lado tienen una dimensión objetiva, en la medida en que 
constituyen una defensa de la supremacía normativa de la Constitución. La cobertura 
constitucional del doble carácter de los derechos fundamentales la encontramos en 
los artículos 1°, 44°, 45° y 51° de nuestra Carta Política, los que señalan 
respectivamente que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
31 
 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, “Son deberes primordiales del 
Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, “El poder del Estado 
emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen” y “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal”. El fundamento legal del doble carácter de los 
procesos constitucionales lo encontramos en el artículo II del Código Procesal 
Constitucional, norma que establece los fines de los procesos constitucionales: “Son 
fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”. 
Esta teoría recogida por la jurisprudencia del TC es doblemente relevante 
en el caso de los incumplimientos de sentencias en nuestro país. Primero, porque 
significa que el derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 
eficacia de las sentencias tiene una doble dimensión; una subjetiva, cuyo titulares son 
la parte ganadora del proceso constitucional, derecho que les asigna la facultad de 
reclamar y exigir el cumplimiento de la misma; y de otra parte, una dimensión 
objetiva, que implica un deber del Estado de hacer cumplir la sentencia. En otra 
oportunidad, el TC ha dicho que “Todos los procesos constitucionales (incluyendo 
aquellos orientados a la tutela de derechos fundamentales) gozan de una dimensión 
objetiva orientada a preservar el orden constitucional como una suma de valores 
institucionales. En consecuencia, en todos los procesos constitucionales subyace una 
defensa del orden público constitucional”.  
Esta doctrina ha sido también recogida por nuestro TC e incorporada a 
nuestro ordenamiento cuando señala que “detrás de la constitucionalización de 
procesos como el de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, nuestra 
Constitución ha reconocido la íntima correspondencia entre la doble naturaleza 
(subjetiva–objetiva) de los derechos fundamentales y la doble naturaleza (subjetiva–
objetiva) de los procesos constitucionales, siendo que las dos vocaciones del proceso 
constitucional son interdependientes y se hacen necesarias todas las veces en que la 
tutela primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte la 
violación del otro”. 
32 
 
La administración pública, y el propio juez de la demanda, están sometidos 
a la ley y a la Constitución, en consecuencia están obligados a dar cumplimiento a las 
resoluciones judiciales. Como señala una jurisprudencia del TC Español, cuando una 
resolución ha de ser cumplida por un ente público, este ha de llevarla a cabo con la 
necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado. 
Y es que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales ha generado 
una serie de deberes al Estado, todos ellos dirigidos a conseguir la plena vigencia de 
su contenido constitucionalmente reconocido, y uno de esos deberes es el de 
implementar realmente mecanismos de defensa efectiva contra agresiones a los 
derechos fundamentales. En esa línea el deber constitucional de promover la 
efectividad del derecho a la tutela judicial, para ser promovido por todos los poderes 
públicos. En relación con el Poder Judicial, este está obligado, obviamente, a 
promover la efectividad del derecho a la tutela judicial. La efectividad de este 
derecho ha de ser el norte de la actuación judicial y, en todas sus manifestaciones, el 
Juez tiene un cometido esencial al que está obligado por un deber constitucional. 
Ese deber constitucional, de los jueces y tribunales, de velar por la 
efectividad de la tutela no se limita solo al aspecto procesal sino que también existe 
en el aspecto material o de fondo, en el sentido de resolver el problema planteado. En 
relación con el argumento según el cual el derecho a la tutela judicial efectiva no es 
eficaz mientras este no vaya acompañado de las medidas coercitivas, el TC Español 
ha manifestado con mucho criterio que “no puede pesar sobre los ciudadanos un 
resultado, gravoso para sus derechos fundamentales, que se originó en la falta de la 
diligencia debida por los poderes públicos en la garantía de su plena efectividad”.  
Por tanto, también cabe hablar de falta de tutela cuando el juez o Tribunal 
permite que ese derecho constitucional a la ejecución de las resoluciones judiciales 
firmes pueda verse burlado por el fraude o la simulación de la parte obligada a su 
cumplimiento. De otro lado, el derecho constitucional a la ejecución no se satisface 
simplemente removiendo los obstáculos iniciales a la ejecución, sino también hay 
que remover los posteriores, aquellos que derivan de una desobediencia disimulada 
(incumplimiento aparente o defectuoso, reproducción de nuevos actos que anulan lo 
ejecutado al ser incompatibles con su cumplimiento, etc.). De lo contrario, podemos 
33 
 
llegar al absurdo de iniciar un nuevo proceso constitucional para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia en un proceso constitucional anterior. 
En efecto, la remoción de los obstáculos, tanto iniciales como posteriores a 
la ejecución, no puede obligar a la parte a instar un nuevo procedimiento, sino que 
esta tiene el derecho constitucional a que se resuelva en un incidente de ejecución, 
siempre que no se trate de cuestiones nuevas no relacionadas con la propia ejecución. 
En esa línea, para el TC Español: El derecho a la ejecución de las sentencias y demás 
resoluciones firmes de los órganos judiciales no se satisface solo, como es patente, 
con la remoción inicial de los obstáculos que a su efectivo cumplimiento pueda 
oponer la Administración, sino que postula, además, que los propios órganos 
judiciales reaccionen frente a ulteriores actuaciones o comportamientos enervantes 
del contenido material de sus decisiones, y que lo hagan, esto es lo esencial, en el 
propio procedimiento incidental de ejecución. En relación con la exigencia del juez 
constitucional de ejecutar la sentencia del TC en un proceso constitucional, este alto 
tribunal ha sido muy claro y firme, la no ejecución de la sentencia por el magistrado 
de primera instancia es una “inconstitucional actuación” que genera 
“responsabilidad”: No obstante lo dicho, y a pesar de las limitaciones que el proceso 
de acción de cumplimiento presenta, como se ha señalado en el fundamento 
precedente, este Tribunal considera necesario pronunciarse sobre la inconstitucional 
actuación del magistrado de primera instancia, en quien, en aplicación del artículo 
139º, inciso 2), de la Constitución, recae la responsabilidad de ejecutar la sentencia 
emitida, en sus propios términos y sin dejar abierta la posibilidad de que el órgano 
administrativo interprete la misma, desnaturalizando sus alcances y generando una 
situación inconstitucional que no se condice con las garantías de la administración de 
justicia, protegidas a través de la acción de amparo e incluso permitiendo la 
afectación de la cosa juzgada. De otro lado, la obligación del Estado de proteger el 
derecho a la eficacia de la sentencias no es otra cosa que una manifestación y una 
concreción del deber especial de protección de los derechos humanos que recae sobre 
al Estado. Esta obligación ha sido recogida por el TC, el cual señala que: Los poderes 
públicos, en general, tienen un deber especial de protección de los derechos 
fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de 
34 
 
aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas 
aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la 
protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado 
como respecto a los provenientes de particulares. Como podemos constatar, el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se materializa a través del derecho a 
la eficacia de la sentencia expedida. Este último, en consonancia con la doble 
dimensión de los derechos fundamentales, no solo implica el derecho subjetivo de 
reclamar y exigir judicialmente su cumplimiento objetivo sino, también implica la 
obligación de todo funcionario público y, en especial de todo magistrado del deber 
jurídico, de su respeto y observancia material. Estamos ante el deber jurídico 
constitucional de acatamiento y respeto de las sentencias jurisdiccionales, cuyo 
cumplimiento en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede estar supeditado y 
menos condicionado al uso de medidas coercitivas. En otras palabras, se acatan y se 
cumplen las sentencias porque es una exigencia de la Constitución y no porque esté 
de por medio la imposición de medidas coercitivas exclusivamente. 
 
3.1.6. La Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos exigen al Estado Peruano el efectivo cumplimiento de las 
sentencias 
 El artículo 25 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda 
persona a un “recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces y tribunales competentes”. Por otro lado, el artículo 1.1 del mismo cuerpo 
normativo precisa que: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. En función de estas premisas, la Corte Interamericana en 
diferentes sentencias vinculantes ha establecido una jurisprudencia sobre la 
necesidad de garantizar la eficacia de las sentencias. Este ha precisado que “no basta 
35 
 
con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es 
decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados 
en la Convención”. En otra oportunidad, ha señalado que: No pueden considerarse 
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por 
las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, 
por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque 
el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con 
imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier 
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede 
cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión. En relación con la 
responsabilidad de los Estados frente al punto, la Corte Interamericana precisa que 
“los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la 
debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal 
ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su 
jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la 
determinación de los derechos y obligaciones de éstas”. Agrega, sin embargo, que “la 
responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la 
decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para 
ejecutar dichas decisiones definitivas”. La Corte insiste de manera firme en la 
efectiva protección de los derechos humanos. Establece que “la efectividad de las 
sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la 
protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la 
aplicación idónea de dicho pronunciamiento”. Por ello señala que “el derecho a la 
protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte 
permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en 
detrimento de una de las partes”. Finalmente agrega que, “la ejecución de las 
sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso al 
recurso, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo 
contrario supone la negación misma de este derecho”. Como podemos advertir, 
existe la obligación del Estado de garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a 
la eficacia de las sentencias. Su incumplimiento genera responsabilidad del Estado, 
36 
 
demandable ante los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de los 
derechos humanos. 
 
3.1.7. La ejecución de las sentencias en el proceso constitucional de amparo 
y el principio de ejecutoriedad de las sentencias 
 De conformidad con el artículo 48° del Reglamento Normativo del TC, 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 095–2004–PA/TC, los efectos 
jurídicos de la sentencia del TC comienzan al día siguiente de su notificación o, en su 
defecto, de su publicación, siempre que esta reúna todo los requisitos formales y 
materiales. Esto significa que la exigibilidad jurídica de la sentencia se inicia desde 
este momento: Artículo 48°. La sentencia expedida por los Plenos se convierte en tal 
al ser firmada por el número mínimo de Magistrados exigido por la ley. En el caso de 
la expedida por las Salas, debe contar con tres votos conformes. Sus efectos 
empiezan a regir desde el día siguiente de su notificación y, en su caso, publicación 
en el diario oficial El Peruano. La parte resolutiva de las sentencias en los procesos 
que declaran fundada, total o parcialmente, la demanda de inconstitucionalidad de 
una ley, debe ser difundida, además, en dos diarios de circulación nacional. Una vez 
notificada o, en su defecto, publicada la sentencia debe ser cumplida en forma 
inmediata dentro de un plazo muy breve (principio de ejecutoriedad). El artículo 22° 
precisa sobre la ejecución que “la sentencia que ordena la realización de una 
prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata”. Esta norma debe ser 
concordada con el artículo 139° inciso 2) de la Constitución, cuando señala que 
ninguna autoridad puede “retardar” la ejecución de resoluciones judiciales. Para el 
caso del amparo por ejemplo, el artículo 59° del Código Procesal Constitucional 
denominada “ejecución de sentencia”, señala que: Artículo 59° Ejecución de 
Sentencia sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22° del presente Código, la 
sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos 
días siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser 
duplicado. Como podemos ver, la sentencia debe ser cumplida antes de los días 
siguientes de haber sido notificada o publicada. Podemos advertir que las normas son 
claras y precisas, establecen un mandato y una “obligación de hacer” en forma rápida 
37 
 
y expeditiva, inmediatamente después de la expedición de la sentencia. En otras 
palabras, prohíbe cualquier intento de dilación y demora en la ejecución (art. 139° 
inciso 2 de la Constitución). Este mandato establece entonces una carga sobre el juez, 
en consecuencia, será su responsabilidad el que la sentencia sea cumplida de manera 
inmediata. 
 
3.1.8. El uso de las medidas coercitivas ante el incumplimiento 
 Por último, una vez trascurrido el plazo, si esta no ha sido cumplida, 
recién podrá recurrirse a las medidas coercitivas para demandar la efectividad de la 
sentencia. Ciertamente, si ello ocurre, es porque estamos ante una sentencia que 
genera una obligación de cumplimiento, y los plazos para que esta sea cumplida han 
fenecido. El artículo 22° del Código Procesal Constitucional, con un buen sentido 
práctico, establece herramientas para que el juez cumpla con su obligación de 
garantizar el cumplimiento de la sentencia, en caso que el obligado no quiera, por 
propia iniciativa, acatar y dar cumplimiento a la sentencia. Señala que “para su 
cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del 
agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e 
incluso disponer la destitución del responsable”. La norma reconoce la facultad de 
los jueces “podrá” de recurrir a las medidas coercitivas. No establece la obligación, 
pues se entiende que estas no serán necesarias si es que ha habido un cumplimiento 
voluntario. Vemos también que en ningún momento el artículo 22° restringe el uso 
de las medidas coercitivas al supuesto que estas sean efectivamente requeridas por la 
parte ganadora del proceso. Lo que hace el texto es dejar en libertad al juez para que 
evalúe cada caso, y de acuerdo a las circunstancias, haga uso de ellas. El artículo 22° 
debe ser concordado con el artículo 59° del mismo Código Procesal Constitucional, 
norma aplicable como ya explicamos antes, que también contempla un conjunto de 
medidas: Artículo 59° Ejecución de Sentencia, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 22° del presente Código, la sentencia firme que declara fundada la demanda 
debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de 
omisiones, este plazo puede ser duplicado. Si el obligado no cumpliera dentro del 
plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para 
38 
 
que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo contra 
quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos 
días, el Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior 
conforme al mandato, cuando corresponda, y adoptará directamente todas las 
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por 
desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, conforme 
a lo previsto por el artículo 22° de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal del funcionario. En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo 
para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté completamente 
restablecido el derecho. Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario 
público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del 
funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para 
efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente. 
Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se 
encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien 
puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de 
aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. Como podemos 
ver, el Código Procesal Constitucional ha reconocido un conjunto de facultades y 
herramientas de coerción necesarias e indispensables para garantizar el cumplimiento 
de las sentencias en plazos perentorios, distinguiendo los supuestos de 
incumplimiento y las medidas a tomarse. Incluso llega a señalar que el juez 
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho. 
 
3.1.9. La naturaleza propia de los procesos constitucionales 
 Antes de analizar cuál es la función que desempeñan los jueces al interior 
de los procesos constitucionales, es preciso analizar la singular naturaleza de los 
procesos constitucionales, para luego revisar la concreta tarea y función que los 
jueces tienen cuando están frente a procesos constitucionales. Es imposible analizar 
las consecuencias del incumplimiento de las sentencias del TC si antes no nos 
detenemos a revisar cuál es la naturaleza de los procesos constitucionales, habida 
cuenta que no nos encontramos ante un proceso judicial ordinario sino ante un 
39 
 
proceso constitucional de cumplimiento. Para el TC estas distinciones se dan en 
cuatro niveles: por su finalidad, por el rol del juez, por los principios que orientan los 
procesos constitucionales y por su naturaleza. Según este colegiado, una primera 
diferencia radica en los fines que persiguen ambos tipos de procesos. En efecto, a 
diferencia de los procesos constitucionales, los procesos ordinarios no tienen como 
objetivo hacer valer el principio de supremacía de la Constitución, y no siempre 
persiguen la tutela de derechos fundamentales. Una segunda diferencia tiene que ver 
con la actuación del juez. Según este colegiado, en los procesos constitucionales los 
jueces tienen, por razones más trascendentes que en los procesos ordinarios, el deber 
de controlar la actuación de las partes a fin de conseguir, dentro de un plazo 
razonable, la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Lo clave por tanto es 
entender la relación que existe entre la Constitución y el proceso. Para el TC este 
último “no puede ser concebido como un instrumento de resolución de conflictos 
aséptico y neutral, de cara la realización de determinados valores constitucionales, 
pues esta es una práctica propia del positivismo y relativismo procesalista. Antes 
bien, debe entenderse como un instrumento jurídico comprometido con la realización 
de valores democráticos y con el respeto pleno de la Constitución y de los derechos 
fundamentales”. La tercera diferencia se fundamenta en los principios que orientan 
los procesos constitucionales. Si bien es cierto que estos principios nominalmente 
son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del 
cumplimiento de principios como el de publicidad, economía procesal, socialización 
del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es 
fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos 
constitucionales. Finalmente, la cuarta tiene que ver con la naturaleza de ambos 
procesos y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, 
los constitucionales son procesos de tutela de urgencia. Todo esto tiene que ver con 
una concepción material de los procesos constitucionales, es decir, con una visión de 
estos desde los fines que persigue. El fundamento de esto está en que “el derecho 
procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental”.  
40 
 
Para el jurista alemán Peter Haberle (2003), el proceso constitucional lo 
entiende en dos sentidos: en que el derecho procesal constitucional es un derecho 
constitucional concretizado y que le sirve al TC a concretizar la Ley Fundamental.  
Como señala otro destacado jurista italiano, Gustavo Zagrebelsky (2009), 
tanto en los procesos de control abstracto como en los procesos de control concreto 
(defensa de los derechos o pretensiones subjetivas garantizados por la Constitución), 
el TC concretiza la defensa del orden constitucional objetivo, otorgando una 
respuesta a situaciones concretas a partir de la necesaria interpretación de los 
preceptos constitucionales relacionados, específicamente a través de los principios 
constitucionales en los que se regula la categoría jurídica o el derecho protegible que 
se alegue vulnerado. En efecto, siendo la Constitución una norma fundamental 
abierta, encuentra en el Derecho Procesal Constitucional y, específicamente, en el 
Código Procesal Constitucional, un instrumento concretizador de los valores, 
principios y derechos constitucionales, de manera tal que, en última instancia, estos 
informan el razonamiento y la argumentación del juez constitucional. Esta tesis no es 
extraña ni ajena a nuestro ordenamiento, ella ha sido recogida por la jurisprudencia 
del TC nacional. Este ha sostenido que “si bien es cierto que el Derecho Procesal 
Constitucional recurre, con frecuencia, a categorías e instituciones primigeniamente 
elaboradas como parte de la Teoría General del Proceso, es el Derecho 
Constitucional el que las configura y llena de contenido constitucional”. Agrega que 
“el derecho procesal constitucional constituye un ordenamiento complejo de 
naturaleza adjetiva, pero que, debido a la naturaleza del ordenamiento sustantivo a 
cuya concretización sirve la Constitución debe ser interpretado e integrado 
atendiendo a la singularidad que este presenta respecto al resto del ordenamiento 
jurídico. Es desde esta comprensión que el Tribunal Constitucional alemán ha 
destacado la „particularidad del proceso constitucional‟ ”.  
Esta naturaleza plantea exigencias muy concretas a los jueces y a los 
tribunales a la hora de interpretar el material normativo y responder a una concreta 
controversia constitucional planteada. En efecto, esta concretización de la 
Constitución, en cada controversia constitucional, impone correlativamente “que la 
hermenéutica de la norma procesal constitucional deba efectuarse conforme a una 
41 
 
„interpretación específicamente constitucional de las normas procesales 
constitucionales‟, una interpretación del Código Procesal Constitucional desde la 
Constitución. Se trata, en definitiva, de una interpretación teleológica de la norma 
procesal constitucional orientada a la concretización y optimización de los 
mencionados principios constitucionales materiales”. Esto tiene enormes 
consecuencias, pues demanda que la interpretación que hagamos de las normas del 
código procesal constitucional como por ejemplo el artículo 22 no puede hacerse de 
espaldas a los fines que ella persigue, sino en consonancia con los objetivos de las 
normas procesales, buscando en todo momento de maximizar y optimizar la 
interpretación de estas. Como indica el TC “desde esta perspectiva del Derecho 
Procesal Constitucional como Derecho Constitucional concretizado, cabe decir que 
la interpretación de las disposiciones del Código Procesal Constitucional debe tender 
siempre a la mayor optimización o realización no solo del principio jurídico de 
supremacía de la Constitución, sino también de los derechos fundamentales; más aún 
en un proceso constitucional como el de hábeas corpus”. Nadie niega el carácter 
vinculante y la necesidad que respetar las normas procesales. En ella se juega la 
legitimidad y el Estado Constitucional de Derecho. Lo que se está señalando es que 
estas normas procesales no pueden nunca convertirse en un obstáculo para la efectiva 
protección de los derechos, que ellas tienen que ser consistentes con la finalidad de 
todo proceso constitucional. Es por ello, que tal como lo señala el artículo III del 
Código Procesal Constitucional, el juez constitucional goza de una razonable 
valoración en la adecuación de toda formalidad a los fines de los procesos 
constitucionales, de manera tal que, en ningún caso, la supremacía de la Constitución 
y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional quede subordina da al respeto de las 
normas. 
Sobre el punto, la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, tras 
advertir que respecto de la adecuada administración de justicia dicha entidad debe 
actuar como un órgano “interesado”, manifiesta que, por más vueltas que demos a las 
cosas, lo medular de la función de juzgar, es la de que el juez está obligado a buscar 
la verdad observando las formas sustanciales del juicio, pero sin verse bloqueado por 
42 
 
ápices procesales, y realizando los derechos de manera efectiva en las situaciones 
reales que, en cada caso, se le presentan, conjugando los enunciados normativos con 
los elementos fácticos del supuesto en juzgamiento (Fallos, 56:428 y 441; 302:1611). 
Como señala el TC, lo expuesto no supone de ninguna manera que las disposiciones 
del Código Procesal constitucional “puedan ser desconocidas por los jueces 
constitucionales. Significa tan sólo que ellas deben ser interpretadas e integradas 
“desde” y “conforme” a la Constitución, de modo tal que resulte optimizada la 
finalidad sustantiva de los procesos constitucionales (artículo II del Título Preliminar 
del C.P.Const)”. En definitiva, si bien el Derecho Procesal Constitucional toma 
prestadas diversas instituciones de la teoría del derecho procesal, esta rama del 
derecho tiene una entidad especial, la cual tiene su fundamento en la finalidad que 
persigue, que no es otra que la defensa de los derechos fundamentales y garantizar la 
supremacía normativa de la Constitución. Es por ello y no por otra cosa que se dice 
que el Derecho Procesal Constitucional concreta la Constitución. Es al interior de 
este contexto en el que debemos de interpretar el artículo 22° del Código Procesal 
Constitucional. 
 
3.1.10. La función del Juez en los procesos constitucionales y los principios 
procesales constitucionales de impulso de oficio, pro actione, 
elasticidad, y el principio constitucional pro persona 
 Luego de analizar la necesaria interpretación de las normas del Código 
Procesal Constitucional desde la Constitución y desde los derechos fundamentales, y 
haber quedado claro que éstas no son un fin en sí mismo sino una herramienta al 
servicio de la vigencia de los derechos humanos y de la supremacía de la 
Constitución, es necesario analizar cuál es la función del juez al interior de los 
procesos constitucionales. Si bien las diferentes funciones y atribuciones del juez en 
el proceso constitucional están contenidas en las diferentes disposiciones del Código 
Procesal Constitucional, serán los principios procesales del Derecho Procesal 
Constitucional los que definan de manera general y sustancial cuál es la tarea del 
juez en el proceso constitucional, más aun si tenemos en cuenta que, al ser normas de 
naturaleza principialista informan y vinculan al juez en sus diferentes facultades y 
43 
 
obligaciones. Hablamos en consecuencia de principios y de reglas que informan los 
procesos constitucionales en la medida que constituyen mandatos y exigencias para 
la adecuación de las decisiones del juez constitucional a los valores y fines 
perseguidos por los diferentes procesos. Esto significa que tiene una naturaleza 
normativa vinculante. Es decir, son normas que regulan la actuación del juez 
constitucional, que orientan el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las 
restantes normas procesales, porque a atraviesan el contenido de las disposiciones del 
ordenamiento constitucional. No se trata de aplicar estos principios tal cual se aplican 
en el proceso civil ordinario sino siempre atendiendo la especial naturaleza de los 
procesos constitucionales, y “desde” la Constitución y “conforme” con la 
Constitución. En tal sentido, nuestra tesis es que el principio de dirección judicial del 
proceso y en concreto, los principios de impulso de oficio del proceso, de elasticidad, 
pro actione, en concordancia con el principio pro homine, exigen al juez 
constitucional una acción más protagónica a favor de los derechos fundamentales, y 
le exige de oficio adoptar las medidas coercitivas necesarias para asegurarse el 
cumplimiento de la sentencia, y de esa manera proteger el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la eficacia de las sentencias. 
a) Principio de dirección judicial: impulso de oficio 
En efecto, en el presente caso, es de aplicación el principio de dirección 
judicial, y en concreto del sub principio de impulso de oficio. Para la doctrina 
nacional el principio de dirección judicial del proceso es conocido también como el 
principio de autoridad del juez, e implica el tránsito del juez espectador al juez 
director. Al principio de impulso de oficio del proceso se le suele definir como aquel 
“fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su 
dirección hacia el fallo definitivo”.  
Por su parte Monroy Gálvez (2005), precisa que el principio de impulso 
oficioso consiste en la “la facultad que se concede al juez para conducir y hacer 
avanzar autónomamente el proceso sin necesidad de intervención de las partes a fin 
de lograr la consecución de sus fines”. En esa misma línea, en una jurisprudencia del 
TC, se precisa que el principio de dirección judicial del proceso delega en la figura 
de juez constitucional el poder deber de controlar razonablemente la actividad de las 
44 
 
partes, promoviendo la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y 
pronta este principio se halla también recogido en el artículo II del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, juntamente con el principio de impulso procesal: Artículo 
II.– Principios de Dirección e Impulso del proceso; La dirección del proceso está a 
cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. El Juez debe 
impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora 
ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso de oficio los casos 
expresamente señalados en este Código. 
b) Principio de elasticidad 
En el presente caso, el principio de impulso de oficio debe ser aplicado en 
consonancia con el principio de elasticidad, el cual se halla recogido en el tercer 
párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En 
virtud de él, “se exige al juez que adecue las formalidades que puedan exigirse en el 
proceso constitucional a la consecución de los fines del mismo, y los cuales no 
vuelva mencionar ahora: asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia de 
los derechos constitucionales”. 
Agrega Castillo Córdova (2008), que en realidad este principio “en sí mismo 
no es más que un medio para alcanzar la solución justa que involucra la garantía 
plena de la Constitución y los derechos constitucionales”. Lo que este principio 
propone no es que el juez se desvincule del derecho, sino que lo que hace es: 
Facultándole (y obligándole) a que estas reglas procesales deben ser seguidas sin 
olvidar la finalidad que se persigue con el procedimiento en concreto: la defensa de 
un derecho constitucional o de la Constitución misma. El procedimiento, no debe 
olvidarse, tiene la naturaleza de medio, cuando intenta seguirse de forma que pone en 
serio la consecución del fin, ese acontecer procesal se deslegitima y se convierte en 
inconstitucional. 
c) Principio pro actione 
Por último, otro principio vinculado a estos es el de pro actione, estipulado en 
el artículo 45º del Código Procesal Constitucional. En virtud de este principio, en 
caso de duda, se preferirá dar trámite al proceso. Dicho principio ha sido invocado 
por este TC “imponiendo a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y 
45 
 
presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del 
derecho de obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la 
decisión debe ser por la continuación del proceso y no por su extinción”.  
   Si bien el proceso concluye con la sentencia, luego de lo cual se ingresa a 
una fase de ejecución, una interpretación amplia de este principio, sugiere que el juez 
se encuentra en la obligación de agotar los esfuerzos para que el proceso y todos los 
esfuerzos para llevarlo a cabo no queden estériles, por incumplimiento de la 
sentencia. 
 
3.1.11. Efectividad de las sentencias, efectividad de los derechos y Estado 
Constitucional de derecho 
  En este sentido, tampoco podemos perder de vista lo que se juega detrás 
del derecho a la ejecución de las sentencias. Sin efectiva vigencia del derecho a la 
eficacia de las sentencias, los derechos fundamentales y la Constitución Política 
pierden su protección jurisdiccional más importante y eficaz; sin esta garantía en los 
hechos, pierden su fuerza vinculante, su fuerza normativa la Constitución Política y 
los derechos fundamentales. La consecuencia es lógica, regresaríamos del Estado 
Constitucional de Derecho al Estado Legislativo de Derecho, donde la Carta Política 
se convierte en una guía moral o en un conjunto de aspiraciones u objetivos políticos, 
de naturaleza programática. El TC precisa que “es difícil que pueda hablarse de la 
existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias y las resoluciones 
judiciales firmes no se cumplen”. Como afirma el TC Español, “cuando este deber de 
cumplimiento y colaboración que constituye una obligación en cada caso concreto en 
que se actualiza se incumple por los poderes públicos, ello constituye un grave 
atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema jurídico ha de estar organizado 
de tal forma que dicho incumplimiento si se produjera no pueda impedir en ningún 
caso la efectividad de las sentencias y resoluciones judiciales firmes”. Esto mismo ha 
sido reconocido por el TC cuando precisa que “la ejecución de las sentencias 
judiciales constituye un asunto medular para la eficacia de los derechos 
fundamentales en el Estado constitucional y democrático”. En efecto, la eficacia de 
46 
 
los derechos fundamentales está estrechamente soldada a la eficacia de las sentencias 
que los protegen. 
 
3.2. Fundamento jurídico del trabajo de investigación  
 De todo el contexto aludido, el fundamento legal del presente trabajo de 
investigación radica básicamente en uno de los graves problemas que enfrenta el 
Código Procesal Constitucional Peruano, que es la limitada vigencia de los derechos 
fundamentales, sucede con frecuencia que los textos constitucionales que reconocen 
estos derechos a la fecha no han sido suficientes para lograr su efectiva vigencia. 
Esta preocupante realidad ha impulsado el interés del investigador en crear una 
herramienta procesal, a fin de perfeccionar los mecanismos procesales para 
efectivizar las ejecuciones de sentencias derivados de un proceso constitucional de 
amparo laboral dentro de un plazo razonable, teniendo como objetivo principal suplir 
los vacíos procesales de la norma adjetiva, a fin de lograr la tutela judicial efectiva de 
los derechos humanos, y es que en la actualidad el grave problema que enfrentan los 
derechos humanos es protegerlos en su real dimensión, para ello no basta con lograr 
su reconocimiento normativo, sino que resulta indispensable fortalecer los 
instrumentos y mecanismos procesales idóneos y suficientes para garantizar su plena 
vigencia.      
Las falencias y vicios que presenta la norma procesal materia de estudio, el 
investigador lo ha denominado La Ley Constitucional en Blanco, surge ante 
deficiencia normativa que existe dentro del Código Procesal Constitucional, 
específicamente en la etapa  de ejecución de sentencia, que se encuentra 
establecesido dentro de los art. 22° y 59° de la norma antes preciada, por cierto 
artículos que resultan insuficientes en su aplicación, toda vez, que desde muchos 
antes y hasta la actualidad esta deficiencia legal todavía no ha sido superado 
legislativamente y menos jurisprudencialmente, debido a que en la Corte Superior de 
Justicia de Huaura y a nivel nacional coexisten innumerables casos en que no se 
puede ejecutar una sentencia de amparo laboral firme con calidad de cosa juzgada 
que restituye derechos fundamentales a un trabajador despedido arbitrariamente, 
siendo que muchas veces el tiempo de ejecución de la sentencia dura más que la 
47 
 
tramitación del propio proceso principal, y esto se debe a que existe un vacío 
procesal en la norma adjetiva, que no regula de manera clara y taxativa la forma 
como se va ejecutar una sentencia constitucional y el plazo en que se va ejecutar, y 
sobre todo cuáles son las consecuencias jurídicas para aquellas personas natural o 
jurídica que se niegan o se rehúsen cumplir un mandato judicial, es aquí donde surge 
la pregunta ¿Cuándo se protege realmente  un derecho fundamental de un trabajador 
despedido?, cuando le declaran fundada la demanda ordenando su reposición al 
trabajador o cuando se ejecuta la sentencia de manera objetiva; a mi opinión 
considero que se protege los derechos fundamentales de un trabajador despedido 
cuando ha sido repuesto a su centro de trabajo de manera urgente y efectiva, sin 
embargo, esto no sucede así, porque muchas veces los actos lesivos que se cometen 
contra el trabajador en la etapa de ejecución son mayores o se podría decir más 
graves por padecimiento de excesivo de la persona, que al momento de interposición 
de la demanda de amparo laboral, la que le he denominado vulneración de derechos 
fundamentales en la etapa de ejecución de sentencia desde el punto de vista procesal, 
pero esto no queda ahí, sino que tiene una repercusión mayor, desde el punto de vista 
del derecho laboral tanto individual como colectivo, porque muchas veces el 
trabajador pierde muchos derechos como sus remuneraciones, beneficios sociales, 
derechos previsionales, derechos adquiridos por convenio colectivo entre otros. 
Como aprecia, el vacío normativo del Código Procesal Constitucional, el 
investigador ha propuesto como medio de solución del problema, ante la conducta 
típica, antijurídica, culpable y punible, la creación de un artículo remisivo dentro del 
catálogo del proceso constitucional de amparo, específicamente dentro de los 
artículos que regula la etapa de ejecución de sentencia, un artículo que de manera 
taxativa ordene al operador jurídico ante el incumpliendo de un mandato judicial de 
reposición laboral, remita copias certificadas al Ministerio Publico para que el Fiscal 
de Turno proceda conforme a sus atribuciones, por otro lado, el investigador propone 
la creación de un  artículo autónomo dentro de la parte especial del Código Penal, 
donde se contemple un delito un delito  autónomo, cuyo bien jurídico seria la 
reposición efectiva de los derechos fundamentales (la protección del principio del 
interés superior del trabajador, que es una manifestación de garantizar la reposición 
48 
 
efectiva del derecho al trabajo efectivo), el sujeto activo sería una persona natural o 
jurídica (pública o privada) que tiene una obligación de hacer, es decir, de acatar una 
sentencia de reposición laboral y el sujeto pasivo seria el trabajador desempleado que 
cuenta con una sentencia favorable con calidad de cosa juzgada y con una orden 
judicial de reposición; el sustento de la propuesta legislativa radica básicamente en 
que el proceso constitucional de amparo protege derechos fundamentales de primera 
generación, es decir, protege derechos humanos que están reconocidos en la 
declaración de derechos humanos, tratados y convenios internacionales; porque un 
trabajador antes de ser trabajador es una persona y cuando no se protege su derecho a 
la tutela judicial efectiva se le hace padecer y como consecuencia de ello, se afecta su 
dignidad como persona humana y frustra su proyecto de vida; por ello se debe 
respetar el derecho constitucional a la ejecución de sentencias dentro de un plazo 
razonable en el amparo laboral.  
La institución de amparo se justifica por la necesidad de que los derechos 
fundamentales cuentan con una tutela urgente que permita a juez disponer de 
inmediato la ejecución de su sentencia, siendo esta, la esencia del amparo que es un 
remedio excepcional, extraordinario y subsidiario usada como último remedio 
jurídico, más aun si presupone la ineficacia de los demás procesos ordinarios. El 
código procesal constitucional vigente del 01 de diciembre de 2004, ha incorporado 
para los procesos de tutela de derechos el régimen de actuación inmediata de 
sentencias, ante la amenaza de violación de un derecho constitucional, se acredita 
cuando esta es cierta y de inminente realización; es decir, cuando el perjuicio es real, 
efectivo, tangible, concreto e ineludible. El amparo tiene una cualidad fundamental 
que es de mayor celeridad debiendo tenerse en cuenta la finalidad perseguida, que es 
la obtención de la tutela judicial efectiva de los concretos derechos que se aleguen 
como conculcados, la propia naturaleza del amparo, es decir, su carácter de 
extraordinario, es evitar una sobrecarga de proceso ante los órganos jurisdiccionales, 
el fundamento subsidiariedad descansa en la necesidad de brindar al justiciable la 
posibilidad de contar con un remedio sumarísimo independientemente de los 
procesos ordinarios, para la tutela de los derechos, evitando de la existencia de filtros 
que limitan su acción protectora. Es por ello, que el derecho a la tutela judicial 
49 
 
efectiva comprende el derecho de acceso a los tribunales, el derecho a obtener 
sentencia fundada en derecho congruente, el derecho a la efectividad de las 
resoluciones judiciales y el derecho a la ejecución de sentencias dentro de un plazo 
razonable, en este sentido, el derecho a la ejecución de sentencias judiciales que han 
pasado en autoridad de cosa juzgada es una manifestación del derecho a la tutela 
jurisdiccional, es decir, aquellas que se han cumplido con el canon de control 
constitucional de las resoluciones judiciales para dar seguridad jurídica al 
demandante. Cuando un proceso constitucional no es lo suficientemente efectivo o 
idóneo su tránsito en un proceso judicial podría generar  daños graves e irreparables 
al accionante, la experiencia demuestra que acortar los plazos legales establecidos 
dentro del C.P.Const., no es suficiente, dado que, una cosa es la norma y otra bien 
distinta es la aplicación de la norma en concreto, pues se podría también que el 
problema del proceso radica en encontrar el hombre digno de juzgar, porque, justicia 
tardía no es justicia. 
En este sentido, el artículo 200° inciso  2) de la Constitución Política de 
1993, regula el proceso constitucional de amparo, que procede contra el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza los derechos reconocidos en la constitución, es decir, ante la amenaza o 
vulneración de un derecho fundamental de una persona, que por cierto, tiene que ser 
cierta y real, se acudirá al proceso de amparo, solicitando tutela judicial efectiva, 
para que proteja de manera urgente el derecho vulnerado, reparando las cosas al 
estado anterior, antes de la violación del derecho fundamental; asimismo, Código 
Procesal Constitucional, regulado mediante la Ley No. 28237, precisa en su art. II del 
Título Preliminar, que son los fines de los procesos constitucionales garantizar la 
primacía de la constitución y la vigencia de los derechos constitucionales; de la 
interpretación y análisis de este artículo, se desprende que los procesos 
constitucionales, tienen como finalidad garantizar la plena vigencia de la 
constitución, ante la lesión de un derecho humano, protegiéndole y 
consecuentemente reparando el acto lesivo, lo importante y resaltante de este 
dispositivo legal es poner los derechos fundamentales están por encima de todo 
ordenamiento jurídico; esto ha sido reforzado, con el artículo V del Título Preliminar 
50 
 
C.P.Cont., que señala que los derechos constitucionales protegidos por el amparo, 
deberán interpretarse de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos, 
los Tratados sobre Derechos Humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 
Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos constituidos según los tratados 
de los que el Perú es parte; con este artículo se consolida, la importancia con lo que 
bebe  ser tratado los derechos fundamentales dentro de un ordenamiento jurídico 
constitucional y ante lesión de los mismos, debe ser protegidos interpretándose de 
acuerdo a los derechos humanos y los tratados internacionales, es decir, que se 
interpretaran las normas internacionales por encima de la constitución.     
 
3.3. El objetivo del trabajo de investigación  
 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, que se 
regule un artículo dentro del Código Procesal Constitucional que remita de manera 
clara y precisa al Código Penal, y este su vez, regule como delito autónomo el 
incumplimiento de sentencia de amparo laboral, es decir, cuando el operador jurídico 
se encuentre frente a una conducta típica, antijurídica, culpable y punible  de 
incumplimiento de sentencia de reposición laboral, el juez de ejecución pueda remitir 
las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Publico, para 
que el fiscal de turno abra investigación preliminar  por tratarse de un flagrante 
delito, situación similar como se ha regulado para el caso de los proceso de 
alimentos, que ante el incumplimiento y omisión de prestar los alimentos se 
configura delito de omisión a la asistencia familiar, pues planteamos que el mismo 
procedimiento se debe regular para hacer efectivo las sentencias estimatorias que 
contengan una orden de reposición laboral, viabilizando y haciendo más célere y 
eficaz las ejecuciones de las sentencias de amparo  por tratarse de un derecho 
preferente y más aún por tratarse de un proceso constitucional de tutela urgente que 
restituye derechos fundamentales vulnerados, lo que permitirá que las ejecuciones de 
sentencias sean cumplidas dentro de un plazo razonable que satisfaga al demandante. 
 
3.4. La finalidad del trabajo de investigación 
51 
 
 La finalidad principal de la investigación es presentar un proyecto de ley al 
Congreso de la Republica que contenga los  lineamientos básicos, para que se 
agregue un artículo dentro del Código Procesal Constitucional que viabilice la 
ejecución de la sentencia, permitiendo al juez constitucional remitir al Código Penal 
para que este sancione con pena privativa de libertad, por lo que también se debe 
regular mediante una ley especial para que se incorpore como delito la conducta 
jurídica de incumpliendo de sentencias derivado de un proceso de amparo laboral, 
permitiendo de esta manera que las ejecuciones de las sentencias de amparo de 
ejecuten dentro de un plazo razonable.        
 
3.5. El problema del incumplimiento de las sentencias de amparo laboral  
  El Código Procesal Constitucional no ha establecido un procedimiento 
especial para la ejecución de las sentencias estimatorias derivado de un proceso 
constitucional, especialmente del amparo laboral. Ello ha permitido que en varias 
ocasiones las sentencias no han sido acatadas por el demandado por carecer de un 
mecanismo eficaz para su ejecución. 
Pese a esta realidad problemática de tutela judicial efectiva, se ha 
evidenciado el grave problema del incumpliendo de sentencias de amparo 
especialmente de aquellas dictadas por el poder judicial, esta situación ha conducido 
a los afectados hayan acudido a otros procesos constitucionales para garantizar el 
cumplimiento de los fallos judiciales, dando lugar que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie ante un caso de inejecución de una resolución judicial sostuvo que el 
incumplimiento de los establecido en una sentencia con carácter de cosa juzgada 
implica la violación, lesión o disminución antijurídica de un derecho fundamental, 
(Exp. N° 1546-2002-AA/TC, F.J. No. 2). 
Incluso, el tema ha sido materia de pronunciamiento por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a donde se acudido para garantizar el 
cumplimento de las sentencias de amparo, en el caso en caso peruano, donde 
considero la Corte que el Estado Peruano violo el artículo 25 de la Convención 
Americana en perjuicio del recurrente, al no ejecutar las sentencias emitidas por el 
52 
 
poder judicial de República del Perú, sino después de casi ocho años de dictadas 
estas. 
Y es que en el Perú, el incumplimiento de sentencias ha contado con 
diversas modalidades, por un lado se han presentado casos en los que la autoridad se 
negaba acatar la sentencia sin ninguna justificación, en otros alegaban carecer del 
presupuesto necesario para hacerlo o no contar con una plaza vacante, por ejemplo si 
se trataba de la reposición de un empleado público, por otro lado, cuando se trataba 
de una persona jurídica de derecho privado simplemente se reúsan, omiten o 
desobedecen un mandato judicial por soberbia o capricho de los representantes 
legales de cumplir con los términos de sentencia de reposición laboral; también se 
han presentado casos en los cuales la autoridad aparentemente cumplía con la 
sentencia  pero posteriormente reiteraba la misma agresión contra el demandante. 
Cabe agregar que el poder ejecutivo y el Estado en su conjunto, carecen de 
mecanismos idóneos y eficaces para cumplimento efectivo de las sentencias, más aun 
de registros confiables, actualizado y transparente de todas las sentencias pendientes 
de ejecución, expresando las razones que sustentan su no acatamiento, su 
cumplimiento parcial, el retraso en hacerlo. Considero que esta falta de transparencia 
no contribuye a garantizar la ejecución de las sentencias que constituye un verdadero 
derecho fundamental. 
 
3.6. Respecto a las medidas introducidas por el Código para garantizar la 
ejecución de sentencias de amparo  
Como hemos indicado hasta la fecha todavía no ha resultado satisfactorio 
para garantizar el cumplimiento de las sentencias de amparo laboral. La falta de 
remisión precisa debido a la escasa creatividad legislativa para crear una norma 
remisiva al Código Penal que regula la conducta antijudía ante el incumpliendo de 
sentencia proveniente de un proceso constitucional, imponiendo un pena efectiva 
para el sujeto activo del delito, mediante el cual se haga más efectiva la ejecución de 
sentencias dentro de un plazo razonable, para de esta manera exigir el cumplimento 
real de la sentencias de amparo laboral, dado que en la actualidad resultan 
insuficientes las facultades coercitivas que tiene el juez que está regulado en el art. 
53 
 
53 de Código Procesal Civil como son: las multas compulsivas y progresiva, incluso 
la detención por 24 horas, han permitido en el Perú que exista un elevado número de 
sentencias incumplidas, lo que evidencia un vacío normativo  no solo para el amparo 
laboral sino en las demás procesos constitucionales. 
En tal sentido, resulta indispensable que el legislador de amparo regule 
expresamente lo que un sector de la doctrina denomina medios compulsorios que 
permita al juez garantizar el cumplimiento de sus decisiones. Dicho medio puede ser: 
a) Extraprocesales, como el investigador viene planteando, es decir, que exista una 
norma remisiva al código penal que sancione de manera inmediata y espacial la 
conducta antijurídica ante el incumplimiento de una sentencia; b) Intraprocesal, es 
decir, las sanciones por mala conducta al interior del proceso, que en nuestro sistema 
procesal ha fracasado. Considero que el primer punto planteado tendría más 
relevancia jurídica, toda vez, que se plantean medidas coercitivas, las cuales son 
mecanismos de presión psicológico que tendrá como consecuencia la restricción 
personal de un derecho fundamental como es la libertad dictados por el órgano 
jurisdiccional competente que compele al sujeto incumplidor a acatar el mandato 
judicial y tiene por misión y meta lograr una tutela jurisdiccional efectiva, 
asegurando lo dicho en el papel sentencia o resolución se traduzca en la realidad de 
los hechos. 
En Colombia por ejemplo, el art. 27° del Decreto 2591 señala que la 
sentencia de tutela deberá cumplirse sin demora para su ejecución. Si esto no 
ocurriera dentro de las cuarenta ocho horas el Juez al superior del responsable y le 
requerirá para que lo haga cumplir y abrirá el correspondiente procedimiento 
disciplinario contra aquel. Pasado las 48 horas, ordenara abrir proceso contra el 
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptara directamente 
todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá ordenar por 
desacato al responsable, hasta que el superior cumpla con la sentencia. Lo anterior 
sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el 
juez establecerá los demás efectos del fallo y mantendrá la competencia hasta que 
esté completamente restablecido el derecho o eliminada las causas de la amenaza.  
54 
 
Por su parte, en España el art. 95.4 de la LOTC permite la imposición de 
multas coercitivas a cualquier persona que incumpla los requerimientos del Tribunal 
dentro de los plazos señalados, las cuales pueden ser reiteradas hasta su total 
cumplimiento por parte de los interesados, asimismo la ley 29/1998 del 13 de julio, 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo cuenta con un capítulo 
especial referido a la ejecución de sentencias (articulos103 a 113) que diseña un 
nuevo sistema que se nutre de la doctrina existente y de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 
En este contexto, la Constitución Mexicana en su artículo 107, fracción 
XII, la citada norma constitucional establece que si la autoridad responsable trata de 
eludir el cumplimiento de una sentencia podrá ser inmediatamente separado de su 
cargo y consignada al juez de distrito que corresponda. Este tipo de medidas 
coercitivas deberían haber inspirado una mejor regulación del procedimiento que 
contribuya a hacer cumplir las sentencias de amparo en nuestro país. Así pues lo 
postulaba el art. 22° del anteproyecto del Código Procesal Constitucional, pues no 
solo incorporaba las multas sucesivas o astreintes sino además la prisión civil, sin 
embargo, durante el debate en el congreso se eliminó la posibilidad judicial de 
disponer del obligado en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo. De 
esta manera, el art. 22° del Código Procesal Constitucional incorpora medidas 
coercitivas  como los astreintes que vienen hacer las multas fijas o acumulativas, e 
incluso de iniciar procedimiento disciplinario que conlleven la eventual destitución 
de la autoridad renuente a acatar una sentencia de amparo. En efecto precisa, el 
artículo 59° que el juez podrá disponer que la autoridad competente disponga la 
apertura de un procedimiento administrativo contra quien no acata la decisión 
judicial y contra el superior del mismo, cuando ello corresponda. En definitiva se ha 
tratado de dotar de medidas eficaces al juez para que sus sentencias sean acatadas, y 
es como sostenido el Tribunal Constitucional en una importante sentencia que 
desarrolla la ejecución de las sentencias constitucionales (Exp. No. 4119-2005-
AA/TC, F.J. 56) el juez ejecutor en caso de incumpliendo dicto los: apercibimientos 
necesarios para la ejecución de sentencias, tales como la imposición de multas fijas o 
acumulativas, o incluso la destitución del responsable de la afectación de los 
55 
 
derechos fundamentales; sanción que incluso puede imponerse al superior del 
responsable que también incumpla lo ordenado en la sentencia cuando sea requerido 
para ello. Ambas herramientas son suficientes persuasivas para obtener la ejecución 
de la sentencia, pero no puede ser usada discrecionalmente, sino que corresponde que 
la autoridad competente, en caso, cumpla con motivar y sustentar en forma adecuada 
sus decisiones, esto es, hacer mínimamente referencia a los requerimientos hechos 
así como a los apremios dispuestos. La autoridad debe de hacer de conocimiento al 
Ministerio Publico los hechos ilícitos que pudiera presentarse durante el trámite de 
ejecución de sentencia para los fines pertinentes (artículo 8 CPC), e igualmente, 
puede requerir el auxilio de la fuerza pública,  para las diligencias que sean 
necesarias desarrollar con las garantías que aquella otorga.  Considero que el TC, 
sigue entrampado con estos dispositivos legales, dado que la realidad jurídica y 
normas precisadas no resulta suficiente para garantizar las ejecuciones de las 
sentencias de amparo laboral, toda vez, que el demandante ante la negativa de 
reposición de su empleador acude al Comisaria de la Jurisdicción solicitando una 
constatación policial por omisión de no quererle reponer a su puesto de trabajo su 
empleador, que subsiguientemente su abogado hará de conocimiento al juzgado y el 
juez dispondrá las multas reiterativas y posteriormente se remitirá copias certificadas 
al fiscalía de turno para que proceda conforme a sus atribuciones abriendo 
investigación por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad (art. 368 del 
Código Penal), las falencias que tendría este delito, es que tiene plazos largos para 
realizar los actos de investigación y además no se encuentra inmerso a la aplicación 
del principio de oportunidad que se desarrolla dentro del proceso penal. 
Lo que planteo en el presente trabajo de investigación es que el legislador 
debe regular dentro del Código Procesal Constitucional una norma remisiva  que 
remita de manera clara y precisa al código penal, para que esta sancione la conducta 
antijudía de rehusarse acatar una sentencia de reposición laboral y tenga un 
procedimiento especial inmediato por encontrarnos ante un flagrante delito de 
omisión de una determinada conducta, por lo que debe comprender su aplicación 
dentro de figura jurídica del Principio de Oportunidad regulado en Código Procesal 
penal, como está regulado para el caso de proceso de alimentos, dado que el derecho 
56 
 
al trabajo efectivo tiene el mismo sustento constitucional  que el derecho de 
alimentos, ambos son un derecho fundamental  y tienen atención preferente y 
prioritario sobre cualquier otro derecho dado que lo que se trata de proteger 
esencialmente en ambos casos es el menoscabo de la dignidad de persona huma.  
 
3.7. La represión de actos homogéneos    
 Un antecedente que evidencia la importancia de esta nueva institución 
introducida por el Código Procesal Constitucional llego a conocimiento del Tribunal 
Constitucional el 23 de julio del 2002 (Exp. No. 161-2001-AA/TC), en tal ocasión la 
señora Juana Zapata Quevedo y otros trabajadores demandaron a la Municipalidad 
Provincial de Sullana luego de haber sido repuestos en cumplimiento de sentencia de 
amparo anteriores, dicha municipalidad después de tres meses volvió despedirlos, 
ante tal situación acuden sin éxito al Juzgado Civil de Sullana para que en el 
cumplimiento de las sentencias que los favorecían disponga su reposición, por ello se 
vieron obligados a presentar una nueva demanda de amparo, en su sentencia el 
Tribunal Constitucional señalo que: los demandantes acudieron al juez del Primer 
Juzgado Civil de Sullana, con fecha 05 de enero de 2000, para que en cumplimiento 
de las mencionadas sentencias, se requiera al alcalde demandado a fin que los 
reponga en sus puestos de trabajo, petición que fue denegada mediante resolución 
que fue confirmada por el superior, con fecha 23 de marzo de 2000, los órganos 
jurisdiccionales, sin tener en cuenta la trascendencia de los motivos alegados por los 
recurrentes, se limitaron a dar respuesta en el sentido de que se trataba de derechos 
nuevos y que se dejaba a salvo el derecho de los demandantes para que lo hagan 
valer conforme a ley. Por consiguiente, no existe duda de que las resoluciones 
judiciales expedidas por ambas instancias lesionan el derecho a la tutela judicial 
efectiva al no exigir el cumplimiento de la sentencia estimatoria a la municipalidad 
demandada, esto es, a favor de los recurrentes, el Tribunal considero que el proceso 
de ejecución de sentencias en sus propios términos forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. Como se puede apreciar, los trabajadores 
afectados tuvieron que iniciar un nuevo proceso de amparo para tutelar sus derechos 
pues el procedimiento de ejecución de sentencias no permitió garantizarlos. Para 
57 
 
evitar esta situación el art. 60 del Código Procesal  Constitucional señala que, 
sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso 
de amparo podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. 
Efectuado el reclamo, el juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el 
plazo de tres días, la resolución es apelable sin efecto suspensivo. La resolución que 
declara la homogeneidad amplia en el ámbito de protección del amparo, 
incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. Esta 
institución procesal denominado represión de actos homogéneos es un procedimiento 
novedoso que procede en aquellos casos en el que ha resultado vencedor en un 
proceso de amparo se vea nuevamente en sus derechos fundamentales, por actos 
similares a los que ya fueron objeto de pronunciamiento en sede jurisdiccional y 
siempre que los derechos constitucionales afectados sean sustancialmente los 
mismos, en estos casos, igualmente corresponde que el juzgador adopte las previstas 
en el art. 8 del CPC y ser el caso de la fuerza pública. Esta norma en la actualidad es 
muy poco usada por los abogados litigantes, debido a que no tiene buenos resultados 
jurídicos, es decir la aplicación de la norma antes precisada no es eficaz, toda vez, 
que es un nuevo proceso incluso sujeto a recurso de apelación, situación que le hace 
ineficaz e innecesario su uso porque demanda de tiempo y plazos.   
 
3.8. Responsabilidad penal por incumplimiento de acatar una sentencia de 
amparo laboral  
 El art. 22° y 59° Código Procesal Constitucional vigente, regulan la 
ejecución de sentencia del proceso constitucional de amparo, estableciendo como 
primer procedimiento requerir al demandante  para que cumpla con reponer al 
trabajador despedido, si el demandado no cumple con los requerimientos, el juez 
impone las multas fijadas  en URP, si ante tal situación el  demandando persiste con 
su conducta omisiva, el Juez aplica supletoriamente el 53° de Código Procesal Civil 
que regula las medidas coercitivas que el juez puede disponer su detención hasta por 
24 horas del demandado, si aun así, sigue persistiendo la conducta negativa del 
demandado, el juez recién hace de conocimiento al Ministerio Publico para el fiscal 
penal apertura investigación preliminar por el delito de desobediencia a la autoridad, 
58 
 
al respecto debo precisar, que el tipo penal antes descrito, se investiga con el plazos 
ordinario, es decir, plazos largos de (60 días y prorrogables por 60 más); es aquí 
donde se encuentra el meollo del problema y nos preguntamos ¿cuánto tiempo ha 
pasado en agotar todos los mecanismos procesales para ejecutar la sentencia en el 
poder judicial y cuánto tiempo más va durar en la fiscalía?, la ejecución de sentencias 
de amparo laboral en el Perú puede durar de 06 meses o hasta más de un año 
aproximadamente y eso impulsando el proceso de manera activa, esta falencia que 
existe dentro del ordenamiento procesal se puede suplir con mecanismos idóneos de 
simplificación procesal que el investigador viene proponiendo, si el demandado no 
cumple ante los requerimientos del juez de ejecución el magistrado remitirá de oficio 
a la fiscalía para que este dentro 72 horas el fiscal incoe proceso inmediato 
solicitando prisión preventiva para demandado, y esta manera se haría más efectiva y 
eficaz las ejecución de las sentencias dentro de un plazo razonable.   
 
3.8.1. El bien jurídico tutelado 
  El bien jurídico tutelado seria la reposición efectiva de los derechos 
fundamentales, es decir, la protección del principio del interés superior del 
trabajador, que es una manifestación de garantizar la reposición efectiva del derecho 
al trabajo efectivo y la dignidad del trabajador, para ello el trabajar debe cumplir con 
los requisitos, primero de ser vencedor en un proceso de amparo y segundo que la 
sentencia debe tener la calidad de cosa juzgada firme o resolución de carácter 
ejecutable como son en las medidas cautelares. 
 
3.8.2. El sujeto activo  
  El sujeto activo vendría ser una persona natural o jurídica (pública o 
privada), que este obligado a cumplir con la sentencia de reposición de amparo 
laboral. 
 
3.8.3. El sujeto pasivo  
  El sujeto pasivo seria el trabajador despedido con sentencia favorable con 
calidad de cosa juzgada y con una orden judicial de reposición a su puesto de trabajo. 
59 
 
 
3.9.  Proceso constitucional de amparo - “Caso Alejandro Agurto Flores” 
  Proceso judicial, que juega un papel trascendental en la vida profesional del 
investigador, porque fue fruto de esa experiencia enriquecedora la que inspiro el 
surgimiento en primer lugar de la denominación del nombre Ley Constitucional en 
Blanco, y en segundo lugar dedicarme al estudio e investigación del presente trabajo 
de investigación. Es así que empezare narrar de manera detalla el caso para mayor 
comprensión. 
Alejandro Agurto Flores, es un trabajador de la Empresa Agraria Azucarera 
ANDAHUASI S.A.A., es natural del Centro Poblado de Calusa, distrito y provincia 
de Huaura, ingreso a trabajar el 04 de Octubre del 2004, donde se ha desempeñado 
como obrero – regador, no habiendo sido objeto de sanción alguna por su 
empleadora hasta que se convirtió en sindicalista, siendo que el 10 de Mayo de 2011 
constituyo el Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Agraria Azucarera 
Andahusi S.A.A., fecha en que su empleadora comenzó discriminarle con actos 
antisindicales por tener la condición de secretario general adjunto, por haber 
aprobado y presentado el Pliego de Reclamos – convenio colectivo 2011 -2012, 
encontrándose como miembro de la comisión negociadora ante el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Huacho, por lo que su empleadora de manera 
unilateral y premeditada le imputa haber cometido falta grave cursándole la carta de 
pre-aviso y despido la misma que fueron contestados por el trabajador de acuerdo al 
principio de inmediación, dentro del término de ley, mediante el cual se consuma el 
despido con fecha 06 de Enero del 2012, con la finalidad de que no continúe como 
miembro de la comisión negociadora, de esta manera vulnerándose sus derechos 
fundamentales al trabajo, sindicación, negociación colectiva, asociación, reunión y 
expresión, ante tal situación el trabajador empieza con el procedimiento 
administrativo para agotar la vía administrativa recurriendo a la Comisaria de 
Huaura, solicitando una constatación policial por despido arbitrario y 
consecuentemente  acude al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
solicitando una inspección por despido arbitrario la misma que fue comprobado por 
la autoridad de trabajo y como consecuencia emitió una acta de infracción contra la 
60 
 
actitud de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., posteriormente recurre 
al órgano jurisdiccional reclamando tutela judicial efectiva, vía proceso 
constitucional amparo solicitando como pretensión principal la reposición a su centro 
de trabajo en las misma forma y condiciones que venía trabajando, generándose el 
Exp. N° 00399-2012, donde en primera instancia mediante Resolución N° 01 de 
fecha 16 de Marzo de 2012 le declaran improcedente su demanda argumentando que 
existe otra vía igualmente satisfactoria como lo precisa el art. 5 inc. 2 del Código 
Procesal Constitucional, con fecha 17 de Abril de 2012, el abogado patrocinante del 
trabajador presenta el recurso de apelación la misma que fue resuelto mediante 
Resolución N° 06 de fecha 23 de julio de 2012, declarando Nula la Resolución N° 
01, ordenando que el al quo expida un nuevo pronunciamiento, por lo que mediante 
Resolución N° 07 de fecha 13 de agosto del 2012, se admite a trámite la demanda y 
con fecha  04 de Noviembre de 2012 la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi 
S.A.A., contesta la demanda proponiendo excepción de ambigüedad y oscuridad en 
modo de proponer la demandada, la misma que fue declarada infundada la excepción 
mediante Resolución N° 12 de fecha 30 de Enero del 2013, después de un tedioso y 
largo trámite del proceso con fecha 04 de Abril del 2013 el Juzgado Mixto – Civil - 
Constitucional de Corte Superior de Justicia de Huaura expide la Resolución N° 14 
donde declaran Fundada la demandada y ordena a la demandada reponer al señor 
Alejandro Agurto Flores a su centro de trabajo, con fecha 16 de Abril de 2013 la 
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., apela la sentencia, la misma que con 
fecha 19 de Agosto del 2013 mediante Resolución N° 19 fue Confirma  la sentencia 
de primera instancia Ordenando la Reposición de don Alejandro Agurto Flores. 
En este punto es donde radica el problema principal de la tesis, que es 
materia de investigación, ahora, si bien cierto que en Agosto del 2013 se declara 
consentida la sentencia de segunda instancia, en setiembre de mismo año el Juzgado 
de origen a cargo de ejecución  cursa el primer requerimiento a la Empresa Agraria 
Azucarera Andahusi S.A.A., a fin que cumpla con reponer al trabajador despedido, 
en marzo del 2014, el Juzgado ante la actitud activa e insistencia del abogado 
defensor cursa el segundo  requerimiento y ante tal incumplimiento de la Empresa 
Agraria Azucarera Andahusi S.A.A., al negarse a reponer al trabajador y el abogado 
61 
 
solicita de manera reiterativa que se curse un tercer requerimiento y se realice una 
diligencia para el secretario se constituya a las instalaciones de empresa y levante un 
acta, la misma que se hizo efectivo el noviembre de 2014, donde los representantes 
de la empresa aceptan reponer solo en documento escrito, porque cuando el 
trabajador se presentó al día siguiente a su centro labores, la empresa no le quiso 
recibir, ante tal situación el abogado del trabajador acude a realizar una constatación 
policial a fin acreditar dicha conducta de los representantes de la empresa y 
posteriormente recurre al juez de ejecución solicitando que remita copias certificadas 
al Ministerio Publico, para que proceda conforme a sus atribuciones e imponga 
medidas coercitivas de acuerdo al art. 53 de Código Procesal Civil, siendo que la 
misma se hace efectiva con fecha 10 de Marzo del 2015, el Juzgado le impone una 
multa mayor 30 URPS y asimismo remite las copias certificadas al Ministerio 
Publico para que el fiscal  proceda conforme a sus atribuciones, por cierto caso que 
termino con archivado, es que con fecha 25 de Junio de 2015 recién la empresa le 
recibe al trabajador pero el detalle es que seguía persistiendo nuevamente los actos 
lesivos recurriendo a la represión actos homogéneos que está regulado  en el art. 60 
del Código Procesal Constitucional que termino nuevamente multado a la empresa 
con 50 URP y cese efectivo de todo acto lesivo que perjudique al trabajador, y es 
preciso aclarar en este punto a modo de reflexión que el trabajador estuvo despedido 
por más de 03 años, la ejecución de la sentencia duro más de 1 año y medio, es aquí 
donde radica la falencia de los operadores jurídicos del derecho en hacer cumplir una 
sentencia y un vacío procesal que no existe una norma jurídica que garantice dicho 
restitución un derechos fundamental de manera rápida y  efectiva cuando se trate de 
vulneración de derechos fundamentales, es decir, que no hay una norma penal así 
como del proceso de pensión de alimentos que ante un incumplimiento se configura 
delito de omisión de asistencia familiar, es en este sentido que el investigador plantea 
la misma fórmula   jurídica que se debe aplicar en los procesos constitucionales que 
restituyen derechos fundamentales, ante tal incumplimiento de los sujetos obligados 
a reponer a un trabajador a su puesto de trabajo, debe existir una norma remisiva que 
tipifique de manera expresa como delito autónomo dentro del código penal, la cual lo 
62 
 
he denominado delito de incumplimiento de mandado judicial derivado de la 
vulneración de un derecho fundamental.  
 
 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
IV. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
4.1. Constitución Política del Perú de 1993   
  La constitución política Perú de 1993 desarrolla, en su artículo 139°.- Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: señala en inciso 2) La 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional n i interferir en el ejercicio 
de sus funciones, tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 
sentencias ni retardar su ejecución; de igual forma 3) la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional; asimismo, señala  artículo 44°. Son deberes 
primordiales del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.  
 Estos artículos antes precisados que el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo 
del inciso 2) del mismo artículo, cuando se menciona que “ninguna autoridad puede  
dejar s in efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni retardar 
su ejecución; la protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a 
todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena 
eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es, respetando la 
firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas. Ello, obviamente, 
sin perjuicio de que sea posible su modificación o revisión, a través de los cauces 
extraordinarios legalmente previstos. Lo contrario, desconocer la cosa juzgada 
material, priva de eficacia al proceso y lesiona la paz y seguridad jurídica. 
63 
 
 
4.2. Código Procesal Constitucional  
              El II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, juntamente con el 
principio de impulso procesal: artículo II Principios de Dirección e Impulso del 
proceso, señala que la dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de 
acuerdo a lo dispuesto en este Código. El Juez debe impulsar el proceso por sí 
mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están 
exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este Código, 
por otro lado, el Código Procesal Constitucional señala en su artículo 22.- Actuación 
de Sentencias, La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se 
actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias 
dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes 
órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. La sentencia que 
ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación 
inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y 
de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o 
acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas 
medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin 
perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas 
durante la fase de ejecución. El monto de las multas lo determina discrecionalmente 
el Juez, fijándolo en Unidades de Referencia Procesal y atendiendo también a la 
capacidad económica del requerido. Su cobro se hará efectivo con el auxilio de la 
fuerza pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez 
estime pertinente. El Juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta 
el cien por ciento por cada día calendario, hasta el acatamiento del mandato judicial. 
El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder Judicial, 
salvo que la parte acate el mandato judicial dentro de los tres días posteriores a la 
imposición de la multa. En este último caso, el monto recaudado será devuelto en su 
integridad a su titular, por otro lado, el artículo 59° del mismo cuerpo legal 
“ejecución de sentencia”, señala que: artículo 59 Ejecución de Sentencia, precisa, 
que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22° del presente Código, la sentencia 
64 
 
firme que declara fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días 
siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser duplicado. Si 
el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior 
del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del 
procedimiento administrativo contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro 
del mismo plazo.  
Transcurridos dos días, el Juez ordenará se abra procedimiento 
administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda, y 
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El 
Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que 
cumplan su mandato, conforme a lo previsto por el artículo 22 de este Código, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario. En todo caso, el Juez 
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su 
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho. Cuando el 
obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una 
sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación 
injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual 
impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente. Cuando la sentencia 
firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en 
imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede 
concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación 
las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. 
 
4.3. Reglamento del TC 
 De conformidad con el artículo 48° del Reglamento Normativo del TC, 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 095–2004–P/TC , los efectos 
jurídicos de la sentencia del TC comienzan al día siguiente de su notificación o, en su 
defecto, de su publicación, siempre que esta reúna todo los requisitos formales y 
materiales. Esto significa que la exigibilidad jurídica de la sentencia se inicia desde 
este momento, así, lo señala el artículo 48° La sentencia expedida por el Pleno se 
convierte en tal, al ser firmada por el número mínimo de Magistrados exigido por la 
65 
 
ley. En el caso de la expedida por las Salas, debe contar con tres votos conformes. 
Sus efectos empiezan a regir desde el día siguiente a su notificación y, en su caso, 
publicación en el diario oficial El Peruano. La parte resolutiva de las sentencias en 
los procesos que declaran fundada, total o parcialmente, la demanda de 
inconstitucionalidad de una ley, debe ser difundida, además, en dos diarios de 
circulación nacional.  
 
4.4. La Convención Americana de Derechos Humanos 
 El artículo 25 de la Convención Americana 60 reconoce el derecho de toda 
persona a un “recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces y tribunales competentes”. Por otro lado, el artículo 1.1 del mismo cuerpo 
normativo precisa que: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. En función de estas premisas, la Corte Interamericana en 
diferentes sentencias vinculantes ha establecido una jurisprudencia sobre la 
necesidad de garantizar la eficacia de las sentencias. Este ha precisado que “no basta 
con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es 
decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados 
en la Convención”. En otra oportunidad, ha señalado que: No pueden considerarse 
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por 
las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, 
por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque 
el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con 
imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier 
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede 
cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión. 
 
 
66 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA O PRECEDENTES VINCULANTES  
 
V. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
a. (Exp. No. 4733-2004-AA/TC, fundamento jurídico 4); El Tribunal 
Constitucional considera necesario dejar sentado, que el procedimiento de 
ejecución de sentencia en cualquier tipo de proceso jurisdiccional, también 
debe respetarse los derechos fundamentales, así como las garantías de la 
administración de justicia, principalmente, relativo al principio de cosa  
juzgada, la que no puede ser alterada, retardada durante su ejecución, del 
mismo modo esta protección alcanza al contenido de las sentencias que 
causan estado, las que deben ser ejecutadas en sus propios términos, no 
pudiendo quedar librado su cumplimiento, a la particular interpretación de 
que ella pudieran hacer las partes o la que hagan los órganos encargados de 
su ejecución, lo contrario importa una afectación al derecho al debido proceso 
y debe dar lugar a un nuevo proceso de amparo, donde procede evaluar las 
irregularidades  procesales cometidas durante el precisado procedimiento.  
b. (Exp. No. 0012-2005-AA/TC, fundamento furídico 32 y 33);  La calidad de 
cosa juzgada de una sentencia del Tribunal Constitucional, no solo impide 
que su fallo sea contradicho en sede administrativa o judicial, sino que 
prohíbe, además que sus términos sean tergiversados o interpretados 
maliciosamente, bajo sanción de los funcionarios encargados de cumplir o 
ejecutar la sentencia en sus propios términos. En este sentido, las autoridades 
municipales vinculadas directamente con la decisión de este colegiado no 
solo tienen la responsabilidad de acatar los términos de tal sentencia en su 
verdadera esencia y buscar darle la mayor efectividad, sino también la 
obligación de evitar causar mayor desconcierto en la comunidad local.   
67 
 
c. (Exp. No. 02813-2007-AA/TC, fundamento jurídico 15 a 18);  Dado que la 
ejecución forma parte inescindible de la potestad jurisdiccional, son los 
propios jueces los que deben resolver si sus propias decisiones  se han 
cumplido totalmente. En consecuencia el derecho a la ejecución de sentencias 
exige que los propios órganos judiciales reaccionen frente ulteriores 
actuaciones o comportamientos enervados del contenido material de sus 
decisiones, por lo que, este derecho se satisface cuando el órgano judicial 
adopta medidas oportunas y necesarias para llevar a efecto la ejecución del 
fallo.  Si estas medidas se adoptan con la tardanza excesiva e irrazonable, 
puede generarse lesión al derecho. Asimismo, el derecho a la ejecución y 
resoluciones judiciales, pueden verse afectado cuando se adoptan, aunque sea 
con la mayor celeridad, medidas que no son eficaces para hacer la ejecución. 
También si el órgano jurisdiccional desatiende el mandato de ejecutar y 
promover la ejecución del fallo, y lo lleva a cabo con dilaciones indebidas por 
no haber tomado las medidas necesarias para asegurar la ejecución, estará 
incurriendo en una vulneración del derecho a la ejecución de sentencias y 
resoluciones judiciales. 
Por otra parte el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales 
en sus propios términos busca tutelar el respeto de su firmeza y la 
intangibilidad de las situaciones jurídicas en ella declaradas. Ello quiere 
decir, que las sentencias y resoluciones judiciales deben ser actuadas en sus 
propios términos, no pudiendo quedar librado su cumplimiento a la particular 
interpretación que ella pudiera hacer las partes o la que haga los órganos 
encargados de su ejecución. En el proceso de ejecución, por tanto, no puede 
debatirse de nuevo sobre el contenido de la sentencia que se ejecuta ni sobre 
la interpretación y consecuencia de su fallo, ya que en la propia sentencia la 
que marca el ámbito de lo que ha de ser ejecutado. Para ello no solo debe 
tenerse en cuenta la literalidad del fallo, sino que debe interpretarse de 
acuerdo con los fundamentos jurídicos de sentencia y con las pretensiones del 
recurrente, es decir dentro de su propio contexto.         
68 
 
d. (Exp. No. 4119-2005-AA/TC, fundamento jurídico 64); conforme hemos 
precisado en nuestra jurisprudencia, si bien nuestra Carta Fundamental, no se 
refiere en término de significado a la “efectividad” de la tutela jurisdiccional, 
resulta claro, que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. En 
este sentido, el derecho al cumplimiento efectivo y en sus propios términos, 
de aquello, que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del 
derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139 inciso 3) de la 
Constitución.   
e. (Exp. No. 00031-2008-AA/TC, fundamento jurídico 5 y 6); En el ámbito 
de los procesos constitucionales, además, pues resultaría evidente que ante la 
renuencia por parte de los poderes públicos de atacar los fallos de este 
colegiado, no existiría poder jurídico capaz de asegurar dichos mandatos, 
generando de este modo un mensaje desalentador sobre las posibilidades 
mismas del modelo del Estado Constitucional de Derecho.   Que, si bien 
conforme al artículo 118 inciso 9) de la Constitución corresponde al 
Presidente de la Republica: Cumplir y hacer cumplir las sentencias y 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales, no obstante, frente a la renuncia 
reiterada, la ejecución forzada se presenta como la única solución, llegado el 
caso, a efectos que revindicando el Estado de Derecho, se obliga al poder 
someterse al derecho. Estos, son sin embargo, casos excepcionales que 
colocan al Tribunal en un espacio de tensión que siempre hay que tratar de 
evitar, apelando a la coordinación y al dialogo interinstitucional, hasta donde 
sea posible.  
f. (Exp. No. 04657-2008-AA/TC, fundamento jurídico 10 y 11); El derecho a 
la tutela judicial efectiva esta reconocido en nuestro ordenamiento 
constitucional en el artículo 139°, inciso 3) donde si bien aparece, como 
principio y derecho de la función jurisdiccional, es claro tanto para la doctrina 
unánime como para la propia jurisprudencia y de este tribunal, que se trata de 
un derecho que en vertiente subjetiva supone en términos generales, un 
derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de 
representantes ante los órganos judiciales, de ejercer sin ninguna interferencia 
69 
 
los recursos y medios de defensa que flaquea la ley, de obtener una decisión 
razonablemente fundada en derecho y finalmente de exigir la plena ejecución 
de la resolución de fondo obtenido.  
En relación a este aspecto, el derecho a exigir la plena ejecución de la 
resolución de fondo obtenido en un proceso judicial, este tribunal ha 
precisado, en la STC No. 0015-2001-AI/TC (fundamento 8), que el derecho a 
la ejecución de la resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 
juzgada es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, 
reconocido en el art. 139 inciso 3) de la Constitución. También se encuentra 
contemplado en el segundo párrafo del inciso 3) del art. 139 de la 
Constitución. También se encuentra contemplado en el segundo párrafo del 
inciso 2 del 139 de la Constitución, cuando se menciona que ninguna 
autoridad de cosa juzgado ni retardar su ejecución.          
g. (Exp. No. 02813-2007-AA/TC, fundamento jurídico 10 a 13); El derecho a 
la ejecución  de sentencias y resoluciones judiciales forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. Su reconocimiento se encuentra 
contenido en el inciso 2) del mismo artículo 139, en el que menciona que 
ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución. Dicho atributo garantiza 
que tras haberse obtenido una respuesta judicial, razonable  y fundada en 
derecho, las sentencias y resoluciones judiciales se ejecutan en sus propios 
términos, pues los derechos e interés de las personas reconocidos o 
declarados en una sentencia no serían afectivos sin la obligación correlativa 
de la parte vencida de cumplir efectivamente con lo ordenado mediante las 
sentencias judiciales.  La satisfacción de este derecho tiene por finalidad que 
las sentencias y resoluciones judiciales no se conviertan en simples 
declaraciones de intensión sin efectividad alguna. Ello obedece  a que el ideal 
de justicia material consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho 
que emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere 
una concreción, no solo en el pronunciamiento judicial que declara o 
constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o 
70 
 
realización material, que se logra mediante el cumplimiento de la sentencia 
en sus propios términos. El derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales constituye pues una concreción especifica de la exigencia de 
efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se 
agota allí, pues por su propio carácter tiene una vis expansiva que se refleja 
en otros derechos constitucionales de orden procesal (el derecho a un proceso 
que dure un plazo razonable). El  derecho a la efectividad de las resoluciones 
judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la parte 
que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, 
sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiera lugar a ello, por el daño 
sufrido.  
h. (Exp. No. 02005-2009-AA/TC, fundamento jurídico 12 y 13); Que según 
prevé el artículo 1 del código Procesal Constitucional, el proceso de amparo 
tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales, reponiendo las 
cosas al estado anterior a la violación de estos. Más aun el citado código 
señala en su artículo 59° que la sentencia firme que declara fundada la 
demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de la notificada, 
lo que significa ejecución inmediata al acto procesal de la notificación.  
i. (Exp. N° 042-2002-AA/TC, fundamento jurídico 11); El derecho a la 
ejecución de sentencias como el componente del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva supone la posibilidad de que la tutela ofrecida por el 
juez constitucional opere generando consecuencias fácticas en el ámbito de 
los derechos fundamentales de las personas. De ahí que sea acertado afirmar 
que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. Y es que la pronta 
y debida ejecución de las sentencias permite además dar efectividad al Estado 
Democrático de Derecho, que implica, entre otras cosas, la sujeción de los 
ciudadanos de la administración pública al ordenamiento jurídico y a las 
decisiones que adopta la jurisdicción, no solo juzgando sino también 
ejecutando lo juzgado. Así pues será inconstitucional todo aquel acto que 
prorrogue en forma indebida e indefinida el cumplimiento de las sentencias.  
71 
 
En efecto, este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de señalar 
que la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de 
sentencias constituye un elemento fundamental e imprescriptible en el logro 
de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el 
interés público, dado que el Estado de Derecho no puede existir cuando no es 
posible alcanzar la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. 
Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones 
que tienen actuaciones o comportamientos que debilitan el contenido material 
sin obligaciones de sus decisiones, pues solo así se podrán satisfacer los 
derechos de quienes han vencido en juicio, a asumir la carga de nuevos 
procesos.   
j. (Exp. No. 0023-2003-AA/TC, fundamento jurídico 28); señala que la 
independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad 
autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y 
la Ley. En puridad se trata de una condición de albedrio funcional. 
k. (Exp. No. 02465-2004-AA/TC, fundamento jurídico 8); refiere que la 
represión de actos lesivos homogéneos encuentra su sustento en la necesidad 
de garantizar la obligatoriedad de las sentencias estimativas firmes y evitar el 
inicio de un nuevo proceso constitucional frente a actos que de forma previa 
han sido analizados y calificados como lesivos de derechos fundamentales. 
Para conocer un pedido de actos lesivos homogéneos deben concurrir los 
siguientes presupuestos procesales: a) sentencia firme a favor del demandante 
en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales; b) 
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena; c) solo si existe una 
sentencia previa, en la que se estableció claramente el derecho afectado y el 
acto lesivo, y que adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la acción u 
omisión se produzca con posterioridad resulta homogénea; d) sentencia 
previa mediante la cual se declara fundada la demanda, puede ser el Poder 
Judicial o el Tribunal Constitucional.   
72 
 
l. (Exp. No. 03386-2009-PA/TC, fundamento j|urídico 6); menciona, si bien 
la tutela procesal efectiva aparece como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, es claro que se trata de un derecho constitucional que en su 
vertiente subjetiva supone, en términos generales un derecho a favor de toda 
persona para: i) acceder de manera directa o a través de representantes ante 
los órganos judiciales; ii) ejercer sin ninguna interferencia los recursos y 
medios de defensa que franquea la ley; iii) obtener una decisión razonable 
fundada en derecho; y iv) exigir la plena ejecución de fondo obtenida.    
73 
 
DERECHO COMPARADO 
 
VI. EL AMPARO DENTRO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA  
 
6.1. La recepción del amparo en América Latina  
 Gerardo Eto Cruz (2016), es el que mejor que ha desarrollado el estudio del 
Proceso Constitucional de Amparo, donde hace la recopilación tanto la legislación  
latinoamericana como la legislación europea, africana, asiática en donde existe esta 
herramienta procesal para tutelar la defensa y la protección de derechos 
fundamentales de las personas, así como  a nivel de los principales sistemas 
regionales de protección de los derechos humanos como son el europeo, a través del 
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos sistema y de las 
libertades fundamentales de 1950, y el sistema americano a través de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José de Costa Rica, en 
donde se recoge con distinta nomenclatura el instituto procesal de amparo como un 
medio de tutela de urgencia para proteger los derechos humanos, recibiendo 
diferentes nomen iuris  que recibe el amparo en el mundo. 
Así, en los que respecta a América Latina, Argentina ha recepcionado el 
instituto del amparo a nivel constitucional en el art. 43 párrafos 1 y 2 de su Ley 
Fundamental y lo ha desarrollado a nivel legislativo mediante la Ley No. 16986 – 
Ley de Acción de Amparo de 1966, recibiendo el nombre de “Acción de Amparo”; 
Bolivia por su parte ha sentado su base constitucional en el art. 19 de su Carta 
Magna, y lo reglamentado mediante la Ley No. 1836, Ley del Tribunal 
Constitucional de 1998, que le denominado “Recurso de Amparo”; Brasil, a su vez 
lo recogido, en el art. 5° LXIX y LXX de su constitución y desarrollado mediante 
Ley No. 1533, Lei do Mandadode Seguranca de 1951, con el nomen iuris de 
“Mandato de Seguranca” cuya traducción del es “Mandamiento de Seguridad o de 
Amparo”; Colombia le dado un reconocimiento constitucional en el art. 86 de la 
Constitución Política de 1991 y reglamento a través del Decreto 2591 donde se 
denomina al instituto “Acción de Tutela”; Costa Rica le dado configuración 
constitucional en el art. 48 de su Comando Normativo Mayor desarrollo legislativo a 
74 
 
través de la Ley de Jurisdicción Constitucional Ley No. 7135 de 1989, 
denominándole “Recurso de Amparo”; Chile ha sentado su marco constitucional en 
el art. 20 de su Carta Política y su desarrollo reglamentario está previsto en el Auto 
Acordado de la Corte  Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de 
garantías constitucionales de 1992, calificando al instituto como “Recurso de 
Protección”; Ecuador, lo comprende a nivel constitucional en el art. 95 y su 
regulación se encuentra en la ley de control constitucional de 1997, denominándole 
“Acción de  Amparo”; el Salvador lo prevé en el art. 247 en su constitución a nivel 
infra constitucional en la ley de procedimientos constitucionales de 1960 donde le 
denomina al instituto procesal como “Proceso de Amparo”; Guatemala lo 
comprende en el art. 265 de su constitución y ordenamiento reglamentario se 
encuentra en la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad a través  
del Decreto No. 1-86 de 1986, denominándole simplemente “Amparo”; Honduras, 
por su lado le da asiento constitucional en el art. 183 de su Carta Magna y desarrollo 
legislativo a través de la Ley sobre Justicia Constitucional de 2005 y le denomina 
“Garantía o Recurso de Amparo”;  México cuna de esta institución lo comprende en 
el art. 103 y 107 de su célebre constitución de 1917 y se ve reglamentada a través de 
la Ley de Amparo, reglamentaria de los art. 103 y 107 de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1936 denominando “Juicio de Amparo”;  Nicaragua lo prevé en los 
art. 45 y 1988 de su Constitución y lo desarrolla a través de la Ley de Amparo 1988 
consignándole como “Recurso de Amparo”; Panamá, por otro lado, recoge este 
instituto en el art. 50 de su Constitución y lo desarrolla en su Código Judicial  1987 
en el Libro IV que se trata de las instituciones de garantías, específicamente en el 
Titulo III titulado “Amparo de Garantías Constitucionales” donde se asigna el 
nombre de “Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales”; Paraguay, por su 
parte le ha otorgado rango constitucional a través del art. 134 de su Carta Política y 
lo reglamenta en la Ley No. 1,337/88, Código Procesal Constitucional de 1988, en el 
Libro IV “De los Juicios de Amparo”, y se llama simplemente “Amparo”;  Uruguay, 
a pesar de recoger expresamente este instituto procesal en su Constitución, lo ha 
regulado a nivel legislativo en la No.16.011 de 1988, que le denomina “Acción de 
Amparo”; y finalmente Venezuela, que ha recepcionado esta figura procesal en el 
75 
 
art. 27 de su Constitución y lo reglamentado a través de la Ley Orgánica de Amparo 
sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988, donde recibe dos nombres o 
acepciones “Acción de Amparo Constitucional” o “Acción de Amparo a la Libertad 
o Seguridad”.  
 
6.2. La recepción del amparo en Europa  
 A nivel europeo tenemos, en primer lugar, Alemania, cuya base 
constitucional del amparo se ubica en el art. 93.1, 4 de la Ley Fundamental de Bonn 
y reglamentada a través de la Ley del Tribunal Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgrichtsgesetz, BVertfGE) de 1961 que le denomina “Queja o 
Recurso Constitucional” (Verfassungsbesschwerde); Austria, que recoge el instituto 
procesal en el art. 144 de su Constitución y lo reglamenta vía la Ley del Tribunal 
Constitucional (Verfssungsgrichtshofgesetz, VerfGG) de 1953, lo denomina “Queja 
o Reclamación” (Beschwerde); Croacia, lo recoge en el art. 128 de su Carta Magna 
y lo desarrolla en la Ley Constitucional del Tribunal Constitucional de la República 
de Croacia (Ustavni Zakon O Ustavnon Sudu Republike Hrvatske), Numero 99 de 
1999 donde le asigna el nomen iuris de “Queja Constitucional”; Eslovaquia, por su 
parte lo prevé en el art. 127.1 de su Constitución y lo reglamenta a través de la Ley 
del Consejo Nacional de la República Eslovaca  No. 38, sobre la organización del 
Tribunal Constitucional de la Republica de Eslovaquia, los procedimientos ante el 
Tribunal Constitucional y el estatus de sus Jueces (Zakon Narodney Rady Slovenkej 
republiky o Romani pred nim a o postaveni jaho sdocov) de 1993, donde ha recibido 
la nomenclatura de “Queja Constitucional”; Eslovenia, por otro lado lo incluido en 
su comando normativo mayor en su art. 160 y lo ha desarrollado a través de la Ley 
del Tribunal Constitucional (Zakon o Ustavnem sodiseu) de 1994, donde se le 
denomina “Queja o Petición Constitucional”; España, a su vez, ha recogido este 
instituto en el art. 53.2 y 161.1, b) de su constitución y a nivel legislativo lo normado 
a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1978 y se le denomina 
“Recurso de Amparo”; Hungría, por otro lado, le ha denominado encaje 
constitucional en el art. 64 de su Norma Normarum y lo reglamentado a través de la 
Ley No. XXXII sobre el Tribunal Constitucional (evi XXXII torveny az 
76 
 
Alkotmanybirosagro) de 1989 identificándolo como “Petición o Queja 
Constitucional”; Polonia, por su parte ha establecido la base constitucional de este 
instituto en el art. 79 de su Carta Magna y lo ha reglamentado a través de la Ley del 
Tribunal Constitucional (Ustawa o Trybunale Konstytuccybjnym) de 1997 que le 
denomina “Queja Constitucional”; República Checa lo recoge en el art. 87.1 d) de 
su Constitución y lo desarrolla a nivel legislativo en la Ley del Tribunal 
Constitucional (Zakon o Ustaunin Soudu) de 1993, y le denomina “Queja 
Constitucional”; República de Macedonia recoge la institución en el art. 50 y 110 
de la Constitución y la reglamenta a través de las Reglas de Procedimiento del 
Tribunal Constitucional (Delounik Na Ustauniot Sud Na Republika Makedonija) de 
1992, donde se le denomina “Procedimiento para la protección de libertades y 
derechos”; Rusia, lo ha recogido en el art. 125.4 de su Constitución y lo reglamenta 
a través de la Ley Constitucional Federal sobre el Tribunal Constitucional de la 
Federación Rusa de 1994, calificándole como “Queja Constitucional”; y finalmente 
Suiza, que lo recoge en el art. 189.1 a) de su Constitución y lo desarrolla a través de 
la Ley Federal de Organización Judicial (Bundesrechtspflegegesetz, OG) de 1943 y 
le denomina “Recurso de Derecho Público” (Staatsrechtliche/ Recours de Droit 
public/ Ricorsi Diritto Pubblico). 
 
6.3. La recepción del amparo en África 
 Por su parte, en el continente africano ha sido recogido por la Republica de 
Cabo Verde, que lo regulado en el art. 20 y 219 e) de su Constitución, además de 
desarrollarlo a nivel reglamentario en la Ley de Amparo, No. 109/IV de 1994, donde 
se le llama “Recurso de Amparo”.    
 
6.4. La recepción del amparo en Asia  
 En Asia esta institución ha sido recepcionada por la Región Administrativa 
Especial de Macao, que le regula en los art. 4 y 36 de su Ley Básica (Lei Basica da 
Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China) y 
desarrollado por la Lei de Bases da Organizacao Judiciaria de Macau, No. 112, 
77 
 
Abrogada por Lei No. 9 que aprova a Lei de Bases da Organizacao Judiciaria de 
1999, que denomina a este instituto “Recurso de Amparo”.   
   
6.5. La recepción del amparo en el Derecho Internacional  
 En el plano de los diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, el amparo ha sido objeto de incorporación y con el mismo nomen 
iuris en sus versiones oficiales en diversos tratados que aquí vamos a precisar. Así, 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 se 
encuentra recogido en el art. 8, que a la letra dice: “toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo, ante los tribunales especiales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la 
ley”. 
Igualmente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
del 12 de mayo de 1948 lo incorpora en el art. 18, en los términos siguientes: “Toda 
persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo puede 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 
actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, algunos de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente”. 
Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos o también 
conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, 
regula el amparo en el art. 25 cuyo texto es el siguiente: “Toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun 
cuando tal violación sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales”. 
Finalmente, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas de diciembre de 1966 lo comprende en el art. 2 parágrafo 3, que in 
verbis dispone:  
 “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: 
78 
 
 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto 
hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales. 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativo, o cualquier 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollara 
las posibilidades del recurso judicial. 
c)  Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que hayan 
estimado procedente el recurso.  
             Por otro lado el maestro Hector Fix – Zamudio y Eduardo Ferrer Mac – 
Gregor (2007), señala que dentro de este complejo proceso de evolución, de 
recepciones en torno al amparo, bien puede deslumbrarse una disciplina denominada 
Derecho Procesal Constitucional Comparado y del cual Eduardo Ferrer lo ha 
esbozado y fruto de ello hoy tenemos un amparo iberoamericano con todos los países 
hispanohablantes, y en tal perspectiva, respecto a la naturaleza jurídica, si bien se 
sigue discutiendo, si se trata de un recurso, de una acción de juicio, de un medio 
impugnatorio, de una institución política, de control, interdicto o cuasi proceso, 
podemos concluir que aunque lo reconozca Eduardo Ferrer, es difícil encuadrar en 
una sola categoría la naturaleza de la institución en estudio, ya que en la práctica 
adquiere perfiles propios incluso tratándose del mismo país, no obstante, bien puede 
identificarse ciertos rasgos y perfiles que superan las características particulares y del 
diseño normativo de cada país para ubicarlo dentro de una teoría general del proceso 
en donde se puede consensualiza su verdadera naturaleza jurídica, como verdadero 
proceso de naturaleza constitucional y autónomo que tiene como fin la tutela de los 
derechos fundamentales de las personas. 
Por último, a nivel de los sistemas regionales de protección de los 
derechos humanos o de jurisdicción constitucional supranacional el instituto de 
amparo ha sido recogido tanto en el sistema europeo de protección como en el 
sistema americano. En cuanto al sistema europeo la base convencional de este 
79 
 
instituto se halla prevista en los art. 13 y 34 del Convenio de Europeo para la 
protección de los derechos humanos  y de las libertades fundamentales de 1950, 
siendo regulado por el reglamento de la Corte de Europa de Derechos Humanos de 
Estrasburgo (Rules of the Court/ Reglement de la Cour) de 2005, que recoge el 
amparo como derecho subjetivo tutelado por el art. 13 de la Convención, que le 
denomina en este sentido “Recurso” (Remedy/Recorurs), tanto como instrumento 
procesal de tutela, en virtud del art. 34 de la misma convención, que en este caso 
aplica a este instituto el nomen iuris de “Demanda Individual” (Inidividual 
application / Requeté individuale).  
Como se puede apreciar, en las diferentes legislaciones del mundo el 
proceso constitucional de amparo a adoptado diferentes nombres, siendo lo más 
resaltante de esta herramienta procesal en la legislación comparada que está enfocado 
a proteger esencialmente derechos fundamentales de la persona humana, y cada país, 
ha acogido los mecanismos necesarios para el cumplimientos de las resoluciones 
judiciales para proteger de manera urgente y eficaz al demandante o reclamante 
restituyendo sus derechos vulnerados, es decir, en la mayoría de los países del 
mundo, se arrogado dispositivos idóneos para garantizar las ejecuciones efectivas de 
sentencias de amparo y especialmente cuando provienen del derecho al trabajo, toda 
vez, que se trata de un derecho preferente y prioritario, descansando su esencia de 
protección en la dignidad de la persona, dado que el trabajo es toda actividad 
adquirida producto del esfuerzo físico y psicológico que realiza una persona para 
satisfacer sus necesidades personales y de su núcleo familiar. Es por ello, la 
magnitud con la protegen al trabajador  despedido arbitrariamente en el derecho 
comparado, con dispositivos legales idóneos, que sancionan a los funcionarios 
públicos con destitución de sus cargos y pena efectiva de cárcel, cuando se nieguen  
acatar un mandato judicial con calidad de cosa juzgada que contenga una orden 
reposición laboral, situación que todavía no se implementado en nuestra sistema 
procesal peruano. 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
     
1. Uno de los graves problemas que enfrenta el Código Procesal Constitucional 
Peruano, es la limitada vigencia de los derechos fundamentales, sucede con 
frecuencia que los textos constitucionales que reconocen estos derechos a la fecha 
no han sido suficientes para lograr su efectiva vigencia. Esta preocupante realidad 
ha impulsado el interés del investigador en crear una herramienta procesal, a fin 
de perfeccionar los mecanismos procesales para efectivizar las ejecuciones de 
sentencias derivados de un proceso constitucional de amparo laboral dentro de un 
plazo razonable, teniendo como objetivo principal suplir los vacíos procesales de 
la norma adjetiva, a fin de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos, y es que en la actualidad el grave problema que enfrentan los derechos 
humanos es protegerlos en su real dimensión, para ello no basta con lograr su 
reconocimiento normativo, sino que resulta indispensable fortalecer los 
instrumentos y mecanismos procesales idóneos y suficientes para garantizar su 
plena vigencia. 
2. Las falencias y vicios que presenta la norma procesal materia de estudio, el 
investigador lo ha denominado La Ley Constitucional en Blanco, surge ante 
deficiencia normativa que existe dentro del Código Procesal Constitucional, 
específicamente en la etapa  de ejecución de sentencia, que se encuentra 
establecesido dentro de los art. 22° y 59° de la norma antes preciada, por cierto 
artículos que resultan insuficientes en su aplicación, toda vez, que desde muchos 
antes y hasta la actualidad esta deficiencia legal todavía no ha sido superado 
legislativamente y menos jurisprudencialmente. Pero esto no queda ahí, sino que 
tiene una repercusión mayor, desde el punto de vista del derecho laboral tanto 
81 
 
individual como colectivo, porque muchas veces el trabajador pierde muchos 
derechos como sus remuneraciones, beneficios sociales, derechos previsionales, 
derechos adquiridos por convenio colectivo entre otros. 
3. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a los 
tribunales, el derecho a obtener sentencia fundada en derecho congruente, el 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho a la ejecución 
de sentencias dentro de un plazo razonable, en este sentido, el derecho a la 
ejecución de sentencias judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada es 
una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, es decir, aquellas que se 
han cumplido con el canon de control constitucional de las resoluciones judiciales 
para dar seguridad jurídica al demandante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
a. Que se regule un artículo dentro del Código Procesal Constitucional que 
remita de manera clara y precisa al Código Penal, y este su vez, regule como 
delito autónomo el incumplimiento de sentencia de amparo laboral, es decir, 
cuando el operador jurídico se encuentre frente a una conducta típica, 
antijurídica, culpable y punible  de incumplimiento de sentencia de reposición 
laboral, el juez de ejecución pueda remitir las copias certificadas de las piezas 
procesales pertinentes al Ministerio Publico, para que el fiscal de turno abra 
investigación preliminar  por tratarse de un flagrante delito, situación similar 
como se ha regulado para el caso de los proceso de alimentos, que ante el 
incumplimiento y omisión de prestar los alimentos se configura delito de 
omisión a la asistencia familiar, pues planteamos que el mismo procedimiento 
se debe regular para hacer efectivo las sentencias estimatorias que contengan 
una orden de reposición laboral, viabilizando y haciendo más célere y eficaz 
las ejecuciones de las sentencias de amparo  por tratarse de un derecho 
preferente y más aún por tratarse de un proceso constitucional de tutela 
urgente que restituye derechos fundamentales vulnerados, lo que permitirá 
que las ejecuciones de sentencias sean cumplidas dentro de un plazo 
razonable que satisfaga al demandante. 
b. Presentar un proyecto de ley al Congreso de la Republica que contenga los 
lineamientos básicos, para que se agregue un artículo dentro del Código 
Procesal Constitucional que viabilice la ejecución de la sentencia, 
permitiendo al juez constitucional remitir al Código Penal para que este 
83 
 
sancione con pena privativa de libertad, por lo que también se debe regular 
mediante una ley especial para que se incorpore como delito la conducta 
jurídica de incumpliendo de sentencias derivado de un proceso de amparo 
laboral, permitiendo de esta manera que las ejecuciones de las sentencias de 
amparo se ejecuten dentro de un plazo razonable.     
 
 
RESUMEN 
 
i. El proceso constitucional de amparo, es un proceso especial, que tiene como 
finalidad proteger derechos fundamentales, de manera sumaria, urgente y 
eficaz, para restablecer un derecho fundamental vulnerado; teniendo un 
problema en la actualidad que aflige tanto a los justiciables y abogados 
litigantes, es el incumplimiento de las sentencias por parte de los obligados, 
pese que existe sendas sentencias del TC que ha tratado de superar este 
problema, todavía no se ha superado, por el contrario, en nuestros días se ha 
convertido un problema en práctica jurídica tanto para los operadores jurídicos 
y para los abogados litigantes, más aun para los reclamantes o demandantes. 
Por lo que, consideramos que debe regularse una norma remisiva dentro del 
cuerpo normativo del Código procesal constitucional que permita enviar al 
Código Penal, para sancionar esta conducta antijurídica omisiva, mecanismo 
que mejoría la ejecución de sentencias dentro de un plazo razonable.    
ii. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es un derecho 
constitucional que constituye núcleo duro de los derechos fundamentales, 
vincula a todos los poderes públicos. Una de sus manifestaciones y 
concreciones principales es el derecho a la eficacia de las sentencias. 
iii. De conformidad con la teoría institucional adoptada por el TC, el derecho a la 
eficacia de la sentencias implica no solo el derecho del titular de exigir el 
cumplimiento de los fallos, sino la obligación constitucional del juez y del 
Estado, de hacerlos cumplir. Existe una obligación constitucional ineludible 
sobre el juez de promover y garantizar la efectividad de las sentencias del TC. 
84 
 
iv. De conformidad con el artículo 53 del Código Procesal Civil, aplicable a los 
procesos constitucionales de manera supletoria en virtud del artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional las medidas coercitivas 
pueden ser impuestas de oficio por el juez de ejecución. 
v. La especial naturaleza de los procesos constitucionales, en la medida en que 
suponen una “concretización de la Constitución”, teoría abrazada por el TC en 
su jurisprudencia, y su especial naturaleza publicistaca recogida en el artículo 
II y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional de los 
procesos constitucionales, exige del juez constitucional, un mayor 
protagonismo en este tipo de procesos, a efectos de cumplir con su función de 
defensa de la supremacía normativa de la Constitución y de efectiva vigencia 
de los derechos fundamentales. 
vi. Los principios del derecho procesal constitucional de dirección judicial del 
proceso, de impulso de oficio del proceso, pro actione, y elasticidad, 
interpretados todos ellos de conformidad con el principio pro homine o pro 
libertatis, exigen del juez una acción de oficio para garantizar la efectiva 
vigencia del derecho a la eficacia de las sentencias. Dichos principios son 
vinculantes y tienen carácter normativo en la medida en que han sido 
recogidos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 
vii. La defensa de los derechos fundamentales y la efectiva y plena vigencia de la 
Constitución Política, impone al Estado un conjunto de deberes positivos a 
efectos de garantizarlas. 
viii. Los instrumentos de protección internacional de derechos humanos regionales 
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigen 
al Estado una efectiva protección del derecho a la eficacia de la sentencias. Su 
incumplimiento es absolutamente incompatible con las obligaciones asumidas 
por el Estado en materia de derechos humanos. 
ix. Sin eficacia de las sentencias no hay Constitución Política vinculante ni eficaz 
protección de los derechos fundamentales. La efectividad de los derechos 
fundamentales está condicionada y supeditada a la efectividad de las 
85 
 
sentencias; y sin fuerza normativa de la Constitución, no hay Estado 
Constitucional de derecho. 
 
 
 
 
  
86 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
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87 
 
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ANEXO 01 
 
CASO PRACTICO EXP. N.° 00382-2013-PA/TC 
 
EXP. N.° 00382-2013-PA/TC 
LIMA 
SONIA PILAR DELGADILLO 
QUISPE - EXP. 241-2010-PA/TC 
            
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  
En Lima, a los 12 días del mes de junio de 2013, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
ASUNTO  
Recurso de apelación por salto interpuesto por doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe 
contra la resolución de fojas 828, su fecha 7 de agosto de 2012, expedida por el 
Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que declaró cumplida la 
sentencia y concluido el proceso constitucional. 
ANTECEDENTES 
 Con fecha 20 de abril de 2009 doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe interpuso 
demanda de amparo contra la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 
del Perú - ENSABAP, solicitando que se ordene su reposición en el cargo que venía 
desempeñando o en otro similar. Sostuvo que sus contratos de locación de servicios 
no personales, celebrados con la ENSABAP, dieron origen a una relación jurídica de 
carácter laboral, con subordinación y dependencia. 
El Tribunal Constitucional, con sentencia de fecha 18 de agosto de 2010 recaída en 
el Exp. Nº 00241-2010-PA/TC, declaró fundada la demanda de amparo ordenando la 
 
reposición de doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe en su mismo puesto de trabajo o en 
otro de igual o similar nivel, tras considerar que en aplicación del principio de 
primacía de la realidad quedó establecida la existencia de una relación de naturaleza 
laboral, por lo que ante la comisión de una falta grave de la demandante, debió 
iniciarse el procedimiento sancionador conforme a lo dispuesto en el artículo 31º del 
D.S. Nº 003-97-TR. 
Con escrito de fecha 23 de mayo de 2012, presentado en fase de ejecución de 
sentencia, la ENSABAP comunica al Juzgado haber dado cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional, adjuntando para ello la R.D. Nº 056-2012-
ENSABAP a través de la cual se establece un reordenamiento del CAP institucional, 
siendo que doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe será repuesta en el cargo de auxiliar 
administrativo I de la Subdirección de Biblioteca y Centro de Documentación de la 
Escuela. Por su parte, la demandante Sonia Pilar Delgadillo Quispe, con escrito de 
fecha 9 de junio de 2012, absuelve el traslado conferido, argumentando que la 
ENSABAP pretende reponerla en el régimen laboral de la actividad pública, y no en 
el régimen de la actividad privada regido por el Decreto Legislativo Nº 728.   
Absolviendo ambos escritos, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional 
de Lima, con resolución de fecha 7 de agosto de 2012, declara cumplida la sentencia 
y concluido el proceso constitucional, al considerar que en la R.D. Nº 056-2012-
ENSABAP no se alude directamente al Decreto Legislativo Nº 276, por lo que la 
aseveración de la demandante no se verifica, máxime si la judicatura no puede influir 
sobre disposiciones internas relacionadas con el reordenamiento del CAP.  
Con escrito de fecha 10 de setiembre de 2012, doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe 
interpone recurso de apelación por salto argumentando que la STC Nº 00241-2010-
PA/TC estableció claramente que su reposición debía ser como trabajadora sujeta al 
régimen laboral de la actividad privada, regido por el Decreto Legislativo Nº 728, 
siendo que la R.D. Nº 056-2012-ENSABAP establece para su nivel el cargo de 
servidor público de apoyo SP-AP, regido por el Decreto Legislativo Nº 276. 
FUNDAMENTOS 
 
 1.  Delimitación del petitorio 
 1.        El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Pilar 
Delgadillo Quispe tiene por objeto dar ejecución en sus propios términos a la 
sentencia de fecha 18 de agosto de 2010 expedida por el Tribunal Constitucional en 
el Exp. Nº 00241-2010-PA/TC, que ordenó su reposición laboral en el mismo puesto 
de trabajo o en otro de igual o similar nivel, bajo el régimen laboral de la actividad 
privada (D.S. Nº 003-97-TR). En suma, el presente RAC tiene por objeto discutir el 
régimen laboral en el que deberá ser repuesta la demandante en amparo. 
2. Cuestión procesal previa. La competencia del Tribunal Constitucional para 
resolver el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sus 
propias sentencias. 
2.  Este Colegiado, con resolución de fecha 2 de octubre del 2007, recaída en el 
Expediente Nº 0168-2007-Q/TC, estableció la procedencia del recurso de 
agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional, precisando que “el recurso de agravio a favor del 
cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional tiene como finalidad 
restablecer el orden jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado 
mediante sentencia estimatoria del Tribunal en el trámite de un proceso 
constitucional” (Fundamento 8). 
3.   Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la STC Nº 0004-2009-PA/TC: a) el 
recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una 
Sentencia del Tribunal Constitucional será denominado recurso de apelación por 
salto a favor de la ejecución de una sentencia; b) el recurso de apelación por 
salto a favor de ejecución de una sentencia del TC se interpone contra la 
resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el 
mandato de una sentencia del TC, o que declara fundada la contradicción u 
observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el 
recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo 
401º del Código Procesal Civil. La resolución del recurso de apelación por salto 
 
a favor de la ejecución de una sentencia del TC o del recurso de queja por 
denegatoria del recurso referido se realizará sin trámite alguno; c) el recurso de 
apelación por salto a favor de la ejecución de una STC no procede cuando: c.1.) 
el cumplimiento de la sentencia conlleve un debate sobre la cuantificación del 
monto de la pensión de cesantía o jubilación, o de los devengados, reintegros, 
intereses, costas o costos; c.2.) el mandato de la sentencia constitucional cuya 
ejecución se pretende establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento 
progresivo; y, c.3) cuando el propio recurrente decide que la correcta ejecución 
del mandato de la sentencia constitucional se controle a través del amparo contra 
amparo. En estos casos, el proceso de ejecución de la sentencia constitucional 
sigue su trámite en las dos instancias del Poder Judicial y contra la resolución 
denegatoria de segundo grado procede el recurso de agravio 
constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional previsto en la RTC Nº 00168-2007-Q/TC, salvo en el supuesto 
b), supra. 
4. Atendiendo a las líneas jurisprudenciales descritas, este Colegiado tiene 
competencia para pronunciarse, vía el recurso de apelación por salto, sobre la 
ejecución en sus propios términos de la sentencia constitucional de fecha 18 de 
agosto de 2010 recaída en el Exp. Nº 00241-2010-PA/TC. Ello se sustenta en el 
hecho de que la inejecución de una sentencia, sea ésta dictada por el Poder 
Judicial o por el propio Tribunal Constitucional, acarrea en la práctica una 
denegatoria (desestimación) de lo pretendido en la demanda, y allí radica su 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución 
Política del Perú y con el artículo 18° del Código Procesal Constitucional. 
5.  A lo expuesto habría que agregar que esta competencia del Tribunal 
Constitucional, en la práctica, se hace aún más necesaria si se tiene en cuenta que 
los efectos estimatorios de un amparo resultan ser eminentemente restitutorios, y 
como tal involucran per se una transformación iusfundamental en la esfera 
jurídica del demandante que debe ser cumplida y/o ejecutada de manera 
 
ineludible por el órgano judicial correspondiente. Y ese cumplimiento, por 
ser iusfundamental, debe ser verificado por este Colegiado Constitucional.  
3.  Sobre la vulneración del derecho a que se respete una resolución que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada: ¿En qué régimen laboral debe ser 
repuesta la demandante? 
Argumentos de la demandante 
6.     Alega la recurrente que la STC Nº 00241-2010-PA/TC estableció claramente 
que su reposición debía ser como trabajadora sujeta al régimen laboral de la 
actividad privada, regido por el Decreto Legislativo Nº 728, siendo que la R.D. 
Nº 056-2012-ENSABAP establece para su nivel el cargo de servidor público de 
apoyo SP-AP, es decir, regido por el Decreto Legislativo Nº 276. 
Argumentos de la demandada  
7.    Por su parte, la ENSABAP manifiesta haber dado cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Constitucional, adjuntando para ello la R.D. Nº 056-2012-
ENSABAP a través de la cual se establece un reordenamiento del CAP 
institucional, siendo que doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe será repuesta en el 
cargo de auxiliar administrativo I de la Subdirección de Biblioteca y Centro de 
Documentación de la Escuela. 
Consideraciones del Tribunal Constitucional 
 8.  Este Colegiado Constitucional ha señalado en forma reiterada que “mediante el 
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las 
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas 
mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque 
ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido 
de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin 
efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 
incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que 
se dictó” (Cfr. STC Nº 4587-2004-AA/TC, Fundamento 38). 
 
9.     Del mismo modo, ha establecido que “(...) el respeto de la cosa juzgada (…) 
impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución 
posterior, aunque quienes la hubieran dictado entendieran que la decisión inicial 
no se ajustaba a la legalidad aplicable, y tampoco por cualquier otra autoridad 
judicial, aunque esta fuera de una instancia superior, precisamente, porque 
habiendo adquirido carácter firme, cualquier clase de alteración importaría una 
afectación del núcleo esencial del derecho” (Cfr. STC Nº 0818-2000-AA/TC, 
Fundamento 4). 
10.  Sobre el particular, de autos se aprecia que la sentencia de fecha 18 de agosto de 
2010, recaída en el Exp. Nº 00241-2010-PA/TC, declaró fundada la demanda de 
amparo ordenando la reposición de doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe en su 
mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, tras considerar que en 
aplicación del principio de primacía de la realidad quedó establecida la 
existencia de una relación de naturaleza laboral, por lo que ante la comisión de 
una falta grave de la demandante, debió iniciarse el procedimiento sancionador 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31º del D.S. Nº 003-97-TR (fojas 210-
213). 
11.  En fase de ejecución de sentencia, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en 
el proceso de amparo, la ENSABAP levantó el acta de reposición laboral de 
fecha 13 de octubre de 2010, comunicándole a doña Sonia Pilar Delgadillo 
Quispe que concurra a la Escuela para el inicio de sus actividades como modelo 
(fojas 236). Posteriormente, ante una actividad inspectiva realizada en fecha 19 
de noviembre de 2010 por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima- Callao se deja constancia de que doña Sonia Pilar Delgadillo 
Quispe no ha suscrito contrato administrativo de servicios alguno, no ha 
procedido al cobro de retribución alguna, no se le ha registrado en ESSALUD, 
porque está a la espera de la suscripción del contrato CAS y de la emisión de los 
recibos por honorarios (fojas 264-267). Más adelante, con escrito de fecha 17 de 
diciembre de 2010, la ENSABAP comunica al Juzgado que la recurrente se ha 
negado a suscribir el contrato CAS (fojas 299-300).  
 
12. Conviene preguntarse entonces si la exigencia de suscribir contratos 
administrativos de servicios tiene la virtud de cumplir y/o ejecutar la sentencia 
de fecha 18 de agosto de 2010, recaída en el Exp. Nº 00241-2010-PA/TC. Este 
Colegiado considera que la exigencia de suscribir contratos administrativos de 
servicios inejecuta los propios términos de la sentencia constitucional emitida. 
En efecto, el Tribunal Constitucional ordenó en su momento la reposición 
de doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe en su mismo puesto de trabajo o en otro 
de igual o similar nivel, tras considerar que en aplicación del principio de 
primacía de la realidad quedó establecida la existencia de una relación de 
naturaleza laboral, por lo que ante la comisión de una falta grave de la 
demandante, debió iniciarse el procedimiento sancionador conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31º del D.S. Nº 003-97-TR. 
13.  De esta consideración esgrimida en la sentencia, es perfectamente posible inferir 
que el Tribunal Constitucional reconoció de manera implícita la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, pues este solo existe como producto 
de una relación de naturaleza laboral: prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados (artículo 4º del TUO del D.L. Nº 728); y tales 
requisitos se verificaron en el caso de la demandante doña Sonia Pilar Delgadillo 
Quispe.  
14.  Determinadas así las cosas, doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe solo podía ser 
repuesta como trabajadora de la actividad privada a plazo indeterminado y no 
como trabajadora sujeta a contrato administrativo de servicios, ni como 
trabajadora sujeta a la carrera administrativa, ya que la eventual suscripción de 
estos últimos contraviene en forma expresa los fundamentos y la parte resolutiva 
de la sentencia mencionada que, según se ha señalado supra, aluden a la 
suscripción ineludible de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (Cfr. STC 
Nº 03941-2010-PA/TC, Fundamento 13). 
15.  Y es que, en los casos de amparos en materia de reposición laboral en los que la 
relación laboral vino etiquetada o aparentada de civil, los efectos estimatorios de 
un amparo y sus consecuencias eminentemente restitutorias se dirigen a reponer 
 
las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho constitucional, siendo 
que en dicho estado anterior existió en la realidad una prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados a plazo indeterminado, lo que ocurrió en 
el caso de doña Sonia Pilar Delgadillo Quispe (artículo 4º del TUO del D.L. Nº 
728).  
16.  Verificándose entonces que la resolución judicial emitida por la instancia 
inferior, que declaró cumplida la sentencia y concluido el proceso constitucional 
–sin tener en cuenta la inconstitucional exigencia de suscribir un CAS, ni la 
certeza de si la R.D. Nº 056-2012-ENSABAP establecía el régimen laboral de la 
actividad privada para la recurrente– vulnera el derecho a que se respete una 
resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, la misma debe ser dejada 
sin efecto, ordenándose al juez de ejecución enmendar el proceso al objetivo de 
ejecutarse en sus propios términos la sentencia constitucional emitida por el 
Tribunal Constitucional a través de la suscripción del contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. 
17.  Por lo expuesto, este Colegiado declara que, en el presente caso, se ha afectado 
el derecho de la recurrente a que se respete una resolución que ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada reconocido en el artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú. 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
HA RESUELTO  
1.    Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional; en 
consecuencia, NULA la resolución de fecha 7 de agosto de 2012, que declaró 
cumplida la sentencia y concluido el proceso constitucional. 
2.   ORDENAR que el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima 
cumpla con expedir una nueva resolución disponiendo que la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú - ENSABAP ejecute la sentencia 
 
constitucional suscribiendo con la recurrente un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado (artículo 4º del TUO del D.L. N.º 728). 
Publíquese y notifíquese. 
SS.URVIOLA HANI / CALLE HAYEN / ÁLVAREZ MIRANDA 
ANEXO 02 
 
ANALISIS DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL EXP. N.° 
00382-2013-PA/TC 
 
Fluye del estudio y análisis de los hechos que se desprende de la sentencia, que la 
señora Sonia Pilar Delgadillo Quispe interpuso demanda constitucional de amparo 
contra la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú - 
ENSABAP, solicitando como pretensión principal la reposición efectiva a su centro 
de labores como modelo, toda vez, que sus contratos de locación de servicios dieron 
origen a una relación laboral a plazo indeterminado por configurándose un contrato 
de trabajo sujeto al régimen laboral privado de acuerdo D.S. Nº 003-97-TR – Ley de 
Productividad y Competitividad laboral, es decir, de acuerdo al principio de Primacía 
de la Realidad se comprobó, la dependencia, la subordinación, y la retribución 
económica por el trabajo realizado. 
En este contexto, la demandante interpuso  recurso de agravio constitucional a favor 
del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, 
denominado por doctrina recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de 
una sentencia, toda vez, que contaba con una sentencia firme con calidad de cosa 
juzgada material donde se ordenaba su reposición efectiva a su centro de labores bajo 
los términos del D.S. Nº 003-97-TR; consecuentemente, se aprecia que la entidad 
emplazada, hace caso omiso a la aparte resolutiva de la sentencia, incumpliendo lo 
ordenado, mas por el contrario, trata de reponerle a demandante de manera 
defectuosa y fraudulenta bajo el régimen laboral de carrera administrativa, motivo 
principal por el que solicita la demandante un nuevo pronunciamiento del TC, la que 
 
concluye declarando fundada su demanda y ordenando que se de cumplimento a la 
sentencia, donde se ordena su reposición a su centro de trabajo bajo en régimen 
laboral de la actividad privada. 
Como se puede apreciar del texto aludido en la sentencia, todavía no se ha 
introducido mecanismos idóneos  para hacer efectiva la ejecución de sentencias 
dentro del Código Procesal Constitucional, por el contrario, en la actualidad se puede 
verificar que existe muchos casos de incumpliendo de sentencias constitucionales 
que contienen una orden de reposición laboral, que deviene para el demandante en 
acto lesivo de sus derechos fundamentales como: el derecho a la seguridad social, 
durante el tiempo que una persona se encuentra despedida no puede disfrutar del 
seguro de saludad, de la misma forma se suspende sus derechos previsionales, toda 
vez, que en durante el tiempo que esta despedido no se deposita para que computa 
sus años de jubilación, de igual manera, pierde los beneficios adquiridos mediante 
una negoción colectiva, dado que las negociones colectivas tienen como finalidad 
beneficiar a los trabajadores que presten sus servicios de manera vigente y directa, 
mas no cuando están despedidos.  De esta manera con la no ejecución de una 
sentencia se vulnera una pluralidad de derechos fundamentales, colisionando con el 
artículo 1° de la constitución que es la dignidad de persona y afectando su proyecto 
de vida, por lo que el estado debe adoptar mediadas idóneas para reprimir toda 
acción u omisión que tenga como finalidad afectar o retardar la ejecución de una 
sentencia.  
Tal como se observa, la sentencia materia de análisis, para  hacer efectiva la 
ejecución de la sentencia, la demandante tuvo que recurrir a un nuevo proceso 
constitucional de amparo para solicitar el derecho a la ejecución de la sentencia 
donde se ordenaba la reposición a su centro de labores bajo el régimen laboral de 
actividad privada, lo que ha dado origen que transcurra bastante  tiempo para que el 
juez resuelva el nuevo proceso, para que pueda obtener tutela judicial efectiva y 
pueda gozar un derecho que por ley le corresponde. Finalmente debo considerar que 
todavía, el TC como máximo intérprete de la constitución no dejado bien zanjado 
este tema, toda vez, que es un problema que aqueja a la sociedad y a los demandantes 
o reclamantes, porque no es un problema que pasa solo en Lima y Provincias, sino 
 
que es un problema a nivel nacional; por ello, culminare mencionando que toda 
reforma es importante pero abecés no es suficiente para darle una calidad de justicia 
a los ciudadanos que todos los días claman por tutela judicial efectiva.    
 
 
 
ANEXO 03 
 
PROYECTO DE SENTENCIA  
 
JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE HUAURA. 
 
EXPEDIENTE : 00299-2017-0-1308-JR-CI-03 
MATERIA  : PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO 
ESPECIALISTA : GARCIA MORALES, MILAGROS 
DEMANDADO : EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI SAA,  
DEMANDANTE : MIRANDA MORALES, MIGUEL ÁNGEL  
 
RESOLUCION NÚMERO CATORCE.- 
Huacho, cuatro de abril  del dos mil diecisiete.- 
 
SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES  
 UNO: Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2017, de fojas 68 a 86, don 
MIGUEL ÁNGEL MIRANDA MORALES, interpone demanda de amparo, contra 
la Empresa Azucarera Andahuasi S.A.A., a fin de que: a) Se declare inaplicable la 
Carta de Pre-aviso de Despido del 28 de diciembre de 2016 y la Carta de Despido de 
fecha 02 de enero de 2017, mediante la cual se le atribuye una supuesta falta grave; 
 
b) Se le reincorpore de manera inmediata a su centro laboral, en la misma forma y 
condiciones que laboraba. c) El restablecimiento de todos sus derechos que por ley le 
corresponde, desde que se le envió la carta de Pre aviso y de despido. 
 
II. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE. 
DOS: El demandante manifiesta lo siguiente: 
A)Ante los excesivos abusos y violaciones a los derechos de los trabajadores y el 
incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa, los obreros 
se vieron en la obligación de constituir su Sindicato de Trabajadores Obreros de la 
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., la misma que se encuentra 
acreditada e inscrita ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y con 
personería jurídica ante los Registros Públicos, asumiendo su persona el cargo de 
Secretario General Adjunto del Sindicato.   
B)Con fecha 19 de diciembre de 2016 se aprobó el Anteproyecto de Convenio 
Colectivo – Pliego de Reclamos 2016-2017, donde su persona se encuentra 
designado como Miembro de la Comisión Negociadora, documento presentado 
ante la empresa el 23 de diciembre de 2016 y ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del empleo con fecha 27 de diciembre de 2016. 
C)Después de haber tomado conocimiento de la aprobación del pliego de reclamos, 
la emplazada ha adoptado actos antisindicales y actitudes arbitrarias e ilegales, 
contra su persona en su condición de Secretario General Adjunto del Sindicato de 
Trabajadores Obreros de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. y 
Miembro de la Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos 2016-2017 y del 
trabajador obrero Toribio Muñoz Ermitaño, que actualmente ocupa el cargo de 
Secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores Obreros de la 
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. asimismo, es miembro de la 
Comisión Negociadora del Pliego de Reclamos 2016-2017, es decir, una evidente 
acción ilícita contra los derechos Constitucionales Protegidos, por parte de la 
Empresa con la finalidad de evitar el trámite respectivo de su negociación 
colectiva, presentada para el periodo 2016-2017. 
 
D)Siguiendo con estos actos de agresión verbal y hostilización por parte de los 
representantes de la empresa emplazada, con fecha 19 de diciembre de 2016, en 
horas de la mañana como es habitual en circunstancias que pasaban lista para 
iniciar las labores, fue separado de la formación por el Administrador, quien le 
hizo conocer el motivo de su separación, manifestando que por el hecho de ser 
Miembro del Sindicato de Obreros y haberse reunido con el Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Agraria Andahuasi S.A.A. Sr. 
Santiago Coca y que la orden de separarlo de sus labores venía de parte del 
Presidente del Directorio de la emplazada.  
E)Con fecha 20 de diciembre de 2016, en horas de la mañana, antes de ser separado 
fue humillado en presencia de todos sus compañeros trabajadores obreros por parte 
del Directorio de la empresa, manifestándole que su separación era por haberse 
reunido con el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. y él le había entregado dinero en 
efectivo,  (S/. 30,000.00 nuevos soles), 120 panetones y que estaba traicionando a 
la empresa, motivo por el cual se le despide.   
F)El día 20 de diciembre de 2016, después de haberse retirado de la formación de su 
centro de labores, el personal de seguridad de dicha empresa pretendió llevarlo 
mediante la fuerza en una camioneta a la Oficina principal ubicada en Calle La 
Unión 122 – Huacho, poniendo resistencia por temor, ya que se encontraban 
armados y por sus propios medios se presentó por ante la Oficina Principal, donde 
le manifestaron que desconocían el motivo del comportamiento del Presidente del 
Directorio y que mientras dure la investigación se le iba a considerar como si 
estuviera laborando. 
G) Recién a exigencia de los miembros de la Junta Directiva del sindicato de 
Trabajadores Obreros de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. y de su 
persona, después de 9 días que se encontraba sin laborar, con fecha 29 de 
diciembre de 2016, mediante Carta Notarial se le hace de conocimiento el motivo 
de su despido. 
 
H) Mediante Carta de Despido de fecha 02 de enero de 2017, notificada el 03 de 
enero de 2012, argumentando que no ha realizado ningún tipo de descargo 
respecto a las imputaciones que le han efectuado. 
I) Al pretender despedirlo por las acusaciones sin fundamento legal ni medios 
probatorios, se acredita que la empleadora no respeta la Leyes, al obstruir la labor 
inspectiva dispuesta por Director de Inspecciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, vulnerando la libertad sindical, el derecho de negociación 
colectiva, libertad sindical, fuero sindical, libertad de opinión, libertad de reunión, 
al trabajo, de asociación, hechos que se encuentra acreditado en el presente 
proceso.   
   
III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA 
TRES: Mediante escrito de fecha 04 de setiembre de 2016 que obra de fojas 129 a 
149; la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. debidamente representada por 
su Gerente General, propone la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda y contesta la demanda, solicitando que la misma se declare 
improcedente e infundada exponiendo que: 
A) Su representada necesita ofrecer medios probatorios como las testimoniales de los 
trabajadores que ayudarán a acreditar que el actor ha cometido falta grave en 
contra de la empresa quebrantando la buena fe laboral y para ello se hace necesario 
que el proceso cuente con una etapa probatoria, no siendo la vía de amparo la 
adecuada para dilucidar el tema en controversia, debiendo recurrirse a la vía 
ordinaria laboral. 
B) La vía de amparo indubitablemente lesionaría su derecho a la defensa, ya que no 
podrían ejercer a plenitud su derecho a la contradicción ni ofrecer medios de 
pruebas que necesitan de una estación probatoria para ser valoradas.  
C) Estando acreditado que existe una vía paralela igualmente satisfactoria para la 
tutela judicial del actor, y que existen hecho controvertidos respecto a la causa 
justa del despido.  
 
IV. FUNDAMENTOS 
 
CUATRO: El artículo 200° de la Constitución Política del Estado, prescribe: “Son 
garantías constitucionales: (…). 2. La Acción de Amparo, que procede contra el 
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 
vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con 
excepción de los señalados en el inciso siguiente (…). 
CINCO: En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, (caso Bailón 
Flores) que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Amparo 
será la vía idónea para obtener protección adecuada contra el despido arbitrario.  
 
Teniéndose en cuenta que el recurrente denuncia haber sido víctima de un despido 
arbitrario, la jurisdicción constitucional es competente para resolver la pretensión, 
por verificar suficiente medios de prueba que acreditan los derechos fundamentales 
vulnerados por la demandada. 
SEIS: El demandante afirma que fue despedido por haber sido nombrado como 
Secretario General Adjunto del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa 
Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A.; y a fin de sustentar su pretensión, adjunta los 
siguientes medios probatorios: 
A)Copia de la Carta N° 031-2011/STOEAAA/SG de fojas 3, de fecha 23 de 
diciembre de 2011, dirigida al Director Regional de Trabajo, por el Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Agraria Azucarera 
Andahuasi S.A.A., mediante la cual se remite copia del Pliego de Reclamos 2016-
2017, presentada ante la empresa demandada. 
B)Copia de la Carta N° 030-2011/STOEAAA/SG de fojas 4, de fecha 23 de 
diciembre de 2016, dirigida por el Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Obreros de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., 
mediante la cual se le remite el Pliego de Reclamos 2016-2017. 
C) Copia del Pliego de Reclamos 2016-2017 de fojas 5 a 23. 
D)Copia de la Constancia de Inscripción Automática – Expediente N° 004-2011-RS-
MTPE/1/22.2 en el Registro de Organizaciones Sindicales de Trabajadores sujetos 
 
al Régimen Laboral de la Actividad Privada del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, donde consta la inscripción del Sindicato de Trabajadores 
Obreros de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., adquiriendo 
personería gremial. 
E) Copia de la Constatación Policial de fojas 25, de fecha 21 de diciembre de 2011, 
donde se consigna que el día 20 de diciembre de 2011 se impidió el ingreso al 
demandante por estar suspendido de sus labores. 
F) Copia de la solicitud de Verificación de Despido Arbitrario de fecha 21 de 
diciembre de 2016, de fojas 26, presentada por el demandante Miguel Ángel 
Miranda Morales ante el Jefe de la Zona de Trabajo y P.E. de Huacho. 
G) Copia de la Carta Notarial de fecha 28 de diciembre de 2016, dirigido a Miguel 
Ángel Miranda Morales, mediante la cual se comunica al trabajador que ha 
incurrido en falta grave al haberse reunido con los dirigentes de la facción ilegal 
que ha tomado la Planta Industrial y el Predio Andahuasi, así como incentivar a los 
trabajadores del Sector Quipico a desalojar al servicio de seguridad y facilitar el 
ingreso de las personas vinculadas al grupo ilegal para tomar posesión del Sector y 
además por cometer paralelamente al trabajo que desarrollaba actos delictivos en 
agravio de personas de la jurisdicción lo cual mancha la imagen y reputación de la 
empresa. 
H) Copia de las Cartas Descargo de fecha 03 y 04 de enero de 2017 de fojas 28 a 32 
y 33 a 37, dirigida al Gerente General de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi 
S.A.A., mediante la cual don Miguel Ángel Miranda Morales manifiesta que es 
falso que haya cometido los hechos imputados, además que no existen medios 
probatorios algunos para demostrar ello. 
I) Copia de la Carta Notarial de fojas 38 a 42, de fecha 04 de enero de 2017. 
J) Copia de la Carta de Despido de fecha 02 de enero de 2017, de fojas 44, mediante 
la cual se comunica al trabajador Miguel Ángel Miranda Morales, que al no haber 
realizado ningún tipo de descargo respecto a las imputaciones que de manera 
objetiva han efectuado, se entiende la aceptación de las mismas y en consecuencia 
se le comunica que ya no pertenece más a la empresa como trabajador, por haber 
evidenciado una conducta desleal de infidencia, aunado al hecho de haber 
 
abandonado el puesto de trabajo en forma injustificada y reiterada, habiéndose 
generado las faltas graves que se encuentran contempladas en los literales d) y f) 
del artículo 25 de la Ley No. 728 – Ley de Productividad y Competividad Laboral, 
que regula el régimen laboral privado.  
K) Acta de Infracción de fecha 10 de enero de 2012 de fojas 45 a 49, donde se 
determina que la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. ha incurrido en 
obstrucción a la labor inspectiva, lo que constituye infracción muy grave, 
proponiéndose imponer una multa del 5% de 11 Unidades Impositivas Tributarias, 
debido a la obstrucción a la labor inspectiva por parte de la empresa inspeccionada 
el día 06 de enero de 2016 a horas 3:00 p.m. en el centro de trabajo ubicado en el 
Sector Calusa – Vilcahuaura, distrito de Huaura, provincia de Huaura, 
departamento de Lima.  Asimismo, se propone una multa del 5% de 11 Unidades 
Impositivas Tributarias, debido a la obstrucción a la labor inspectiva por parte de 
la empresa el día 10 de enero de 2016 a horas 3:00 p.m. 
L) Copia de la Carta de fecha 31 de agosto de 2011, de fojas 50, mediante la cual el 
Gerente Administrativo de la Empresa demandada comunica al Sindicato de 
Trabajadores Obreros de la E.A.A. Andahuasi, que a partir del mes de agosto se ha 
procedido al descuento de la cuota sindical a sus afiliados.  
M) Copia de la Boleta de Pago de fojas 51, correspondiente al trabajador Miguel 
Ángel Miranda Morales por el mes de octubre de 2017. 
N) Copia de la Carta N° 0122011/STOEAAA/SG de fojas 52 y 53 de fecha 07 de 
noviembre de 2016, mediante la cual se comunica a la empresa demandada los 
miembros de la Junta Directiva  para el periodo 2016-2017, estando el demandante 
Miguel Ángel Miranda Morales en el cargo de Secretario General Adjunto. 
Ñ) Copia del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2017 de fojas 
59 a 67, donde se aprueba el Pliego de Reclamos 2016-2017.  
SIETE: De la revisión de los documentos presentados por el demandante, podemos 
determinar que está probado que el trabajador tenía el cargo de Secretario General 
Adjunto del Sindicato de Trabajadores Obreros de la E.A.A. Andahuasi S.A.A., está 
probado también que se le impidió el ingreso a su centro de labores el día 20 de 
diciembre de 2016; tal como se observa de la Constatación Policial de fojas 25, de 
 
fecha 21 de diciembre de 2016, donde se consigna que el demandante estaba 
suspendido de sus labores en forma “verbal”.  Asimismo, se encuentra acreditado 
que la empresa demandada impidió la realización de inspección a fin de verificar el 
despido arbitrario, razón por la cual se levantó el Acta de Infracción por haber 
incurrido en la falta grave de obstrucción a la labor inspectiva los días 6 y 10 de 
enero de 2017,  en el centro de trabajo ubicado en el Sector Calusa – Vilcahuaura, 
del distrito y provincia de Huaura.  Finalmente, se encuentra probado que el 
Sindicato de Trabajadores de la empresa demandada había presentado su Pliego de 
Reclamos 2016-2017 en diciembre de 2011, tal como se aprecia de la Carta N° 031-
2011-/STOEAAA/SG de fojas 03.  
OCHO: Por su parte la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. manifiesta 
que el trabajador ha incurrido en las faltas graves tipificadas en los numerales d) y f) 
del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 aprobado por 
D.S. 003-97-TR. 
NUEVE: La norma citada anteriormente establece lo siguiente:  
Artículo 25º.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes 
esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la 
subsistencia de la relación. Son faltas graves: (…) d) El uso o entrega a terceros de 
información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de 
documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de 
causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal; (…) 
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal 
o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o 
de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él 
cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. 
Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán 
adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente;…” 
DIEZ: En la Carta de fecha 29 de diciembre 2016 de fojas 27, se imputa al 
trabajador “…haberse reunido con los dirigentes de la facción ilegal que ha 
tomado la Planta Industrial y el Predio Andahuasi, así como incentivar a los 
trabajadores del sector Quipico a desalojar al servicio de seguridad y facilitar el 
 
ingreso de las personas vinculadas al grupo ilegal para tomar posesión del sector 
(...) también se ha logrado tomar conocimiento que UD. Paralelamente al trabajo 
que desarrollaba se ha encontrado cometiendo presuntamente hechos delictivos en 
agravio de personas  de la jurisdicción lo cual evidentemente mancha la imagen y 
reputación de esta empresa…”   
ONCE: Sin embargo; la empresa demandada no adjunta medios probatorios que 
acrediten lo afirmado en la carta citada en el considerando anterior, no existiendo en 
autos documentos que prueben que el trabajador haya cometido los hechos 
imputados y por lo tanto haya incurrido en falta grave que justifique el despido del 
que fue objeto, además la empresa al imputar los hechos mencionadas en la Carta de 
fojas 27 lo hace de manera imprecisa, sin señalar fechas, nombres de las personas 
supuestamente agraviadas, ni qué tipo de actos delictivos habría cometido el 
trabajador, por lo cual no se puede considerar como válidas sus afirmaciones.  
DOCE: Asimismo; la empresa emplazada manifiesta en la Carta de Despido de fojas 
44 que el trabajador no ha realizado descargo alguno respecto a las imputaciones 
efectuadas, lo cual no es cierto, pues tal como se observa de fojas 28 a 37, el 
trabajador si realizó su descargo negando los hechos imputados. 
TRECE: Por otra parte, si se ha demostrado que la Empresa Agraria Azucarera 
Andahuasi S.A.A. incurrió en Infracción Grave, por obstrucción de la labor 
inspectiva a fin de verificar el despido arbitrario (solicitado por el trabajador 
demandante), los días 6 y 10 de enero de 2017, motivo por el cual la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo levantó el Acta de Infracción de fojas 
45 a 49, proponiéndose sancione a la empresa demandada por la infracción cometida. 
CATORCE: No habiéndose acreditado de manera fehaciente que el trabajador haya 
cometido las faltas graves previstas en los numerales d) y f) del artículo 25 de la Ley 
de Productividad y Competividad Laboral, y que se haya configurado una causal que 
justifique el despido, siendo preciso señalar además que el hecho de haber impedido 
que se realice la verificación del despido arbitrario los días 6 y 10 de enero de 2017, 
constituye un indicio razonable para concluir que se han violentado los derechos 
constitucionales invocados por el demandante, por lo que este extremo de la 
demanda debe ser amparado, por apreciarse vulneración de derechos fundamentales. 
 
QUINCE: Estando a lo expuesto en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, declarada Fundada la demanda, corresponde ordenar al demandado  
el pago de Costos a favor del demandante. 
 
V.   DECISIÓN 
Por tanto, estando a las consideraciones expuestas, con las facultades conferidas por 
la Constitución política del estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial; el señor Juez 
del Juzgado Constitucional del Corte Superior de Justicia de Huaura, administrando 
Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando; 
 
1.- FUNDADA LA DEMANDA de fojas 68 a 86, en los seguidos por don 
MIGUEL ÁNGEL MIRANDA MORALES contra la EMPRESA AGRARIA 
AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A, sobre Proceso Constitucional de Amparo. 
2.- ORDENA, que la demandada cumpla con REPONER al demandante en su 
puesto de trabajo en la misma forma y condiciones que venía laborando o en uno de 
similar jerarquía al que venía desempeñando. 
3.- ORDENA, que la demandada cumpla con PAGAR LOS COSTOS 
PROCESALES a favor del demandante. 
4.- REMITIR copias certificadas al Ministerio Publico en caso de incumplimiento 
del mandato judicial, a fin que incoe proceso inmediato contra el obligado que recae 
esta sentencia. 
Avocándose al conocimiento del presente proceso el señor Juez Luciano Edgar 
Jacha Valderrama, en cumplimiento de lo dispuesto mediante Resolución N° 198-
2013-P-CSJHA-PJ.- Notificándose y Ofíciese.-