| dc.description.abstract | La regulación de la extinción de la relación de trabajo por iniciativa del empleador es claramente el tema más polémico en nuestro sistema de relaciones laborales.
La mayor o menor eficacia del ámbito de protección ante el despido ilícito, la tutela resarcitoria, que determina la reposición en el empleo, han sido aspectos cruciales de las relaciones laborales que han polarizado las posiciones de empleadores y trabajadores.
Desde su instauración en la década del setenta, en que se estableció la denominada estabilidad laboral absoluta, hasta los esquemas flexibles de contratación temporal implementados en nuestro ordenamiento en los años noventa conjuntamente con la regulación de la estabilidad laboral relativa, es sostenible que los interlocutores sociales no han llegado a consensos básicos sobre los aspectos centrales de este derecho.
Para el sector laboral, las posibilidades de despido deberían encontrarse rigurosamente limitadas en la legislación, acentuándose la tutela restitutoria a opción del trabajador.
Se cuestiona, a su vez, que la reposición constituye un cumplimiento forzoso de una obligación de hacer, lo que entraña una inconsistencia jurídica y se destaca que el esquema predominante en el derecho comparado corresponde a la denominada estabilidad relativa. Se afirma igualmente, que los derechos laborales rígidamente plasmados en la ley solo se aplican a un número escasamente significativo de la población económicamente activa y de ahí que incentiven la informalidad.
La plasmación del derecho a la estabilidad laboral en un determinado ordenamiento exige, a su vez, que otros institutos jurídicos sean desarrollados de manera consistente. En efecto carecería de eficacia, un firme derecho a la conservación del empleo, si, paralelamente la ley no limitase la contratación modal a supuesto de causalidad objetiva. De no ser así, es previsible que el empleador opte por la contratación modal de corto plazo y que recurra al expeditivo recurso de no renovar el contrato de trabajo cuando desee extinguir la relación laboral, evitándose con ello la justificación y acreditación de su decisión extintiva.
El amparo es un proceso constitucional autónomo de tutela de urgencia de derechos fundamentales, distintos a la libertad individual, y cuyo fin es reponer a la persona en el ejercicio del derecho ius - fundamental amenazando o vulnerando producto de "actos lesivos" perpetrados por alguna autoridad, funcionario o persona. Desentrañar su naturaleza jurídica presupone aquellas características esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal que le establezca cada sistema de jurisdicción constitucional. Una identificación del amparo que trasciende su mera regulación positiva en cualquier sistema de justicia constitucional es que ella ostenta dos particularidades básicas e inmanentes que se desprenden de la naturaleza "constitucional"; y por lo mismo, la protección procesal que se dispensa tiene el carácter de "Tutela de Urgencia", como una forma especial de tutela diferenciada, tal y como entiende este tipo de tutela la doctrina procesal contemporánea. | es_ES |
