UNIVERSIDAD SAN PEDRO 
 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 “LA DEL INCUENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 
 
DE BARRANCA” 
 
      TRABA JO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO 
 PROFESIONAL DE ABOGADO 
  
 Autor: 
 
 Navarro Cabanillas, Magyuri Guisela 
  
 
 Asesor: 
 Arias Cruz, Fredy 
 
  
 
 Barranca – Perú 
 
 2018 
 
  
 
 
 
 
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DEDICATORIA 
 
 
A Dios por brindarme la oportunidad de continuar 
mi formación académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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     AGRADECIMIENTO 
A mi familia, por haberme dado la oportunidad de 
formarme en esta prestigiosa universidad y haber sido mi 
apoyo durante todo este tiempo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                 PRESENTACIÓN 
 
El tema inseguridad ciudadana, es generada por la presencia de la violencia y la 
delincuencia no es un problema reciente en la sociedad peruana. Durante la década 
pasada el Perú sufrió los efectos de un fenómeno subversivo muy violento, que dio 
como resultado cerca de 30,000 muertos y unos 25 mil millones de dólares en pérdidas 
materiales. Cuando en 1992 fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, dando inicio a la rápida derrota de la principal organización terrorista peruana, 
todo hacía suponer que el delicado escenario anterior había sido por fin superado. Sin 
embargo, la inseguridad no cesó poniendo al descubierto otros factores. Esto planteó 
nuevos retos a la política de seguridad del país. Los daños que produce la delincuencia 
son elevados para el tamaño de la economía peruana y, por otro lado, generan un clima 
de desconfianza muy perjudicial para la organización social. Pero, el panorama de la 
inseguridad en Perú tiene otros factores importantes en su composición, la violación de 
los derechos humanos también debe ser incorporada como un factor importante que 
afecta la seguridad del país. Si bien se reconoce internacionalmente que Perú ha 
avanzado significativamente en este campo durante los últimos años, es obvio que aún 
subsisten graves problemas al respecto. Al lado de estas manifestaciones ilícitas se 
encuentran aquellos actos de violencia que atentan contra la seguridad de los 
ciudadanos, los cuales no son considerados como ilegales por la población, Todas estas 
expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento de inseguridad de la 
población peruana son sin duda síntomas de graves problemas que radican en la 
sociedad. Sin embargo, esta explicación es parcial. El otro lado del problema es la 
incapacidad institucional para hacer frente a esta realidad. Es un hecho que la policía 
peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de manera tal que bien podría 
formar parte del problema, dado la gran cantidad de efectivos que se hallan 
comprometidos en actos delictivos. De esta manera, la seguridad ha devenido en un 
aspecto prioritario para la agenda que debe desarrollarse en Perú. La población se siente 
más amenazada que nunca por la delincuencia, los empresarios están preocupados por 
sus costos de seguridad y las autoridades buscan diseñar estrategias adecuadas para un 
problema urgente. En ese sentido, el presente texto busca motivar respuestas al cómo, 
dónde, cuándo y por qué se producen las acciones que afectan la seguridad de la 
población peruana. Así, hemos tratado de reconstruir la evolución de estas expresiones 
5 
 
violentas durante la presente década, para de esa manera ofrecer un acercamiento que 
ayude al responder las interrogantes expuestas. II. OPINIÓN En mi opinión LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA es todo aquel temor a posibles agresiones, asaltos, 
secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas, debemos tener presente que 
la inseguridad ciudadana alcanza niveles altos en nuestro país. Además, la corrupción 
influye de manera determinante en la solución del problema. Ante esta ola de 
delincuencia, se ha creado los comités distritales para fomentar la seguridad y la 
confianza( necesita estar mejor organizado). Lo que se debe hacer es juntar fuerzas para 
combatir la delincuencia y por último no es bueno tomar la justicia por nuestras manos. 
Esto genera más delincuencia y retraso en el país. Aparte estamos ante una situación 
particularmente riesgosa, sobre todo si la INSEGURIDAD CIUDADANA se mezcla a 
corto plazo de la violencia social. Esto se encontraría solución, afirmando el estado de 
derecho de la democracia representativa como garantía, vigencia de los derechos 
fundamentales y aspectos esenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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PALABRAS CLAVES: 
TEMA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 
BARRANCA. 
ESPECIALIDAD DERECHO PENAL  
 
 
 
KEYWORDS: 
 THEME  
 
 CRIME AND SECURITY CITIZEN IN 
 THE DISTRICT OF BARRANCA.  
SPECIALTY CRIMINAL LAW 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
AREA           : CIENCIAS SOCIALES  
SUB AREA    : DERECHO  
DISCIPLINA: DERECHO 
 
 
 
 
 
  
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INDICE GENERAL 
 
Caratula          Pág. 1 
Dedicatoria          Pág. 3 
Agradecimiento        Pág. 4    
Presentación         Pág. 5-6 
Palabras Claves         Pág. 7 
I.-Introducción         Pág. 9-10 
II.-Antecedentes           
• Antecedentes históricos      Pàg. 11-30 
     
III. Maro Teórico  
• Delincuencia en el Perù      Pàg. 31-35 
• Seguridad Ciudadana en la Constitución    Pàg. 36-37 
• Legislación nacional                   Pàg. 38-44 
• Legislación Internacional      Pàg. 45-47 
• Jurisprudencia         Pàg. 48-49 
• Derecho Comparado       Pàg. 50-52 
 
IV.- Conclusiones        Pàg. 53-54 
V.-Recomendaciones        Pàg. 55 
VI.-Resumen         Pág. 56 
        Abstract         Pág. 57 
VII.-Referencias Bibliográficas       Pag.58 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La delincuencia en nuestro país está atravesando por un incremento sostenido de una 
serie de delitos (homicidios, sicariato, robos, corrupción, etc.), con una incidencia cada 
día mayor y la aparición de nuevas modalidades. El último sondeo del Barómetro de las 
Américas 2018, revela que el Perú tiene la más alta tasa de victimización en 
Latinoamérica, el 30,6% de los ciudadanos peruanos han sido víctimas de al menos un 
acto delincuencial durante el año 2018; siendo el promedio para la región de 0.09% 
aproximadamente para nuestra Provincia.  
 
Los delitos como el robo constituyen el problema fundamental de la delincuencia 
común; y, es frecuente tanto en personas, negocios, restaurantes, calles, carreteras, etc. 
Asimismo, los vehículos de servicio de transporte público de pasajeros, carga y 
particulares son víctimas de continuos asaltos. Estos eventos generan un alto impacto 
mediático, con titulares como: “la delincuencia corre en las pistas” (El Correo, octubre 
2015). Detrás de estos delitos se encuentran bandas criminales que despojan de sus 
pertenencias a los pasajeros o se apoderan de cuantiosas cargas de mercaderías, que 
atentan contra el pudor, la integridad física e incluso la vida de las personas que se 
resisten a sus propósitos. 
 
Los reportes de la Unidad de Protección de Carreteras (PNP, 2014: 191), reflejan que 
uno de los sectores con mayor incidencia y vulnerabilidad en esta modalidad delictiva 
son las vías de la Panamericana Norte. Los asaltos a buses en el tramo denominado 
Norte Chico son constantes, específicamente entre los Kms. 70 y 220 de la Carretera 
Panamericana Norte (CPN), jurisdicción enmarcada entre el distrito de Aucallama, 
provincia de Huaral y el distrito de Paramonga, provincia de Barranca. En el año 2017, 
la amenaza de robo agravado se presentó en diversas modalidades conocidas como: 
“pasajero a bordo”, “interceptación” o “desvío de ruta”, etc. Esta situación exige la 
debida atención de las autoridades, la necesidad de planificar una lucha constante a fin 
de contrarrestar el accionar delictivo y restablecer el clima de seguridad y tranquilidad a 
los usuarios de las vías.  
Si bien existe literatura acerca de la seguridad vial, la mayoría trata principalmente 
sobre las medidas de prevención para la reducción del número de víctimas fatales y 
9 
 
heridos en accidentes de tránsito, y sobre delitos penales que afectan la cadena logística 
del transporte terrestre. Sin embargo, los delitos que perjudican directamente el 
patrimonio e integridad física de los usuarios del servicio público de pasajeros y el 
traslado de cargas comunes permanecen poco explorados en el ámbito académico. La 
presente investigación pretende aportar a este vacío en literatura, al analizar el caso de 
la acción policial en lo que respecta a las medidas de seguridad en la prevención de 
asaltos y robos en la Red Vial Nacional tramo Lima Norte.  
Pretendiendo suplir esos vacíos, en la presente investigación se ha planteado como 
pregunta principal conocer: ¿Cómo ha estado organizado el sistema de seguridad de la 
Policía de Carreteras para la prevención de asaltos y robos en la red vial nacional tramo 
Lima Norte – Carretera Panamericana, durante el año 2018? A fin de responder a esta 
pregunta se han planteado tres objetivos específicos: (i) Describir como ha estado 
organizado el sistema de seguridad de la Policía de Carreteras para la prevención de 
asaltos y robos en el tramo y periodo señalado, (ii) Determinar cuáles han sido sus 
limitaciones en el cumplimiento de su función y finalmente, (iii) Explicar las causas que 
las generaron y que evidentemente vienen mermando la capacidad operativa y 
administrativa de las entidades involucradas.  
La hipótesis planteada argumenta cómo la forma de organización del sistema de 
seguridad en las carreteras, las limitaciones de los actores involucrados y las causas que 
generan las restricciones; contribuyen a que se agudice la inseguridad y se convierta en 
una amenaza constante para los usuarios de las vías. Este enfoque implica la posibilidad 
de que el análisis y conclusiones obtenidas contribuyan a gestar nuevas formas de 
organización de los recursos de administración y proponer alternativas para que los 
analistas y decisores implementen políticas públicas viables que coadyuven a mitigar el 
problema (Kingdon, 1995).  
El primero versa sobre el estado de la cuestión y el marco conceptual referido a las 
acciones de protección que se adoptan en las vías. En el segundo capítulo se ha 
realizado una sinopsis del sistema de seguridad El desarrollo de los capítulos antes 
citados, conducen a una discusión y conclusiones sobre la investigación, que permiten 
resaltar la estrecha relación de los medios y el resultado del servicio que se brinda a los 
usuarios de la red vial en el país. 
 
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II. ANTECEDENTES 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 La delincuencia en el Perú.  
Las cifras nos muestran la crudeza de esta problemática en el país, apuntalando el 
diagnóstico, interiorizándonos en el problema central del presente trabajo de 
investigación, si uno traza el mapa del país a nivel provincial bien, con las cifras de 
homicidios, las tasa de victimización o la concentración de las denuncias de delitos en 
las dependencias policiales, uno puede demostrar que en el país, el delito en sus 
diversas variantes, está focalizado en pocas provincias y distritos a los que debe prestar 
principal atención. En el año 2015, según cifras del registro nacional de delitos, en 100 
distritos del país, se concentra más del 80% de la denuncias de delitos.  
 
El análisis de esta problemática nos señala que existen factores sociales que están en la 
raíz del problema, según los resultados del Primer Censo Nacional Penitenciario 20169 , 
ejecutado por el INEI en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 
más del 50% de internos en los penales tienen menos de 30 años de edad, son bastante 
jóvenes, más del 60% de internos han sido violentados en su niñez, han sufrido de 
maltrato infantil. Cerca de un tercio de ellos tiene un familiar preso, y en su barrio o 
zona existen pandillas, o tienen amigos que cometen delito. Estas cifras nos señalan que 
una parte principal de la criminalidad proviene de lugares con pobreza y hacinamiento, 
bajos niveles educativos, falta de empleo, que está condicionando la proclividad al 
delito. 
 
 Especialmente los jóvenes se convierten en caldo de cultivo de la actividad delictiva, 
principalmente centrada en el hurto y robo agravado, el tráfico ilícito de drogas y la 
violación sexual, como las expresiones más comunes de la criminalidad en el país. Las 
cifras presentadas son concluyentes, tan igual que en muchos otros países del mundo, en 
el Perú, la criminalidad e inseguridad ciudadana, es el problema principal de la 
sociedad. Tiene múltiples manifestaciones, y está socavando el crecimiento económico 
y el desarrollo social. Por ello es que su combate es la principal tarea nacional. No 
estamos en las décadas de los 80´ y principios de los 90´ del siglo pasado donde la 
insania terrorista jaqueó al Estado peruano, a golpe de la muerte de miles de 
compatriotas, que en muchos de los casos los más pobres, terminaron siendo víctimas 
11 
 
del terror. Ahora es momento de detener el avance del crimen en sus diversas 
modalidades todas ellas dañinas para la sociedad. La criminalidad en el país muestra 
una tendencia creciente, que requiere prevenir y combatir, y en ello juegan un rol 
sustantivo los datos, la información, el conocimiento, que no solo mira la magnitud del 
problema sino que aborda los temas centrales que la condicionan, que la posibilitan. 
Amerita a la vez, un análisis de las condiciones de vida de la población, focalizando la 
problemática con sistemas de georreferenciación, tal como es el sustento de esta 
propuesta de investigación. 
 
La Seguridad A fines de los siglos 16 y del siglo 18, nace la idea política del 
Contractualismo encabezada por 3 grandes pensadores: Thomas Hobbes, John Locke y 
Jean-Jaques Rousseau; quienes esbozaran los fundamentos por el cuál nace el Estado, 
sus finalidades y cómo debe organizarse. Pero, lo que llamará la atención será como al 
instante de concebir al Estado, inmediatamente nace la obligación de la Seguridad por 
parte de este, siendo por tanto una de sus finalidades más importantes el brindar la 
seguridad. Ello se debe, a que del Estado de Guerra, de Naturaleza o de Caos en el cual 
los hombres se encontraban no existía límites a su libertad, deviniendo en un estado 
constante de conflicto que atentaba contra su propia preservación y por tanto atentando 
constantemente sus vidas, sus libertades y sus propiedades. Por lo que pactara en ceder 
parte de su libertad a un tercero, el Estado, quien tendrá la potestad única de ejercer la 
fuerza y de regular las relaciones entre los hombres para lograr la paz y la seguridad. 
 
La idea de la Seguridad en Hobbes Hobbes  
La idea del estado de Guerra, en el cual los hombres viven en una situación de 
desconfianza, ya que para sobrevivir y protegerse, deberán buscar “el dominio de otros 
hombres por medio de la fuerza o la astucia para que ningún otro pueda amenazarle” 
(Hobbes, 2005, pp. 101). Será por tanto la desconfianza y entre otras causas, lo que 
impulsará a los hombres a atacarse para lograr su seguridad, la de los suyos y de sus 
bienes” (Hobbes, 2005, pp. 102). Y al ser insostenible esta situación, deciden pactar y 
crear un tercero llamado Leviatán o Estado, que tendrá como finalidad “utilizar la 
fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa 
común”. (Hobbes, 2005, pp. 141) El Estado será gobernado por un soberano o una 
asamblea que represente y decida sobre “aquellas cosas que conciernen a la paz y a la 
12 
 
seguridad” (Hobbes, 2005, pp. 140), y del uso de la fuerza suficiente para hacer cumplir 
el pacto a través de su poder coercitivo; ya que: “fuera del Estado, reinan las pasiones, 
la guerra, el temor, la pobreza, la crueldad, la soledad, la barbarie, la ignorancia, el 
salvajismo; en el Estado, reinan la razón, la paz, la seguridad, la riqueza”. (Tierno 
Galván, 2013, pp. 18) En ese sentido, Hobbes concibió la idea del Leviatán para 
garantizar la seguridad de sus miembros haciendo uso de su poder coercitivo, como 
medio para lograr la paz, proteger a sus miembros y a sí misma frente a otros Estados.  
La idea de la Seguridad en Locke John Locke  
La idea del Estado de Naturaleza, donde la igualdad y la libertad perfecta del hombre 
prevalecen en el marco de las leyes de la naturaleza. Pero la pregunta que aparece 
inmediatamente es, “¿Por qué renunciaron a su imperio y se sometieron al dominio y 
control de otro poder?” (Locke, 2006, pp. 123); Locke señalara que la respuesta es 
obvia, ya que: “en el Estado de Naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, está, sin 
embargo, expuesto constantemente a las incertidumbre y a la amenaza de ser invadido 
por otros. (…). Esto lo lleva a querer abandonar una condición en la que, aunque él es 
libre, tienen lugar miedos y peligros constantes; por lo tanto, no sin razón está deseoso 
de unirse en sociedad”. (Locke, 2006, pp. 123-124) Por ende, la finalidad del Estado 
será el “lograr la paz, la seguridad y bien del pueblo” (Locke, 2006, pp. 128), a través de 
la leyes, las decisiones de los jueces y el cumplimiento de sus decisiones sobre la 
Sociedad Civil, para la protección de la Propiedad1 de los hombres.  
La idea de la Seguridad en Rousseau Jean Jaques-Rousseau (2007) sostendrá que, 
en el Estado de Naturaleza, el género humano perecería si no cambiase de manera de ser 
(pp. 45), por lo que decidirán unir sus fuerzas y concebirán el Contrato Social. Este 
Contrato Social busca: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de 
toda fuerza común a la persona y a los bienes de casa asociado, y por virtud de la cual 
cada uno, uniéndose a todo, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes” 
(Jean-Jaques, 2007, pp. 45). Y de esta forma dando génesis al Estado, quien será el 
responsable de su seguridad de los hombres cuando señala que: “Su vida misma, que 
han entregado - los hombres - al Estado, está continuamente protegida por él” (Jean-
Jaques, 2007, pp. 63), pasando “de una manera de vivir incierta y precaria, por otra 
mejor y más segura; de la 1 El uso del término Propiedad, fue usado por Locke para 
entender en conjunto el independencia natural, por la libertad; del poder perjudicar a los 
demás, por su propia seguridad”. (Jean-Jaques, 2007, pp. 63) Por tanto, podemos 
13 
 
concluir que la noción de Seguridad diseñada en el seno del Contractualismo 
permanecerá vigente hasta el día de hoy, ciertamente bajo nuevas configuraciones como 
lo mecanismo de los cuales se valdrá para garantizar la seguridad, las concepciones de 
las cuales fundamentará seguridad o el ámbito de aplicación, y demás; pero continuando 
con la idea principal: El Estado siempre garantizará la seguridad de sus ciudadanos. 2. 
Definiendo la Seguridad, ¿un problema conceptual? La Seguridad como tal, nos deriva a 
diversos conceptos. Por lo tanto, una definición de Seguridad per se, no ha sido posible 
concebir hasta el día de hoy por la falta de consenso, debido a la complejidad del 
término; al punto que, la propia Real Academia Español ha acuñado respecto a la 
Seguridad como la sola “cualidad de seguro” (Española D. d., 2016). Debemos partir 
señalando que la Seguridad debe ser entendida como un concepto jurídico 
indeterminado, que opta por hacer uso de conceptos generales, debido a la variedad de 
connotaciones y perspectivas que se desprenden del concepto. De esta forma, para poder 
desarrollar un mejor trabajo y dar mayor precisión al concepto de Seguridad en esta 
investigación, se hará énfasis en la noción de la Seguridad Nacional, es decir la 
Seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Por tanto, podemos señalar que la Seguridad 
es un estado de cosas en la cual existe ausencia de temor, amenazas y afectaciones de 
cualquier índole. A ello, podemos agregar lo señalado en el Informe del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) donde agrupo en 7 categorías las 
amenazas a la seguridad en: Seguridad económica, Seguridad alimentaria, Seguridad en 
materia de salud, Seguridad ambiental, Seguridad personal, Seguridad de la comunidad 
y Seguridad política. (p. 28) 3. Nuestra propuesta de “Seguridad” Una aras de 
desarrollar una contribución a la doctrina, debe entenderse respecto a la Seguridad como 
aquel atributo inherente a las personas que deben ser garantizado por el Estado a través 
de políticas públicas adecuadas y efectivas frente a las amenazas, interferencias o 
ataques de 6 carácter interno o externo, de índole económica, militar, medioambiental, 
política y demás hacia el Estado, las instituciones, la sociedad y las personas. 
Desprendiéndose dos perspectivas: la seguridad exterior y el orden interno.  
 
La primera consiste en la preservación del Estado de todas aquellas amenazas, 
interferencias o ataques de origen extraterritorial o de dentro del territorio hacia el 
Estado que impiden una condición óptima de la integralidad del territorio, de la 
institucionalidad democrática del Estado o de la Soberanía. En cuanto a la segunda 
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dimensión, se debe entender como todas aquellas amenazas, interferencia o ataque al 
Estado del Estado, que tenga origen dentro de su territorio y revistan un grado de 
intensidad menor. 4. La Seguridad en el Perú La idea de la Seguridad Nacional tiene 
como punto de partir el 12 de marzo de 1947 con la proclamación de la Doctrina 
Truman a través de la National Security Act2 en el marco de la conflagración político-
ideológica de la denomina “Guerra Fría”, entre los Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Soviéticas (URSS). Así, la Seguridad Nacional enmarcaba la idea de la 
seguridad de la soberanía del Estado frente a otros Estados, pero de carácter militar, 
ideológico y político bajo tres pilares que consistía la protección frente: 1) Las 
amenazas a los Estados Unidos, sus ciudadanos, propiedad o interés; 2) El desarrollo, 
proliferación, o uso de armas de destrucción masiva; y 3) O cualquier otra amenaza 
importante a la integridad Estados Unidos o su Seguridad Nacional. (EEUU, National 
Security Act, Sec. 3, 1947). Sin embargo, en Latinoamérica apareció entre la década de 
los 70´s y 80´s: 
 La Doctrina de la Seguridad Nacional; una variante de la idea de la Seguridad 
Nacional, que tuvo como campo fértil los gobiernos dictatoriales de la época como el de 
Alfredo Stroessner por 35 año en Paraguay desde 1954; Hugo Banzer de 1971 en 
Bolivia; Juan María Bordaberry de 1973 en Uruguay; Augusto Pinochet de 1973 en 
Chile; Jorge Rafael Videla de 1976 en Argentina; o la Contrarrevolución, liderada por 
Ranieri Mazzilli de 1964 en Brasil. Y en nuestro país las dictaduras de Juan Velasco 
Alvarado tras el golpe de Estado de 1968 y proseguido por Francisco Morales 
Bermúdez en 1975 por otro golpe de Estado. Esta Doctrina buscaba garantizar la 
seguridad desde el seno de su sociedad, teniendo entre sus principales características “el 
control militar del Estado” (Leal Buitrago, 2003, p. 75), y de esta forma enfrentarse se 
forma eficiente frente al enemigo interno, considerando como tal a toda persona. 
De esta forma, la protección y garantía de los derechos humanos en el marco de esta 
Doctrina y en especial de las dictaduras de la época, “eran un obstáculo ya fuera para 
los propósitos fundamentales de la nación (que eran derrotar al “enemigo interno”) o en 
el mejor de los casos, concepciones mal informadas y “liberalizantes” que no entendían 
la dinámica y las necesidades de los tiempos modernos” (Brenes Rosales, 1993, p.144). 
Ello permitió la aparición de estrategias nacionales conjuntas y coordinadas como la 
Operación Cóndor, “nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de 
seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y 
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represión contra personas designadas como “elementos subversivos” (Caso Goiburú y 
otros vs. Paraguay, párr. 61, 2006), que huían y se refugiaban en otros países, y como 
retrataría Baltazar Garzón, dentro de esta macabra estrategia interestatal se los 
“secuestraba, torturaba, y trasladaba a unos y otros a través de fronteras sin ningún 
trámite legal, y formaba comandos para asesinar a figuras consideradas enemigos claves 
para los dictadores en el país donde se encontraran”. (Garzón Real, 2016, p. XLIII) Es 
decir, que la Doctrina de la Seguridad Nacional sirvió como mecanismo para justificar 
excesos, arbitrariedades y graves violaciones a derechos humanos por parte de los 
propios Estado; pero que, en años posteriores la justicia interna e internacional 
investigaría, juzgaría y sancionaría, y muestra de ello es el desarrollo que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos humanos en la 
Región (Caso Alfredo Crespo Bragayrac, FJ. 2, 2002), generó sobre el tema, en casos 
como Goiburú y otros contra Paraguay, Chitay Nech y otros contra Guatemala y el caso 
de la Masacre de las Dos Erres contra Guatemala. Sin embargo, la crisis económica y el 
proceso de desmilitarización de los gobiernos, dio paso al proceso de redemocratización 
en la región, en el cual salieron a la luz los excesos de las dictaduras, en particular las 
violaciones de los derechos humanos. Saltando a la palestra, la gravedad de entender la 
seguridad del Estado como un fin frente a cualquier amenaza, que legitimase cualquier 
grado de defensa hacia cualquier “enemigo interno”. Además, que la idea de Seguridad 
no había acogido elementos esenciales y de necesidad común para comprender los 
tiempos actuales y que no estuvieron en las agendas de los Estados como “los peligro 
ambientales, las epidemias, los desastres naturales, las catástrofes económicas, los 
derechos humanos y otros”. (Bonett Locarno, 2008, p. 35) 8 Por lo que, era necesario 
reconfigurar el contenido y alcance de la noción de la Seguridad en la región, pasando a 
un nuevo escenario en el que “englobe prácticamente todos los campos del quehacer 
nacional que están encaminados a consolidar instituciones orientas a la preservación del 
Estado ante cualquier riesgo y/o amenaza” (Moloeznik, 2004, p. 101), consolidado una 
doble dimensión de la seguridad nacional tanto externa e interna, y considerando que es 
un riesgo para la seguridad el no brindar protección frente a las nuevas amenazas de los 
tiempos actuales como la contaminación ambiental, la inseguridad de las calles, el no 
garantizar derechos necesario para la sociedad, el no atender a las poblaciones 
vulnerables, a quienes habían sufrido el horror de los terrorismos de Estado y los 
conflictos internos, entre otras situaciones.  
16 
 
Paralelamente, en el marco del desarrollo y decaimiento de la idea de la Seguridad 
Nacional estadocéntrica de la región, en el Perú se suscitó entre los años de 1980 y el 
2000 un Conflicto Armado No Internacional (CANI) por parte de las Fuerzas Armadas 
frente a los grupos terroristas de El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso 
(PCP-SL) y El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y considera por la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
2003) como el peor conflicto en que se ha visto comprometida la nación con 
aproximadamente más de 69, 000 víctimas (p. 1). Esta situación, sumergió al País en 
una profunda situación de inseguridad donde la población campesina fue la más 
afectada y generando la huida su lugar de origen en búsqueda de seguridad, debido a las 
amenazas de los terroristas o de las propias Fuerzas Armadas. Sin embargo, “la forma 
en que el Estado, las fuerzas políticas y sectores importantes de la opinión pública 
enfrentaron esos años, mostrando indiferencia, tolerancia hacia las violaciones a los 
derechos humanos y disposición a trocar democracia a cambio de seguridad como costo 
necesario para terminarlo, abrió paso a la autocracia y a la impunidad” (Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, 2003, p. 343). Permitiendo que las ideas de la Seguridad 
Nacional ingresaran en la filas Fuerzas Armadas para garantizar supuestamente la 
seguridad de la nación, y ello se plasmó a través del manual NE-41-1 de la campaña 
antiguerrillera de 1965, la instrucción de la Escuela de las Américas de los años 70 en el 
marco del Programa de Asistencia a la Inteligencia Extranjera del Ejército 
norteamericano, y concretándose en el Manual de Ejército Guerra no Convencional 
Contra subversión ME 41-7 del Ministerio de Defensa de 1989 en el cual define la 
contrasubversión como: “un conjunto ordenado de acciones (…) con la finalidad de 
impedir la conquista del poder, la destrucción de las estructuras del país y la creación de 
las bases sobre 9 las que los elementos subversivos piensan edificar las nuevas 
estructuras” (Ministerio de Defensa, 1989, p. 58), es decir posicionar al Estado como un 
fin frente a cualquier acción, para impedir su “destrucción”. 
 
La Seguridad en la Constitución:  
Una ingeniería especializada De esta forma, tras acabar el concito armado y unirnos a la 
democratización; la Constitución de 1993 entre unos de sus logros fue reedificar el 
concepto de Seguridad en la Constitución. Iniciaremos, señalando que la noción de 
seguridad nacional en la Constitución es correcta, expresando en el artículo 163, que: 
17 
 
“El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa 
Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos 
interno y externo.” (Const., 1993, art. 163) Es decir, que el Estado será el garante de 
brindar la seguridad mediante el Sistema de Defensa Nacional que se desarrolla en los 
ámbitos interno y externo, por lo tanto la seguridad también es de índole externa e 
interna. En cuanto, a cómo comprender la diferencia entre seguridad interna y externa, 
el artículo 167 estipula que “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (Const., 1993, art. 167), delimitando que las 
fuerzas del Estado se dividen en dos grupos. Pero, cada uno tendrá un ámbito distinto, 
para ello recurriremos a los artículos 1653 y 1664 , los cuáles otorgan a la Policía 
Nacional el orden interno y a las Fuerzas Armadas los asuntos de seguridad exterior. Y, 
si no fuese suficiente claro, el texto Constitucional en un análisis conjunto de los 
artículos 165 y 1375 , establece que las Fuerzas Armadas sólo podrán actuar en el orden 
interno en el marco de un Estado de Emergencia o un Estado de Sitio. Por otro lado, la 
Constitución ha dotado de contenido a cada ámbito, en ese sentido respecto al orden 
interno debemos acudir nuevamente al artículo 166. Sin embargo, este contenido del 
orden interno es incompleto, es así que el artículo 44 lo completará a establecer los 
deberes primordiales que la Policía Nacional deberá resguardar en el marco del orden 
interno, como el: 3El artículo 165 de la Constitución sobre la Finalidad de las Fuerzas 
Armadas señala que “Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina 
de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el 
control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.”  
El artículo 166 de la Constitución sobre la Finalidad de la Policía Nacional señala 
que “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 
privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras” 
(Resaltado nuestro) 5 El artículo 137 de la Constitución sobre los Estados de excepción. 
10 Garantizar la defensa de los derechos humanos; Proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y Promover el bienestar general. (Const., 1993, art. 44) 
La pregunta que inmediatamente aparece es, ¿si los gobiernos regionales y locales 
tienen como uno de sus deberes primordiales la seguridad? Para poder contestar la 
18 
 
interrogante acudiremos a los artículos 1926 y 1957 del capítulo 14 de la Constitución 
sobre la Descentralización, donde se desprende que tanto los gobiernos regionales y 
locales no se les ha encomendado la responsabilidad de velar por la seguridad, sin 
embargo se señala que tanto los gobiernos regionales y locales deben cumplir sus 
funciones “en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo”, 
como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Es decir, que será el gobierno central quien desarrollará la 
política nacional de seguridad, que será coord conocimiento de ellos, incluyendo sus 
métodos y medios de combate. Tal situación, lleva a cuestionarse si dentro de un 
conflicto armado se posee límites en el marco de la seguridad. Es menester, señalar que 
este capítulo se nutrirá antes que por la propia doctrina, por variada jurisprudencia 
emanada por parte de los tribunales penales internacionales ad hoc y otros tribunales 
para poder entender como los conflictos armados son entendidos por el derecho en la 
realidad. 1. El ius ad bellun y el ius in bellun El Ius ad Bellun o Derecho a la Guerra, no 
es parte del análisis que del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), ya 
que es parte de la manifestación de la soberanía de cada Estado y por tanto, el DIH no 
puede determinar si es legítimo o no el uso de la fuerza en cada caso, lo cual si es 
materia de estudio por parte del Derecho Internacional Público (DIP) si el conflicto 
como tal se ampara o no en lo expresado en la Carta de Naciones Unidas. 
 Por otra parte, el Ius in Bellun, DIH o Derecho en la Guerra analiza y regula los 
métodos y medios de combaten que se desarrollan en el marco de los conflictos 
armados para garantizar la seguridad del Estado a través de sus Fuerzas Armadas. De 
esta forma, “Jean Pictet (1990) señalará que se buscará restringir el modo de uso de 
ciertos métodos y medios de combate” (Salmón, 2012, p. 27), que no sean acorde al 
DIH. 2. Los Conflictos Armados Internacionales (CAI ) y No Internacionales (CANI) 
El DIH aparece ante la existencia de un conflicto armado, el cual consiste de manera 
general “cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados o a la violencia armada 
prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre 
dichos grupos dentro de un Estado” (TPIY, Prosecutor v. Milutinović, párr. 125 ,2009), 
y donde “[s]e deben analizar dos criterios con arreglo al presente test: i) la intensidad 
del conflicto y ii) la organización de las partes” (TPIY, Prosecutor v. Limajl, párrs. 89-
90, 2005). Por lo que se les impone a las partes una serie de restricciones frente a los 
métodos y medios de combate, y por otro lado, los Estados deberán a su vez proteger y 
19 
 
garantizar los derechos de quienes no formen parte del conflicto o que ya no formen 
parte del conflicto. Ahora bien, el DIH ha divido en dos grupos su ámbito de aplicación 
en los conflictos armados: Los Conflictos Armados Internacionales (en adelante CAI´s) 
y los Conflictos Armados No Internacionales (en adelante CANI´s). 12 Los CAI´s se 
desarrollan solo en los supuestos establecidos en el artículo 2 común de los 4 
Convenciones de Ginebra, “(…) en caso de guerra declarada o de cualquier otro 
conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de 
ellas no haya reconocido el estado de guerra.  
El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del 
territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia 
militar.” (Comité Internacional Internacional de la Cruz Roja, pp. 37-65- 87-154, 2012) 
Agregándose un supuesto más en el 1er Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, cuando “los pueblos luchan contra la dominación colonial y la 
ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación” (Salmón, p. 83, 2012). En cambio los CANI´s, son 
todos aquellos supuestos que no estén establecidos en un CAI y que se desarrollan 
conforme a lo señalado en el artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra: “En 
caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio 
de una de las Altas Partes Contratantes” (Comité Internacional Internacional de la Cruz 
Roja, pp. 37-65-87-154, 2012). Finalmente, haciendo una labor de precisión el 
Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, establece que los CAI´s son 
aquellos: “que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus 
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo 
la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y 
aplicar el presente Protocolo.” (Comité Internacional de la Cruz Roja, p. 88, 2012). 
 El uso de la fuerza en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos Debemos partir señalando, que la premisa base en el DIH 
consiste en que el uso de la fuerza es la regla y no la excepción, ya que el análisis se da 
respecto de los medios y métodos de combate, bajo los principios de Distinción, 
Humanidad, Proporcionalidad, Necesidad Militar, Limitación, Prohibición de causar 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios, Igualdad entre los Beligerantes, No 
20 
 
Discriminación, Protección del medio ambiente natural, y otros. En cambio en las 
situaciones donde no existe un conflicto armado, el uso de la fuerza será la 13 excepción 
y no la regla según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante 
DIDDHH) Así, el análisis del uso de la fuerza varía si nos encontramos en un conflicto 
armado o no, así como en el grado de intensidad de la confrontación, para lo cual 
dividiremos su aplicación en 3 campos específicos: los conflictos armados 
internacionales, los conflictos armados no internacionales y las situaciones de disturbios 
internos y tensiones internas. 
 El primer campo de aplicación es el CAI, donde el uso de la fuerza se debe aplicar a la 
luz de los cuatro Convenios de Ginebra, el núcleo de los derechos humanos y la 
legislación nacional existente. Situación que varía en el segundo campo de aplicación, 
toda vez que en un CANI, el uso de la fuerza se analiza desde lo establecido en el 
Artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra, el Protocolo Adicional II relativo 
a los cuatro Convenios de Ginebra, el núcleo de los derechos humanos y la legislación 
nacional. Considerándose como una situación intermedia entre el CAI y las situaciones 
de disturbios y tensiones internas, ya que la presencia del Estado es mayor, debido a que 
se enfrenta contra una fuerza organizada que se encuentra dentro de su territorio, donde 
no tiene el mismo grado de fuerzas de combate como las del Estado, pero que en cierto 
modo pueden producir un daño considerable. Por lo que, en el CANI el estándar del 
empleo de la fuerza se ve robustecido al encasillarlo según lo establecido en el artículo 
3 común de los Cuatro Convenciones de Ginebra, que son reglas que “reflejan 
'consideraciones elementales de humanidad' aplicable como derecho internacional 
consuetudinario a cualquier conflicto armado, tanto si es de carácter interno como 
internacional.” (TPIY, Prosecutor v. Tadić, párr. 102, 1995) A ello debemos agregar, 
que al analizar un CANI se “debe tomar en consideración tanto la intensidad del 
conflicto como la organización de las partes en conflicto a fin de excluir el bandidaje, 
los disturbios civiles, y las insurrecciones desorganizadas y fugaces, todas situaciones 
que no están sujetas al derecho internacional humanitario.” (TPIY, Prosecutor v. 
Milutinović., párr. 126, 2009) Y por tanto, podemos concluir que “todo lo que está 
prohibido en los conflictos internos es necesariamente ilegal en un conflicto 
internacional en el que el alcance de las normas es más amplio.” (TPIY, Prosecutor v. 
Mucić, párr. 150, 2001) 14 Por último, en el caso de una situación de tensión interna o 
disturbios internos la aplicación del uso de la fuerza ya no se desarrollará a partir del 
21 
 
DIH, sino desde los Derechos Humanos. Para ello, se contará con el estándar de la 
legislación interna y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Teniendo 
entres sus instrumentos internacionales más importantes sobre el tema: El Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley8 de 1979; 
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso de poder9 de 1985; Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley10 de 1990; 
y la Declaración de Normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado 
de excepción11 de 1990 Además debemos recordar lo señalado por el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda, que para determinar si nos encontramos en un Conflicto 
Armado o una situación de violencia interna, es “necesario evaluar la intensidad y 
organización de las partes.” (TPIR, The prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, párr. 620, 
1998) Además, la normativa internacional nos ejemplifica situaciones en la cuales nos 
encontramos en situaciones de tensiones o disturbios internos como “los motines, los 
actos esporádicos y asilados de violencia y otros actos análogos.” (Estatuto de Roma, 
1998, Art. 8.2.f.) En líneas generales, el análisis y regulación del uso de la fuerza en el 
marco de los conflictos armados (CAI´s o CANI´s) será desarrollado por parte del 
Derecho Internacional Humanitario, en cambio en aquellas situaciones donde no se 
encuentre en un conflicto armado, están serán analizadas por parte del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (Situaciones de disturbios y tensiones internas). 
Pero ante todo, la importancia radica en poder de determinar cuando estamos frente a 
una situación de disturbios y tensiones internas, ya que en ese ámbito es donde se verá 
afectada la seguridad interna y en especial la seguridad ciudadana de las personas.  
La Seguridad Ciudadana En el marco del orden interno en la década de los noventa, 
aparece en la región el concepto de la Seguridad Ciudadana, frente a una ola de 
violencia y crimen, partic objetivo no era el Estado, sino sus víctimas eran los 
ciudadanos comunes o de a pie. Ello fue una reacción frente a la crisis económica que 
atravesaba la región, las consecuencias de las dictaduras y conflictos que habían pasado 
o seguían vigentes en algunos países de la región, junto con la pobreza y el desempleo. 
El problema radica, en cuanto la situación que no ha variado, y por el contrario la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009) ha señalado, que el 
incremento de la pobreza y la indigencia han elevado los niveles de desigualdad y 
exclusión social, y han favorecido el aumento de la violencia y la criminalidad (pp. 10-
22 
 
11). De esta forma, al día de hoy la inseguridad ciudadana ha demostrado ser un 
verdadero flagelo para la región, muestra de ello es que el Latinobarómetro (2015) 
arrogó que del 2011 al 2015 la percepción de inseguridad en la región aumento de un 
8%, llegando a un 63%, y que de los 18 países de la región, 13 de ellos su principal 
problema según su población es la Delincuencia. Esto ha motivado que el estudio de la 
Seguridad Ciudadana sea un tema de interés académico desde hace más de dos décadas 
partiendo del concepto de Desarrollo Humano que se esbozó en el primer informe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1900), donde se identifica al 
ciudadano o la persona como el eje de donde deben partir el desarrollo de un Estado, 
para lo cual todo acción u omisión Estatal deben basarse bajo los pilares principales de 
la Equidad, Productividad, Participación y Sostenibilidad; y tener como finalidad, la 
creación de condiciones de vida digna de forma progresiva y efectiva que se irradien en 
cada uno de los espacios o áreas de crecimiento de la persona. Por lo tanto, Seguridad 
Humana será la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. (PNUD, p. 5, 
2013). De tal forma, del concepto de Seguridad Humana se desprenderá el concepto de 
Seguridad Ciudadana, siendo esta última, como aquella forma de protección personal de 
derechos básicos como el derecho a la vida, a la integridad, la libertad y la propiedad de 
las personas frente a las amenazas del delito y la violencia local, y de esta forma puedan 
ejercer de manera efectiva dentro de su cotidianidad su desarrollo personal óptimo. Es 
así, que la Seguridad Ciudadana en un elemento indispensable para alcanzar la 
Seguridad Humana, y por tanto no debe entenderse la seguridad ciudadana solo como la 
erradicación de las amenazas del delito y la violencia local, sino debe comprenderse 
como “una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de 
la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y 
la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores 
de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de 
cohesión social.” (PNUD, p. 6, 2013) 16 Finalmente, podemos resumir en cuanto que el 
Estado es el único quien tiene la responsabilidad de encargarse sobre todo, a lo 
concerniente de la Seguridad Ciudadana, ya que es un bien público en el cual subyacen 
varios derechos básicos que deben ser protegido y garantizados a los ciudadanos a 
través de una política pública que respete la Constitución, la ley y los Derechos 
Humanos, para brindar de esta forma la Seguridad Humana y alcanzar el Desarrollo 
Humano. 1. La Seguridad Ciudadana en el Perú La diferencia entre la Seguridad 
Nacional de la Seguridad Ciudadana, radica ante todo en el grado de magnitud de la 
23 
 
afectación que se desprende en cada situación. En la Seguridad Nacional desde la 
perspectiva de la seguridad interna, el grado de la amenaza es grave al punto que afecta 
al Estado y su integridad, que puede proceder por parte de otro Estado o de un grupo 
armado organizado con capacidad de daño dentro de su territorio. En cambio, la 
Seguridad Ciudadana se circunscribe en el espacio de desarrollo cotidiano de los 
ciudadano, frente a las amenazas por parte de otro individuo o bandas organizadas que 
no buscan afectar el orden democrático o las estructuras del Estado, por el contrario sus 
objetivos son la mejora de sus arcas patrimoniales u otros beneficios personales o 
grupales a través de la comisión de delitos como robo, hurto, asesinatos, crimen 
organizado y demás. No obstante, nuestra legislación a través de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana que crea el Consejo Nacional de Seguridad, ha 
señalado en su artículo 2, que la Seguridad Ciudadana es “la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, - a través de - la erradicación de la violencia y la utilización 
pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de 
la comisión de delitos y faltas”. De esta forma, el legislador ha entendido a la Seguridad 
Ciudadana desde la óptica de la convivencia pacífica o de la sociedad, apartándose del 
concepto desarrollado por el PNUD de una óptica de seguridad desde la persona. Este 
alejamiento, se puede deber a que la óptica de la Seguridad Humana exige muchos 
recursos, a comparación de un enfoque desde la sociedad exige un costo menor y se 
obtiene básicamente la reducción de la percepción de la inseguridad. Este análisis, va 
acompañado del cálculo político y del coste de invertir sobre las acciones a tomar, así 
Ronald Dworkin señala que (Dworkin, 2014)“uno comunidad quiere el nivel más alto 
de seguridad, (…) Pero su presupuesto es ajustado” (p. 151); y para ejemplificar el coste 
de la seguridad en el Perú, para aproximadamente 800 personas hay un solo policía. 17 
Finalmente, la Seguridad Ciudadana tal como se señaló anteriormente, está establecido 
en nuestra Constitución, que está en manos de las municipalidades en cooperación con 
la Policía Nacional. Ello se debe que a que nuestros Constituyentes, tuvieron un 
concepto claro o aproximado de la Seguridad Ciudadana basado en la seguridad del 
ciudadano de a pie que está sujeto a la delincuencia. Así, en el diario de debates de la 
Constitución, se retrata sus ideas en cuanto señalaron que: “El ciudadano, en las 
ciudades del Perú, sobre todo en las más grandes, ya no puede transitar libremente por 
su barrio o estar en su casa sin temer ser asaltado, ser golpeado, inclusive abaleado. Se 
necesita ese tipo de seguridad ciudadana y se necesita que esa seguridad ciudadana esté 
24 
 
a cargo del alcalde. El alcalde tiene que tener poder.” (Congreso Constituyente 
Democrático, p. 2803, 1993) Y es así que las municipalidades tendrán mayor autonomía 
frente a la Seguridad Ciudadana, ya que tienen que llevar a cabo una función 
trascendental siendo las células protagonistas de la descentralización, ya que conforman 
“el primer espacio político del Perú.” (Congreso Constituyente Democrático, p. 2805, 
1993) 2. La Seguridad Ciudadana y el uso de la fuerza a nivel nacional De un tiempo a 
esta parte, los Estados han utilizado un medio con especial preferencia para alcanzar la 
Seguridad Ciudadana a través de sus fuerzas del orden o sus fuerzas armadas: el uso de 
la fuerza. Así, la CIDH en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos (2009), 
señalo que “las políticas sobre seguridad ciudadana en los Estados de la región 
comúnmente no han asimilado los estándares de derechos humanos” (p. 12), ya que con 
la excusa de la prevención y el control del crimen y la violencia, han ejercido el uso de 
la fuerza de forma ilegal y arbitraria. Por lo tanto, debemos recordar que el uso de la 
fuerza en la Seguridad Ciudadana debe ser utilizado de forma excepcional bajo los 
estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la legislación interna; 
toda vez, que no nos encontramos en una situación de conflicto armado, sino en una 
situación de paz alterada por tensiones o disturbios internos12 . 12 Se hace uso del 
término situaciones de tensiones y disturbios internos del DIH, para señalar a todas 
aquellas situaciones donde se aplicará los estándares del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza. 18 El Perú a nivel interno, ha regula el uso 
de la fuerza a través del Decreto Legislativo N. 1186 que regula el Uso de la fuerza por 
parte de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo N. 1095 que establece 
Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, 
la Corte IDH ha establecido a lo largo de su jurisprudencia y de forma definitiva desde 
el caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana13 , y reiterado en casos 
como Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú14, que los principios que deben ser 
analizados al momento de hacer uso de la fuerza los efectivos estatales son los de 
legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. VI. La Seguridad Nacional, la 
Seguridad Ciudadana y los Estados de Excepción A lo largo del transcurso del 
desarrollo democrático que todo Estado se enfrenta a situaciones excepcionales e 
imprevistas como los disturbios interiores y tensiones internas. Estas tienen, como 
señala Gasser (1988) por origen razones políticas, sociales, económicas y de otras 
índoles; y se caracterizan por la aparición de un grado de violencia que sobrepasa 
aquello que es inherente al tiempo “normal” en una sociedad (Salmón, p. 42, 2012), es 
25 
 
decir la “perturbación de la paz pública y demás circunstancias políticas o sociales que 
atentan directa contra el desenvolvimiento de la actividad gubernamental o agredan la 
tranquilidad y seguridad ciudadana” (García Toma, p. 762, 2010). Además, “tienen la 
capacidad de generar peligro potencial o de real daño a las instituciones de la 
república.” (Ekmekdjianek, p. 630, 1994). A lo cual los Estados “se ven forzado a 
recurrir a las fuerzas policiales o incluso a las fuerzas armadas con el fin de reestablecer 
el Derecho y el orden” (TPIR, Fiscal vs. Alfred Musema, párr. 248, 2000). 1. En el 
marco del Sistema Interamericano El artículo 27 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) establece que todo Estado parte puede ejercer su derecho 
de suspensión o de suspensión de garantías “En caso de guerra, de peligro público o de 
otra emergencia que amenace la independencia o seguridad 13La Corte IDH en el 
párrafo 85 de la sentencia del Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, 
estableció los criterios para el uso de la fuerza 14La Corte IDH en el párrafo 265 de la 
sentencia del 17 de abril de 2015del caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, reitero los 
criterios señalados en el caso Nadege Dorzena. 19 del Estado parte”. Sin embargo, no se 
concibe que se suspendan los derechos establecidos en el párrafo 2 del artículo 
señalado15 . De forma análoga, el artículo 137 de nuestra Constitución establece que en 
las situaciones donde hace uso de su derecho de suspensión (Estado de Emergencia y 
Estado de Sitio), no se suspenderán “los derechos a la libertad y a la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio.” (Const., 1993, art. 137) Como se puede apreciar, el estándar que presenta la 
CADH respecto a los derechos que no pueden ser suspendidos en el pleno ejercicio de 
suspensión de un Estado es mucho más amplio del que presenta nuestra Constitución. 
Ante esta situación, debemos recurrir de forma conjunta al principio pro homine o pro 
persona 16 y a las normas de interpretación de la CADH establecidas en el artículo 29, 
donde se señala en el inciso a), que ninguna disposición de la CADH puede ser 
interpretada en el sentido de: “a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o 
persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; (…).” (CADH, 1969, 
art. 29) De esta forma, todo lo establecido en la CADH es el estándar máximo para 
limitar a nivel interno ciertos derechos en un estado de emergencia o de sitio, sin 
embargo llama la atención que no señala cuales si pueden ser limitados, ya que utiliza 
una cláusula excluyente al señalar cuales no pueden ser limitas, pero no señala cuales si 
pueden serlo, caso contrario es nuestra Constitución donde señala expresamente los 
26 
 
derechos que si pueden ser suspendidos. Por lo tanto, deberemos hacer uso del el 
principio pro homine, según el cual ante una pluralidad de normas aplicables en un 
situación siempre deberá optar por aquella que garantice o proteja de manera más 
efectiva los derechos fundamentales; en ese sentido frente a lo establecido en la CADH 
y la Constitución, deberemos optar por lo establecido a nivel interno ya que circunscribe 
expresamente cuales derechos si pueden ser limitados, a diferencia de la CADH donde 
no se señala expresamente cuáles derechos pueden ser suspendidos y ello permitiendo 
dar paso a la suspensión de más derechos por parte de los Estados. 15Así fue también lo 
ha entendido la propia Corte IDH en párrafo 27 de su Opinión Consultiva N. 8 del 30 de 
enero de 1987 sobre El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 
7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Y para mayor aclaración al 
respecto Héctor Faúndez Ledesma en la página 116 de su libro “El sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos institucionales y 
procesales” del Instituto interamericano de Derechos Humanos de 1999. 16Para mayor 
aclaración respecto a este principio, el Tribunal Constitucional Peruano hizo uso de ella 
en el Expediente N.º 02005-2009-PA/TC. FJ. 33. 20 Por otro lado, la Corte IDH en el 
párrafo 48 del caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador y en el párrafo 4 de la 
Observación General N. 29 del Comité de Derechos Humanos en la Observación 
General han establecido que para emitir un estado de excepción se debe señalar su 
duración, ámbito geográfico y alcance material. Además, en el mismo caso la Corte 
IDH adoptó el criterio desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
caso Lawless contra Irlanda, al establecer que para justificar la necesidad de un estado 
de excepción se debe analizar: “a) existir una situación excepcional de crisis o 
emergencia; b) que afecte a toda la población, y c) que constituya una amenaza a la vida 
organizada de la sociedad” (Corte IDH, Caso Zambrano Vélez, párr. 46, 2007); así 
como de la “proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas adoptadas 
respecto de ellas” (Corte IDH, Caso Zambrano Vélez, párr. 45, 2007). Finalmente, la 
Corte IDH nunca ha prohibido el uso de las fuerzas armadas en el mantenimiento del 
orden interno, por el contrario en el caso Zambrano Vélez señalo que los Estados deben 
tener un “extremo cuidado al utilizarlas como elementos de control de la protesta social, 
disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común.” 
(Corte IDH, Caso Zambrano Vélez, párr. 51, 2007) Pero tal expresión, significaría que 
se estaría atribuyendo un margen de acción a las autoridades competentes para que 
ejerzan a su discrecionalidad de forma razonable e idónea bajo los parámetros de la 
27 
 
jurisprudencia de la Corte IDH, el uso de las Fuerzas Armadas en la protección del 
Orden Interno como en situaciones graves de Inseguridad Ciudadana, pero ello generará 
problemas que se analizarán más adelante en el caso del Estado de Emergencia en el 
Callao. Por lo tanto podemos concluir que en aras de la Seguridad Nacional o la 
Seguridad Ciudadana, un Estado puede declarar un Estado de Excepción para suspender 
derechos y de esta forma flexibilizar su actuar para garantizar otros derechos a través de 
sus fuerzas del orden. Para lo cual la jurisprudencia internacional ha establecido ciertas 
reglas y límites para su declaratoria. 2. Análisis del caso Peruano En primer lugar; en el 
Perú, el Régimen de Excepción están regulados en el artículo 137 de la Constitución y 
se divide en dos supuestos: los Estados de Emergencia y los Estados de Sitio, los cuáles 
para emitirse deben señalar el: A) plazo determinado, B) si es en todo o en parte del 
territorio, y C) los derechos que serán suspendidos, circunscribiéndose a los derechos 
del artículo 137. 21 Ahora bien, una comparación con lo establecido en la 
jurisprudencia de la Corte IDH, en efecto si se cumple con los tres elementos para emitir 
un Estado de Excepción, ya que en cuanto al elemento de duración, el plazo 
determinado que exige la Constitución no puede exceder de 70 días en el caso de Estado 
de Emergencia y de 45 días en caso de Estado de Sitio; en cuanto al elemento del 
ámbito geográfico, puede ser en todo o parte del territorio nacional; y finalmente sobre 
el elemento del ámbito material, solo puede suspenderse como máximo respecto a los 
derechos establecidos en el inciso 1 del artículo 137. En segundo lugar; nuestra 
Constitución señala que para cada Estado de Excepción es aplicable supuestos distintos, 
de esta forma el Estado de Emergencia se circunscribe para situaciones de: 1) 
Perturbación de la paz, 2) Perturbación del orden interno, 3) Catástrofes, o 4) Graves 
circunstancias que afecten la vida de la Nación. Y en el Estado de Sitio, se da en los 
supuestos de: 1) Invasión, 2) Guerra Exterior, 3) Guerra Civil, 4) Peligro inminente que 
se produzca una Invasión, 5) Peligro inminente que se produzca una Guerra Exterior, y 
6) Peligro inminente que se produzca una Guerra Civil. Cabe hacer notar que existe una 
diferencia entre ambos regímenes “dado que los supuestos fácticos que ameritan que se 
declare la vigencia de un estado de sitio son distintos y más graves que los que 
corresponden a un estado de emergencia.” (TC, Caso Defensoría del Pueblo, FJ. 105, 
2004) Por lo tanto, es claro que los supuestos del Estado de Sitio son compatible con los 
señalados en la CADH, debido a que cada uno de los supuestos busca preservar la 
independencia y seguridad del Estado. No obstante, el problema aparece cuando 
comparamos los supuestos de aplicación de los Estados de Excepción de la CADH con 
28 
 
los de un Estado de emergencia, ya que este último solo circunscribe situaciones graves 
que afectan la vida de la Nación como a través de catástrofes o la perturbación del orden 
interno, en cambio la CADH no hace mención a ninguna situación al respecto que 
afecte el orden interno. Para dar solución a este problema, debemos partir de la 
diferencia cronológica entre la CADH y la Constitución, debido a que la CADH es del 
año 1979, época en la cual el concepto de la Seguridad Nacional tenía como 
característica principal la visión estadocéntrica como lo habíamos señalado 
anteriormente y ello se plasma en los trabajos preparatorios de la Convención 
Americana, donde la protección del Estado parte protegerla de una guerra o un conflicto 
(producto de la Segunda Guerra Mundial y de otras amenazas de la época, como las 
nucleares). Así Gabino Fraga, presidente de la CIDH, en aquel entonces señalo que: 22 
“La Comisión, (…) se guio por las enseñanzas tan claramente reveladoras de las últimas 
guerras mundiales, acerca de la estrecha interdependencia que existe entre la paz y los 
derechos humanos. Todos sabemos que la negación de esos derechos engendra violencia 
y que la violencia en cualquier parte es un peligro para la paz en el mundo.” (OEA, 
Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, p. 431, 1969) Por 
lo que los Estados deben proteger los derechos humanos no para evitar la inseguridad y 
la violencia interna, sino para que no ocurra otra guerra, ya que esta fue la razón por el 
cual fue concebido la CIDH. Además, el Profesor Rene Cassin señalo que: “(…) el 
universalismo es lo que constituye la base de todos los trabajos y acciones que tienden a 
proteger y a promover los derechos del ser humano como también sus deberes. Todo 
esto está acorde con el espíritu que, en San Francisco, al finalizar la segunda guerra 
mundial (…).” (OEA, Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, p. 432, 1969) Confirmando que la idea de la protección de los derechos 
humanos partió de la idea de buscar la seguridad de los Estados frente amenazas 
externas. Por esta razón, es que los supuestos de la CADH establecidos hace 37 años en 
la década del setenta y bajo la idea estadocéntrica de la Seguridad Nacional, no se 
encuentran y ni se asemejan en nada a los supuesto del Estado de Emergencia 
establecidos en la Constitución de hace 23 años, de la década del noventa, época donde 
se inicia el debate sobre cómo entender nuevos aspectos de la Seguridad y dejando de 
lado la concepción estadocéntrica y partiendo a idea de la seguridad desde la persona. 
Entendiendo que las amenazas pueden ser de diversa índole como “la pobreza o la 
pérdida de ventajas sociales” (Comisión de DDHH de NNUU, Informe del Relator 
Especial, párr. 36, 1997), dando la aparición a conceptos como Sesarrollo Humano, 
29 
 
Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana, así como del contenido del concepto de 
orden interno. Por último, la jurisprudencia ha establecido criterios para determinar 
cuándo nos encontramos frente a un Estado de Emergencia, ya que como hemos 
señalado la CADH no ha previsto las situaciones de amenaza del orden interno. De esta 
forma, para evitar que los Estados actúen a través de una deliberada discrecionalidad y 
buscando que sus acciones sean acorde al objeto y 23 fin de la CADH; la Corte IDH en 
su Opinión Consultiva N. 8 estableció que “La juridicidad de las medidas que se 
adopten para enfrentar cada una de las situaciones especiales a que se refiere el artículo 
27.1 dependerá, entonces, del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de 
la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las 
medidas adoptadas respecto de ella.” (Corte IDH. OC-N. 8, párr. 22, 1987) Siendo estos 
los elementos para justificar la necesidad de un estado de excepción como el de Estado 
de Emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
III. MARCO TEORICO 
La delincuencia en el Perú.  
Según Subirats, la noción de problema público, se relaciona con un ámbito de 
preocupación social. Los indicativos de un problema social son los que habitualmente 
constituyen el punto de partida de la «toma de conciencia» y de debate sobre la 
necesidad de una política pública (por ejemplo, la delincuencia causada por la 
drogodependencia) (2012: 35). Para ello existen condiciones para considerar a un 
problema como público, las cuales, según Becker (1995), serían la presencia de 
carencias objetivas en la sociedad, y la identificación, por parte de los actores 
principales, de una situación que afecta su vida y desempeño cotidiano.  
 
Esto se complementa con la visión del pro Arnold Wolfers sostiene que el concepto de 
seguridad mide, objetivamente, la ausencia de amenazas a valores adquiridos, y, 
subjetivamente, la ausencia de miedos que estos valores se pudieran atacar. (1962: 149). 
El énfasis que Wolfers que da a la seguridad nacional refleja claramente las corrientes 
dominantes en la literatura empírica, tal como lo recoge Ranelleti donde incluye el 
término de seguridad y orden. Así, la seguridad suele asociarse con el orden público y 
se identificaría con un estado general de tranquilidad de la sociedad en el sentido de la 
garantía que supone el hecho de que toda agresión o amenaza de agresión se encuentre 
tipificada como delito o trasgresión de la propia ley (1998: 56). 
 
 Por otro lado, dentro del concepto de seguridad, existen algunas variantes. Una de las 
que viene siendo usada con mayor frecuencia por la literatura académica es a seguridad 
humana. Esta concepción subraya “el derecho de las personas a vivir en libertad y con 
dignidad, libres de la pobreza y la desesperación […], a disponer de iguales 
oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su 
potencial humano (PNUD, 2005). Este enfoque de la seguridad humana se centra en la 
importancia de la adopción de medidas preventivas que atiendan a las causas básicas de 
la violencia y la delincuencia y aprovecha las contribuciones positivas de los miembros 
de las comunidades en riesgo, por lo que es el más adecuado para la presente 
investigación. Salazar, en una investigación, haciendo el esfuerzo de establecer un 
vínculo entre ambos conceptos, sostiene que las políticas públicas en el 8 ámbito de la 
seguridad son el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones 
31 
 
consideradas socialmente como problemáticas, como es el caso de la inseguridad 
(1995:30).  
 
Para entender la falta de seguridad como un problema agudo de la sociedad es necesario 
comprender que ella no solo involucra la inseguridad existente sino la forma de 
abordarla en su solución. Así, por ejemplo, la desconfianza en las agencias del Estado 
encargadas de la seguridad pública, ha orientado a sectores de la ciudadanía a apoyar 
respuestas basadas en enfoques policiales y represivos conocidos como “mano dura” 
(Prillaman, 2003: 11). 
 
 Además de ello, es necesario tener en cuenta, como menciona Salas Peña, que: “[…] La 
seguridad es un asunto público, pues forma parte de la convivencia cotidiana de los 
ciudadanos en un marco de integridad y salvaguarda de los derechos de las personas, es 
por ello que es de vital importancia tomar en cuenta el significado de espacio público. 
La seguridad también es un bien común o público; es indivisible y debe de proveerse de 
manera imparcial, y al ser una condición de interés social su observancia debe ser 
general para todo el territorio nacional”. (Salas Peña, 2011: 6). Esta forma de entender 
la seguridad implica la necesidad de resolver estratégicamente las deficiencias en la 
provisión de esta, por lo que el concepto a tomarse en consideración en el presente 
trabajo es el de Salazar, teniendo en consideración el uso de información en las políticas 
de seguridad tiene un rol primordial para su solución.  
 
La provisión de seguridad es una responsabilidad dada constitucionalmente al Estado. 
Según Roth, las políticas públicas de seguridad son un conjunto conformado por uno o 
varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 
tratad menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con el fin 
de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 
situación percibida como insatisfactoria o problemática 2002: 27). Esto implica asumir 
una cultura de seguridad preventiva, tomando las acciones necesarias para su 
autoprotección de acuerdo a sus posibilidades. En la misma línea, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo “[…]” considera a la seguridad como un bien 
público y, por lo tanto, insiste en la responsabilidad irrenunciable del estado para 
proveerla. (PNUD, 2013: 9). 2. La provisión de seguridad por parte del Estado a través 
32 
 
de políticas públicas Diversos autores ofrecen definiciones sobre lo que es una política 
pública.  
Un grupo de conceptos se acentúa en la finalidad de la decisión, respecto de si ésta se 
orienta a alterar o no estado de cosas vigentes. Kraft y Furlong señalan, por ejemplo, 
que una política pública es un curso de acción (o inacción) que el Estado toma en 
respuesta a problemas sociales (2004: 16). Según estos autores las políticas públicas 
reflejan no solo los valores más importantes en la sociedad, sino que también muestran 
el conflicto entre los valores y cuáles de dichos valores reciben las mayores prioridades 
en una determinada decisión. Tomando una perspectiva similar en cuanto su 
conceptualización, Thomas Dye (2002) señala que una política pública es cualquier cosa 
que el Estado elige hacer o no hacer. Los Estados regulan conflictos en la sociedad y 10 
la organizan para enfrentar conflictos con otras sociedades, distribuyen una gran 
variedad de recompensas simbólicas y servicios materiales a los miembros de la 
sociedad, para lo cual obtienen recursos de ella, normalmente bajo la forma de 
impuestos. Así, las políticas públicas pueden regular la conducta, organizar burocracias, 
recaudar impuestos y distribuir beneficios, todo a la vez.  
 
Las políticas públicas como categoría analítica son altamente complejas. Toda política 
pública que se plantee como instrumento de solución corresponde a una situación 
particular socialmente problematizada. Esto quiere decir que los problemas públicos 
existen, ya que la sociedad los padece y los actores significativos, como las 
organizaciones sociales y organismos políticos, manifiestan su existencia. Pero la 
percepción de cada uno de estos actores varia en torno a las causas y naturaleza de los 
problemas públicos, así como a la forma que deberán tomar las soluciones planteadas. 
Así, la decisión final acerca de la solución “correcta” en el espacio público se reconoce 
como derivado de un conjunto de procesos, negociaciones e intervenciones de diversos 
agentes de la sociedad (Caldera Ortega, 2005).  
 
El objetivo central de una política pública es alcanzar objetivos de bien común, y los 
objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro alternativas que no son 
excluyentes: a) lograr transformaciones estructurales, b) resolver resolución de 
problemas sectoriales o temáticos, c) lograr la asignación debida de recursos, y d) 
optimizar las situaciones de debilidades (Rosas, 2004: 18). 11 En ese mismo ámbito, la 
política pública en el campo teórico debe expresar una visión de sociedad (totalidad e 
33 
 
integralidad), así como un planteamiento del rol del Estado respecto a la sociedad. De 
este modo, la noción de política pública incorpora el conjunto de actividades normativas 
y administrativas que tratan de mejorar o solventar problemas reales (Subirats, 2012: 
39), siendo su principal objetivo la solución de problemas públicos (Dunn, 2004). Por 
su operatividad se considera la definición de Kraft y Furlong (2004) para el presente 
estudio, teniendo en consideración que el uso de la información y datos concretos de 
información en las políticas públicas de seguridad es una decisión del gobierno local.  
 
Asimismo, El que más se adecua al presente estudio es la definición de Rosas, teniendo 
en consideración que el uso de la información y datos concretos de información en las 
políticas públicas de seguridad en la presente investigación es una decisión del gobierno 
local, alcanzar objetivos de bien común. 3. La seguridad como objeto de la política 
pública La seguridad es considerada como objeto de la política pública porque de ella 
depende no sólo la protección de la población menos favorecida, sino el desarrollo 
económico y las posibilidades de empleo. Dentro del enfoque de desarrollo humano –
que consiste en la ampliación de las capacidades entendidas como las libertades de las 
personas para elegir lo que 12 efectivamente puedan disfrutar- la seguridad constituye 
un elemento clave. En esta línea, las libertades incluyen tanto las oportunidades que 
tienen de vivir de las maneras que consideran valiosas, como de su papel como agentes 
capaces de escoger libremente entre tales oportunidades y de influir en su sociedad para 
hacerla más plenamente humana, igualitaria y sostenible (PNUD, 2010: 21). Una 
Política Pública de Seguridad Ciudadana busca satisfacer las expectativas y demandas 
de las personas y permitir que estos se desarrollen en armonía dentro del marco de la 
ley, valores y respeto que debe existir en la comunidad (Gómez Rojas, 2006: 2).  
 
Para lograr ello, uno de los insumos más valiosos son los datos sobre eventos que 
afectan la seguridad y que, tras pasar por un proceso de gestión, se transforma en 
información que alimenta el diseño, el monitoreo, la evaluación e, incluso, el 
redireccionamiento de la política. Sin embargo, esta información necesita, para ser útil, 
cumplir con ciertos criterios señalados por (Arredondo, 2011), las cuales son: exactitud, 
objetividad, validez, continuidad, ser oportuna y comparable. La información representa 
un papel muy importante en el desarrollo de las sociedades, y ha venido evolucionando 
significativamente, presentándose de distintas maneras pero manteniendo el mismo 
objetivo, la comunicación entre las personas. Idalberto Chiavenato afirma que: “la 
34 
 
información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal 
que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento de quien se acerca a 
contemplarlos. 13 Estos datos se encuentran disponibles para su uso inmediato y sirven 
para clarificar incertidumbres sobre determinados temas”. 
 
La mayor parte del análisis de la problemática de la Seguridad a nivel nacional ocurren 
con la generación de una data poco confiable y en un ambiente altamente complejo, 
propio de las sociedades funcionalmente diferenciadas, que expresan modalidades de 
operación recursivas, tanto en el nivel social como en cada uno de sus sistemas 
parciales. Ello implica que dentro de su provisión de la data, ella esté construyendo 
redes sociales y sistemas de coordinación, con otras entidades lo cual significa que la 
prevención social del delito y el incremento de la Seguridad derivan necesariamente de 
la capacidad de los diversos sistemas - en conformidad a su propia codificación e 
intereses - de enfrentar los posibles peligros mediante su singular cálculo de riesgos 
para desarrollar diversas formas de prevención.  
 
 Las investigaciones sobre el rol de los municipios en la provisión de seguridad En el 
Perú, aún no existe suficiente literatura especializada que analice, desde un enfoque de 
Ciencias Sociales, el rol de los municipios en la provisión de seguridad. Si bien es 
cierto, existe una cantidad importante de informes elaborados por entidades del Estado, 
estos son de corte normativo y enuncian las responsabilidades de los municipios en el 
marco de Planes, Programas, entre otros. 14 Dentro de la literatura sobre este tema en el 
Perú, destacamos tres estudios que han sido pieza clave de nuestra investigación. El 
primero de ellos es el López (2015), en el cual el autor hace una evaluación del 
funcionamiento de la red de cámaras de video vigilancia en la Zona 1 de Lima Cercado 
con respecto a tres objetivos: i) disminuir la cantidad y recurrencia de dos delitos 
patrimoniales (robo y hurto), y ii) reducir la percepción de inseguridad de los 
ciudadanos de dicha jurisdicción. El segundo y tercer estudio son de autoría de Costa 
(2013 y 2014).  
 
El primero de ellos lleva por título “Los serenazgos en el Perú. La municipalización de 
facto de la seguridad ciudadana, ¿modelo viable?” y el segundo, “El rol de las 
municipalidades en seguridad ciudadana. ¿Cómo ha evolucionado su tratamiento 
normativo? Ambos estudios analizan cómo los municipios operan en favor de la 
35 
 
seguridad ciudadana analizando algunas de sus estrategias, tales como la presencia de 
serenazgos y también a través de su marco normativo, pues es claro que las 
responsabilidades y competencias de estas se han ido ampliando con la introducción del 
enfoque “La Seguridad Ciudadana es tarea de todos” con la que viene trabajando el 
Ministerio de Interior. Más adelante y conforme vayamos presentando los argumentos 
de esta investigación, traeremos a colación los hallazgos de los autores mencionados. 
 
La Seguridad en la Constitución 
De esta forma, tras acabar el concito armado y unirnos a la democratización; la 
Constitución de 1993 entre unos de sus logros fue reedificar el concepto de Seguridad 
en la Constitución. 
Iniciaremos, señalando que la noción de seguridad nacional en la Constitución es 
correcta, expresando en el artículo 163, que: “El Estado garantiza la seguridad de la 
Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y 
permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo.” (Const., 1993, art. 163) Es 
decir, que el Estado será el garante de brindar la seguridad mediante el Sistema de 
Defensa Nacional que se desarrolla en los ámbitos interno y externo, por lo tanto la 
seguridad también es de índole externa e interna. 
En cuanto, a cómo comprender la diferencia entre seguridad interna y externa, el 
artículo 167 estipula que “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (Const., 1993, art. 167), delimitando que las 
fuerzas del Estado se dividen en dos grupos. Pero, cada uno tendrá un ámbito distinto, 
para ello recurriremos a los artículos 1653 y 1664 , los cuáles otorgan a la Policía 
Nacional el orden interno y a las Fuerzas Armadas los asuntos de seguridad exterior. Y, 
si no fuese suficiente claro, el texto Constitucional en un análisis conjunto de los 
artículos 165 y 1375 , establece que las Fuerzas Armadas sólo podrán actuar en el orden 
interno en el marco de un Estado de Emergencia o un Estado de Sitio. 
Por otro lado, la Constitución ha dotado de contenido a cada ámbito, en ese sentido 
respecto al orden interno debemos acudir nuevamente al artículo 166. Sin embargo, este 
contenido del orden interno es incompleto, es así que el artículo 44 lo completará a 
establecer los deberes primordiales que la Policía Nacional deberá resguardar en el 
marco del orden interno, como el: Garantizar la defensa de los derechos humanos; 
36 
 
Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y Promover el bienestar 
general. (Const., 1993, art. 44). 
La pregunta que inmediatamente aparece es, ¿si los gobiernos regionales y locales 
tienen como uno de sus deberes primordiales la seguridad? 
Para poder contestar la interrogante acudiremos a los artículos 1926 y 1957 del capítulo 
14 de la Constitución sobre la Descentralización, donde se desprende que tanto los 
gobiernos regionales y locales no se les ha encomendado la responsabilidad de velar por 
la seguridad, sin embargo se señala que tanto los gobiernos regionales y locales deben 
cumplir sus funciones “en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 
desarrollo”, como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana. Es decir, que será el gobierno central quien 
desarrollará la política nacional de seguridad, que será coordinada con cada región y 
localidad, y no desarrollada de manera autónoma por cada una. 
Finalmente, el artículo 197 establece una valiosa precisión, al señalar que las 
municipalidades brindarán los “servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de 
la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.” (Const., 1993, art. 197) Es decir que son 
las municipalidades sin distinción de provinciales o distritales, tienen autonomía sobre 
la tarea de seguridad ciudadana, lo que a su vez les obliga a por poner mayor énfasis y 
coordinación con la política nacional de seguridad ciudadana, toda vez que son las 
municipalidades quienes en el aparato organizacional estatal tienen mayor contacto con 
la realidad de los ciudadanos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
IV. LEGISLACIÓN  NACIONAL  
 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
 
La Constitución Política del Perú (1993) tiene una serie de artículos 
relacionados con la seguridad ciudadana. El artículo 1 versa sobre la defensa 
de la persona humana. En el artículo 2 se establecen los derechos 
fundamentales, sobre todo a la vida y a la libertad de las personas. En el 
artículo 44 se establecen los deberes primordiales del Estado como el respeto 
de los derechos humanos y la protección de la ciudadanía, proporcionándole 
a esta seguridad ante las amenazas. El Estado asume esta responsabilidad a 
través de instituciones fundamentales, pues en el artículo 166 se establece 
que la finalidad de la PNP es “prevenir, investigar y combatir la 
delincuencia”. 
 
Asimismo, los Gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público, el 
Poder Judicial y otros organismos estatales tienen asignadas funciones y 
atribuciones constitucionales en relación con la seguridad ciudadana. Basado 
en estos mandatos constitucionales, el Congreso de la República, mediante la 
Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 2 y sus 
modificatorias crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC). También, se crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC) como el máximo organismo encargado de elaborar y diseñar 
los planes y las políticas públicas de seguridad ciudadana. Por su parte, la 
Ley del SINASEC crea los comités regionales, provinciales y distritales de 
seguridad ciudadana para poder articular las políticas y ejecutar los planes de 
seguridad ciudadana en el territorio nacional. 
 
Por otro lado, el CONASEC (2013) aprobó el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2013-2018 (PNSC),3 en el que se establecen una serie de 
objetivos estratégicos, actividades, indicadores y metas que cumplir. En el 
objetivo 4.1, relacionado con la participación de la población en acciones 
preventivas de seguridad ciudadana, en la actividad 8 establece: 
“implementar, a través de las comisarías, mecanismos de coordinación 
38 
 
permanente con las juntas vecinales, asociaciones, clubes, rondas 
campesinas y otras organizaciones sociales de base para la prevención y la 
convivencia pacífica” (PNSC 2013: 126). Cabe resaltar que este PNSC es el 
marco normativo específico de los mecanismos de coordinación de la Policía 
y de las rondas campesinas en la seguridad ciudadana. 
 
La Constitución Política del Perú:  
 
Artículo 1.-  
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado. 
 
Artículo 2.-  
 
Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad personal. En 
consecuencia: Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe. No se permite forma alguna de 
restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 
Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 
cualquiera de sus formas. No hay prisión por deudas. 
 
Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes 
alimentarios. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 
declarado judicialmente su responsabilidad.  
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez 
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe 
ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 
veinticuatro horas o en el término de la distancia. 
 
 
Artículo 44.- 
39 
 
Son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional; 
Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; Proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y Promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y 
ejecutar la política de fronteras y Promover la integración, particularmente 
latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas 
fronterizas, en concordancia con la política exterior. 
 
Artículo 118.-  
 
Corresponde al Presidente de la República: Velar por el orden interno y la 
seguridad exterior de la República. 
 
Artículo 137. 
 
El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede 
decretar, los estados de: Estado de emergencia, en caso de perturbación de la 
paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten 
la vida de la Nación.  
En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 
24, apartado f del mismo artículo.  
En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. Estado de sitio, en caso 
de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se 
produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se 
restringe o suspende. 
 
Artículo 166.-  
 
La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental: Garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 
40 
 
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la 
delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 
 
Artículo 197.-  
 
La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades 
en materia de seguridad ciudadana. 
 
 
Artículo 165 (5). 
 
Los gobiernos locales tienen competencia para "organizar, reglamentar y 
administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad". 
 
Artículo 197.-  
 
"Las Municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 
cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley". 
 
Leyes: 
 
Ley Nº 27867  
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículos 10º, 30º y 61º) 
 
Ley 27972 
 Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22º, 26º, 53º, 73º, 85º, 106º, 
107º, 145º, 157º, 161º) 
 
Ley 27934.-  
Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público 
en la investigación preliminar del delito.  
Ley 27935.-  
41 
 
Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27030 (Ley de ejecución de las 
Penas de Prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días 
libres) 
 
Ley 27936.- 
Ley de condiciones del ejercicio de la legítima defensa. 
 
Ley 27937.-  
Ley que modifica los artículos N° 366° y 367° del código penal.  
 
Ley 27938.-  
Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en caso de 
delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda.  
 
Ley 27939.-  
Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los 
artículos 440°, 441° y 444° del código penal.  
 
Ley Nº 27908  
Ley de Rondas Campesinas. 
 
Ley Nº 29611 que modifica la Ley Nº 29010 
Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer 
de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. 
 
Ley 29701  
Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana y establece el “Día de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana” que consta de diez (10) artículos y dos (2) 
Disposiciones Complementarias Transitorias. 
 
a. Antecedentes legislativos sobre responsabilidad penal del menor de 
edad 
- El Código Penal de 1924  
42 
 
Este Código se encuadra en el enfoque del modo inaudito para el 
tratamiento jurídico de los menores de 18 años de edad que cometían 
infracciones penales y para aquellos considerados en ambiente de 
riesgo y para los considerados como latentemente peligrosos. 
Se impugnaba la idea del castigo y se ratificaba la inimputabilidad de 
estos menores y la evasiva de éstos del ámbito del derecho penal. 
Esta idea trataba de dar un tratamiento de corrección y que los que 
han sido abandonados y los altamente peligrosos debían ser 
arbitrados por el régimen para impedir que cometieran infracciones 
- El Código Penal de 1991  
Código Penal de 1991, al igual que los Códigos anteriores establece 
en su art. 20, inciso 2: “Está libre de responsabilidad penal el menor 
de 18 años.” Es decir, sigue la misma tendencia que los que los 
códigos anteriores en relación a excusar de cualquier responsabilidad 
penal a los menores de 18 años. 
- Código de los Niños y Adolescentes de 1993 - Derogado  
El Perú ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño mediante Resolución Legislativa N° 25278 el 3 de Agosto de 
1990 y como consecuencia de ello en junio de 1993 entró en vigor el 
Código del Niño y del Adolescente (Fue promulgado por Decreto 
Ley N° 26102 del 28 de diciembre de 1992. Entró en vigor el 28 de 
Junio de 1993), que se adecuó a las reglas y principios de la 
Convención Internacional. 
De hasta seis (06) años de internamiento como medidas 
socioeducativas se establecía. No obstante, fue el inicio en nuestra 
Legislación en relación a la atención del Enfoque de la Protección 
Integral del Menor. 
b. Ley sobre seguridad y tranquilidad pública (1997- Barras Bravas) 
La Ley Nº 26830, sobre Seguridad y Tranquilidad Pública en 
Espectáculos Deportivos, promulgada el 01-07 97, establece su Artículo 
7° que los adolescentes, que incurran en las conductas contempladas 
como infracciones cometidas con momento de espectáculos deportivos 
serán trasladados ante el Fiscal de Familia, para que acciones acorde a 
Ley, estipulados en el Código del Niño y el Adolescente.  
43 
 
El Magistrado de Familia podrá imputar la prestación de servicios a favor 
de la comunidad, la misma que será no mayor de doce (12) meses, como 
medida socio - educativa. Los padres de familia o el tutor que ejerce la 
potestad o tutela del adolescente infractor será el responsable civil de los 
daños y perjuicios que pueda causar el menor 
 
c. Ley de la Delincuencia  Perniciosa : Decreto Legislativo N° 899 
El Decreto Legislativo 899 (promulgado en el año de 1998) sobre 
Pandillaje Pernicioso dispuso que los adolescentes mayores de doce (12) 
años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad que se 
congreguen para lastimar, arremeter o dañar a personas, sus propiedades 
públicas o privadas u ocasionar desgracias serían detenidos por un no 
más de seis (06) años. 
Establece que los pandilleros serán detenidos hasta por tres (03) años 
cuando violen a otro menor de edad, afecten la vida y salud de un ser 
humano o dañen servicios privados y públicos, utilizando en cualquiera 
de esos casos armas punzantes o de fuego, material inflamable o 
explosivo u otro objeto contundente. De la misma forma se sancionará a 
aquellos que comentan infracciones bajo un estado de la influencia del 
alcohol o drogas. 
Cuando el menor infractor ocasione la muerte de una persona o genere 
lesiones graves a su víctima, recibirá una medida de internamiento socio- 
educativo entre tres (03) y seis (06) años de edad. 
Dicha norma ratificó los alcances del Derecho Legislativo 895 que 
estableció que, como caso excepcional, los adolescentes mayores de 16 
años y menores de 18 años de edad serán recluidos por veinticinco años 
o más en una prisión de máxima seguridad si se comprueba su 
participación en un acto de terrorismo agravado o violencia extrema. 
El Decreto Legislativo 899 eliminó el segundo párrafo del artículo 226 
del Código del Niño y el Adolescente que rotulaba que "en ningún caso 
el adolescente infractor permanecerá en conjunto con los adultos 
detenidos". En el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Año 2000) 
fue derogada la pena que establecía el internamiento de dos a cuatro años 
para los “adolescentes cabecillas”. 
44 
 
 
Legislación internacional 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1989), en el 
Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, que el Perú ha ratificado, el monismo jurídico cambia a un 
pluralismo jurídico. De la categoría Estado-nación, que se refería a un solo 
idioma, raza y cultura, cambia a un pluralismo étnico y cultural de las 
naciones. A partir de la década de los noventa, en algunos países de América 
Latina se han dado reformas constitucionales muy importantes, tales son los 
casos de Ecuador (1998), Bolivia (1994), Colombia (1991) y Perú (1993). 
En dichas constituciones se reconoce el carácter pluricultural y étnico de 
estas naciones, a los pueblos indígenas, el derecho consuetudinario de las 
comunidades campesinas, nativas y a las rondas campesinas. 
 
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ.  
 
En la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen 
una definición de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en 
el artículo 2 de la Ley 30077 y en el artículo 317 que prevé el delito de 
organización criminal, en ambos artículos podemos ver las características del 
crimen organizado. Tanto en la Ley 30077 como en el Código Penal se hace 
referencia que el crimen organizado es un grupo de individuos en concreto 
tres o más personas en la que existe un reparto de tareas y con un carácter 
indefinido en el tiempo, es decir, con la vocación de permanencia. La Ley 
hace referencia a que el grupo debe estar abocado a la comisión de los 
delitos señalados en el artículo 3 de la Ley 30077, mientras que el código 
penal solo hace referencia a la comisión de delitos. 
 
Comisión de delitos graves 
 
Cuando la Ley hace referencia a la comisión de uno o más delitos de los 
señalados en el artículo 3 de la Ley no significa que se tiene que cometer un 
solo delito. La referencia de la Ley a un delito debe entenderse a que la 
45 
 
organización criminal puede especializarse. De la gama de delitos que está 
señalado en el artículo 3, la organización criminal puede elegir uno y hacer 
de ese uno su medio de vida. Pero no es que solo cometa un delito. 
 
Ahora esto que acabo de mencionar respecto de la vocación de permanencia 
está referida a la comisión de varios delitos graves. 
 
Digo esto porque hasta hace unos años la legislación penal española, en 
concreto el artículo 570 del Código Penal español, consideraba que el crimen 
organizado podía estar abocado a la comisión de faltas. Entonces si una 
legislación como la española hasta hace unos años consideraba que la 
organización criminal podía dedicarse a cometer faltas entonces ya 
encontramos diferencias. Y estas diferencias hacen que las definiciones de 
crimen organizado sean distintas. 
 
Conformación de la organización criminal 
 
El Código hace referencia a que la organización criminal tiene que estar 
conformado por tres o más individuos a diferencia de la banda criminal que 
está prevista en el artículo 317-B en el que para su configuración se necesita 
dos o más individuos. Esto no es un asunto sin importancia yo entiendo que 
la referencia que hace el Código Penal en el artículo 317-B, que regula el 
delito de banda criminal y que menciona dos o más sujetos y que en el 
artículo 3 que regula la organización criminal menciona a tres o más sujetos. 
Es porque la organización criminal, se caracteriza por la sustituibilidad, por 
la vocación de permanencia en el tiempo, entonces la única forma de 
asegurar esa permanencia en el tiempo como mínimo es con tres individuos. 
Si yo solo tengo dos sujetos, hay que tener en cuenta la sustituibilidad. 
 
La fungibilidad es una característica que se valora cuando se elabora el plan 
criminal el individuo tiene que saber que, si un elemento decide no cometer 
el delito, otro lo va a reemplazar, esto solo se satisface con un mínimo de 
tres personas. Si fueran solo dos y uno decide no cometer el delito, entonces 
cómo reemplazo. El requisito mínimo para satisfacer esa exigencia de 
46 
 
fungibilidad de sustituibilidad es el mínimo de tres. Es cierto que, en la 
práctica, es muy difícil lograr la fungibilidad, el contexto juega en contra de 
la fungibilidad, hay que tener en cuenta el alto grado de especialidad de los 
miembros de la organización criminal que hace muy difícil que muchas 
veces se sustituya a los miembros. El elemento personal, en el caso de la 
organización criminal es tres o más, está vinculado con la vocación de 
permanencia en el tiempo de los individuos. 
 
FINALIDAD ECONÓMICA DEL DELITO 
 
Ni la Ley o el Código hacen referencia a la finalidad económica de la 
organización criminal, la legislación peruana omite mencionar el beneficio 
económico o el afán de lucro como una característica esencial de la 
organización criminal. Como ya lo mencioné, la finalidad económica es 
parte, es una característica innata que define a la organización criminal. Y lo 
deduzco de la relación de delitos que aparecen en el artículo 3 de la Ley 
30077, si nosotros echamos una mirada a los delitos de la Ley 30077, nos 
vamos a dar cuenta que estos delitos se caracterizan porque están orientados 
a obtener una gran cantidad de dinero. Desde mi punto de vista, aunque la 
Ley o el Código no digan de manera taxativa que la finalidad económica es 
un elemento del crimen organizado, yo infiero que sí es un elemento del 
crimen organizado de la lectura de esos delitos en el artículo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
JURISPRUDENCIAS O PRECEDENTES VINCULANTES O 
PLENOS JURISDICCIONALES. 
 
No obstante éstos logros alcanzados, es insalvable la crítica de la paradoja 
que hemos planteado. Los argumentos o razones de esta situación son: En 
primer lugar creemos que es un juego de palabras peligroso el considerar que 
los adolescentes son penalmente inimputables pero a la vez son penalmente 
responsables como lo hace BUSTOS y BERDUGO, aunque coincidimos con 
ambos en que el abordaje de la problemática no se encuentra en las ciencias 
naturales sino en el ámbito normativo con criterios de política criminal. 
Estamos de acuerdo con las premisas planteadas por Bustos, sin embargo no 
estamos de acuerdo en sus conclusiones, al mantener la inimputabilidad del 
adolescente, como criterio para incluirlo dentro de otro sistema de 
responsabilidad distinto al de la culpabilidad, no teniendo en cuenta que 
justamente la imputabilidad es el criterio básico que posibilita la atribución 
de la responsabilidad o la  culpabilidad, termina así equiparado al enajenado 
mental con el adolescente al realizar una diferencia entre el derecho penal y 
el derecho penal criminal, señalando que los adolescente y los demás 
inimputables se encontrarían dentro del derecho penal pero no criminal. 
 
Consideramos que si bien es necesaria una respuesta del Derecho Penal 
distinta a la de los adultos frente a los delitos y faltas cometidos por 
adolescentes, el criterio de esta repuesta se encuentra en la consideración de 
su inimputabilidad, sino únicamente en un distinto juicio de exigibilidad, -
que es el segundo nivel de análisis crítico de la imputabilidad- 
Consecuentemente, si bien al adolescente no se le puede exigir como a un 
adulto, se le puede exigir como a un adolescente, por ser totalmente 
imputable y responsable de sus actos como tal. 
 
Así, le es reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, 
(culpable) y por lo tanto puede ser pasible de sanciones penales o sanciones 
negativas que restringen el ejercicio de sus derechos cuando no responde a la 
exigencia de protección de los bienes jurídicos. 
48 
 
 
Podemos coincidir en que se llamen sanciones y no penas para diferenciarlas 
de las aplicadas a los adultos pero dicha distinción se encuentra 
fundamentada en la especificidad del sistema y no en el carácter restringido 
de su imputabilidad, sino en la naturaleza distinta de su imputabilidad, 
surgida del distinto nivel de exigencia, por ello el Código Penal en su 
artículo 20 no debería decir que los menores de 18 años son inimputables 
sino que son imputables de acuerdo a lo señalado en el código de los Niños y 
Adolescentes.. Debemos recordar además que es un criterio de política 
criminal, el separar la imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del 
adulto, por el criterio de distinta exigencia. En este sentido y por este mismo 
criterio, podemos excluir la imputabilidad de los menores de doce años, por 
considerar que el Estado y la sociedad debajo de este límite no tiene nada 
que exigir y si todo que dar. Asimismo, al ser el límite únicamente 
cronológico y no motivado en un análisis diferencial del sujeto subrayamos 
que es una decisión político normativo y no psicológico. Es decir, es un 
problema resuelto por derecho y no por las ciencias naturales. 
  
En el ámbito  jurisdiccional de la región La Libertad, el Gobierno Regional  
conjuntamente con la Municipalidad  Provincial  de  Trujillo  son las 
instituciones  que deben  liderar  la resolución   de la problemática  de la 
inseguridad ciudadana. Sin embargo, ambas entidades  del Estado  hasta la 
fecha  no cuentan  con un Plan Estratégico  de Seguridad Ciudadana  que 
promueve con eficacia y eficiencia  la integración       y participación  de la 
sociedad civil  en forma sistémica  y eficiente. 
En resumen  los planes existentes presentan los siguientes  defectos: 
planificación  carente  de precisión,  objetivos,  múltiples que   no están  
claramente relacionados  con las actividades  programadas, por lo cual  no se 
ejecutan exitosamente  y las responsabilidades no están bien definidas. No 
existe una imagen  clara de cómo   lucirá  actividades  si  tuviesen éxito y no 
se cuenta  con una base  objetiva  para comparar  lo que  se planeó  con lo 
que sucedió en realidad.   
  
 
49 
 
DERECHO COMPARADO 
 
España 
Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos españoles es la 
seguridad o, por mejor decir, la falta de esta. Así lo demuestra el hecho de 
que la inseguridad ciudadana aparezca de forma constante en los barómetros 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como uno de los 
principales problemas que nos aquejan, tan solo superado en la actualidad 
por el paro y la situación económica. De una primera aproximación al tema 
sorprende que un fenómeno que despierta tanta inquietud resulte tan difícil 
de definir y aún más complejo de delimitar de expresiones cuyo significado 
es análogo, tales como las de seguridad pública, orden público, paz pública, 
seguridad personal o seguridad de los habitantes. Para dar idea de la 
complejidad de elaborar un concepto de seguridad ciudadana baste pensar 
que ni siquiera en la ley dirigida a su protección —la Ley Orgánica 1/1992, 
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana — se 
encuentra una definición. No es extraño, por tanto, que los autores que se 
han ocupado del tema se hayan esforzado en precisar el alcance de tales 
expresiones 
 
Y si esta tarea ya es por sí compleja, hay que tener en cuenta, además, que a 
la equivocidad de estos términos se le une el hecho, advertido por ALONSO 
PÉREZ, de que en el ordenamiento jurídico español los conceptos de orden 
público, seguridad ciudadana y seguridad pública se emplean de forma 
indiferenciada y sin concretar claramente su alcance39. No obstante, la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de precisar que la 
seguridad pública engloba tanto el orden público, entendido como protección 
del libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la seguridad 
ciudadana que supone la protección de personas y bienes frente a las 
acciones violentas, agresiones o situaciones de peligro40. Es, precisamente, 
esta segunda acepción, la denominada seguridad en sentido estricto, la que 
aquí interesa. Y, más concretamente, la delincuencia como principal factor 
causante de esa inseguridad. 
 
50 
 
Ahora bien, se hace preciso advertir ya en estas consideraciones 
introductorias que no van a ser tratadas en esta sede todas las cuestiones 
relacionadas con esta problemática. Y ello no porque no revistan interés 
sino, antes al contrario, porque el número e importancia de las mismas 
precisan, sin duda, de un estudio más detenido. El objetivo que se persigue, 
mucho más modesto, no es otro que el de analizar la labor de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en aras de reducir la inseguridad ciudadana. 
 
A tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 104 de la 
Constitución española, a ellas compete la misión de proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. 
Mucho se ha escrito acerca de la actividad que desarrollan a la hora de hacer 
frente a la criminalidad, constituyendo la prevención y represión de los 
delitos uno de sus principales cometidos. Parece, por tanto, innecesario 
insistir en este enfoque. 
 
Más desatendido ha estado, salvo honrosas excepciones, el nada desdeñable 
papel que pueden jugar cuando de lo que se trata es de reducir la seguridad 
subjetiva; esto es, la percepción que tienen los ciudadanos del fenómeno 
criminal. 
 
Planteado en estos términos, de lo que se trata es de decidir si la Policía, 
como garante de la seguridad ciudadana por mandato constitucional, cumple 
su cometido manteniendo bajo control las tasas reales de delincuencia o si, 
además, le es exigible una mayor contribución en orden a reducir 
significativamente dicho sentimiento. En caso de que así fuera, procede 
preguntarse qué acciones policiales pueden resultar más eficaces para la 
consecución de tal propósito. 
 
La respuesta a la primera de las cuestiones viene condicionada por las 
conclusiones que pueden extraerse de una aproximación —necesariamente 
limitada en esta sede— de las principales causas y consecuencias que 
produce la inseguridad ciudadana y, más concretamente, el miedo al delito; 
razón por la que a esta problemática se le dedica un epígrafe. Para dar 
51 
 
respuesta al segundo de los interrogantes, se parte de que, como ha puesto de 
manifiesto BROTAT I JUBERT, no hay una relación directa entre el número 
de policías y el nivel de seguridad; de ahí que, más que incrementar el 
número de efectivos, se hace necesario establecer acciones diferentes47. Por 
ello, es oportuno hacer una breve alusión a las estrategias seguidas por la 
policía norteamericana, dado que atesoran una larga experiencia en hacer 
frente a esta problemática; de hecho, la reducción de la sensación de 
inseguridad ha venido considerándose una de las prioridades policiales desde 
la década de los años 80. Finalmente, una vez se ha procedido a ese análisis, 
se estará ya en condiciones de evaluar la respuesta policial frente a la 
permanente reivindicación social de mayor seguridad. 
 
Colombia  
 
La policía comunitaria de Bogotá En medio de un prolongado conflicto 
interno y lucha implacable del Estado contra el narcotráfico, en Bogotá, un 
nuevo concepto de seguridad preventiva e interactiva, hace posible que 
policías y vecinos trabajen juntos para anticiparse al crimen y a la violencia: 
el Policía Comunitario -agente dedicado a recorrer un barrio y forjar 
estrechos lazos de confianza y respeto mutuo con los habitanteses todavía 
una iniciativa en vías de consolidación en América Latina. Mayormente los 
países de la región poseen sistemas de policía nacional dependientes del 
gobierno central, como resultado de ello, las fuerzas del orden no actúan bajo 
el control de gobiernos locales o municipales y, por lo tanto, carecen de 
incentivos para afianzar buenas relaciones con los residentes. En esencia, la 
Policía Comunitaria innova el planeamiento y el funcionamiento de la 
Policía, acercándola democrática y armoniosamente a la comunidad. Los 
1.000 policías comunitarios de Bogotá -de 12.000 efectivos que tiene la 
capital colombiana-, vigilan en parejas abarcando vecindarios de 2.000 a 
4.000 habitantes y constituyen un replanteamiento del esquema policial 
tradicional de Latinoamérica y a la vez, representan el signo más evidente 
del esfuerzo que en los últimos diez años, ha efectuado esa ciudad de siete 
millones de habitantes, por reformular su estrategia de seguridad ciudadana. 
 
52 
 
IV.-CONCLUSIONES 
 
A partir del estudio realizado, se llega a diversas conclusiones acerca de la inseguridad 
ciudadana en el Distrito y Provincia de Barranca, expuestas a continuación: 
 
✓ En primer lugar, existe un esfuerzo del Estado por establecer una política eficaz 
para prevenir los delitos de carreteras en la zona Lima Norte, con planes que 
han dado buenos resultados. Por ejemplo, las operaciones con agentes que 
viajan encubiertos como pasajeros. Sin embargo, existen un gran número de 
trabas que impiden una mejor obtención de los objetivos: los pocos efectivos 
disponibles, reglas que dificultan el trabajo, falta de equipos y falta de 
utilización de tecnologías de la información y comunicación.  
 
✓ Para lograr una efectiva prevención y control del crimen, Andrew Morrison, 
considera avanzar en tres frentes: “la formulación de una política pública, la 
generación de información estadística y la reforma de instituciones” (2006). En 
el país, más que reformas de la institución (que han sido muchas sin resultados 
significativos), urge un esfuerzo por modernizar y repotenciar logísticamente 
las COMPRCAR, dotarlas de los medios para incidir en una mejor prevención. 
Para tener éxito contra la delincuencia es esencial que tanto las acciones de 
control como de prevención formen parte de la implementación de una política 
pública integral (Morrison, 2006).  
 
✓ Un programa de implementación como sugiere Pressman y Waldavsky (1973), 
requiere también de sencillez en las políticas, la conducción de la política debe 
ser lo más directa posible para llegar a la meta, porque cuando menos son los 
responsables, menor es el número de decisiones que implica su realización, 
aumentando las probabilidad de que sus objetivos se cumplan. Sobre esos 
principios deben girar los proyectos de implementación de medidas de 
seguridad en las carreteras del país, bajo la dirección de un solo Agente (caso 
Colombia), con competencias y capacidades definidas y suficientes para 
concertar los criterios de los involucrados y optar por las mejores alternativas, 
53 
 
hasta lograr los objetivos, en bien del resguardo patrimonial y la integridad 
física y sexual de los usuarios de las vías.  
 
✓ Se debe prestar atención también a las características de la organización de 
acuerdo a las observaciones de Elmore (1993). Una implementación exitosa 
deber tener en cuenta las características de la organización, en este caso las 
COMPRCAR, para poder influir en su comportamiento. Eliminar rutinas no 
deseadas, requiere de una detenida observación de la organización para 
identificar que otras prácticas serian aceptadas por los funcionarios como un 
reemplazo.  
 
✓ Dentro de la observación de las rutinas de la organización, se debe considerar 
utilizar un enfoque bottom up para el diseño de una política de seguridad vial 
(Revuelta 2007). Esta concepción analiza las organizaciones para ver la relación 
entre los funcionarios y los receptores de la política, prestando atención a como 
las acciones de los funcionarios afectan los grandes diseños. De esta manera, se 
podría incorporar la experiencia de los efectivos para la implantación de una 
política con disposiciones muy cercanas a la realidad del problema.  
 
✓ La seguridad vial debe prevalecer como una política de Estado, pero no solo 
ligada a aspectos de la accidentalidad de tránsito vehicular, como hasta ahora; 
sino también, se debe incorporar y atender a la seguridad patrimonial y el 
respeto a la integridad física y sexual de los usuarios de las carreteras del país. 
Esa política no se materializa solo con la decisión o mención, sino con 
actividades de calidad, eficientes, eficaces y sostenibles. La importancia del 
presente estudio radica en haber permitido mostrar la auténtica situación del 
sistema de seguridad en las carreteras, evidenciar las limitaciones por la que 
atraviesan las Comisarías de Protección de Carreteras que están enclavadas en 
el Departamento de Lima zona Norte, y consecuentemente nos revela la 
situación de trabajo en unidades policiales similares al interior del país. 
 
 
 
 
54 
 
V. RECOMENDACIONES 
 
El Estado Peruano y sus autoridades deben tener mayores cuidados frente a 
la criminalidad mediática que abunda hoy en día y que empuja a tomar 
acciones de  mayor seguridad genera dudas e impresiones al momento de 
entender al naturaleza de este a la luz de los derechos humanos. 
 
Desarrollar eventos de Prevención (charlas) para evitar  el Pandillaje 
Pernicioso en las escuelas, dirigido a los alumnos del nivel primario – 
secundario ya los padres o tutores de familia, dando cumplimiento a los 
Planes Nacionales de apoyo a la Familia, Niñez, Adolescentes y 
Erradicación del Trabajo Infantil. 
 
Promover un Área de Protección y Defensa al Menor en las Instituciones de 
Comisión Educativas Locales que monitoree, supervise y fiscalice a los 
Directores de los colegios si están cumpliendo con lo estipulado en el 
Artículo 18° del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes del Perú. 
Asimismo la instauración de un equipo multidisciplinario que esté dirigido a 
desactivar la aparición de Pandillaje pernicioso en las Instituciones 
Educativas. 
 
Sugiero que se inserte un artículo en el Código Penal de nuestra legislación 
en relación a la Responsabilidad de los Padres de Familia en la preparación 
educativa de sus hijos, inherente al causal de la violencia familiar y sus 
consecuencias expuestas en el Pandillaje Pernicioso, solicitando que se 
sancione con penas de libertad efectiva. Asimismo se tipifique en el mismo, 
la sanción penal para aquellos que ejerzan la violencia psicológica familiar 
en menores de edad, dado que es el factor determinante en la problemática 
del Pandillaje Pernicioso 
 
 
 
 
 
55 
 
 
VI. RESUMEN  
 
El clima de inseguridad por la que está atravesando nuestra Provincia de Barranca y país 
es alarmante, los permanentes hechos criminales y cada vez más violentos son 
ampliamente difundidos por los medios de comunicación y mantienen en zozobra a la 
población; los espacios públicos son siempre los más vulnerables, entre ellos las 
carreteras del país que se convierten frecuentemente en escenarios de la delincuencia 
común, uno de los sectores más golpeados es la ruta del Norte Chico, comprendido 
entre Ancón-Barranca, Huacho-Barranca, Barranca-Paramonga. En esta investigación se 
pretende dar a conocer como se ha desarrollado el sistema de seguridad en previsión de 
asaltos y robos del que son víctimas los usuarios de los servicios públicos de transporte 
interprovincial, los negocios que se encuentran alrededor de nuestra Provincia y los 
transeúntes de a pie, determinar cuáles son las limitaciones de los diversos actores 
comprometidos en esta tarea y explicar porque se generan esas deficiencias. El interés 
primordial es evidenciar esta persistente problemática y atraer la atención a los analistas 
y decisores, con el propósito de que se implementen políticas públicas viables que 
permitan contrarrestar al más breve plazo el accionar delictivo en la red vial nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
 
ABSTRACT 
 
The climate of insecurity that our Province of Barranca and the country is experiencing 
is alarming; the permanent criminal and increasingly violent acts are widely 
disseminated by the media and keep the population in distress; public spaces are always 
the most vulnerable, among them the roads of the country that frequently become the 
scene of common crime, one of the hardest hit sectors is the Norte Chico route, between 
Ancon-Barranca, Huacho-Barranca, Barranca -Paramonga This research aims to show 
how the security system has been developed in anticipation of assaults and robberies of 
which the users of interprovincial public transport services are victims, the businesses 
that are located around our Province and the bystanders of To determine which are the 
limitations of the various actors involved in this task and explain why these deficiencies 
are generated. The main interest is to highlight this persistent problem and attract the 
attention of analysts and decision-makers, with the purpose of implementing viable 
public policies that allow to counteract as soon as possible the criminal actions in the 
national road network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
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Edición. 
 
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desde una perspectiva integral la seguridad en la operación del transporte de 
carga por carretera. 
 
58