El antejuicio político y la injerencia del Poder Legislativo en la autonomía funcional del Ministerio Público

Abstract

En el presente trabajo se ha abordado el tema del procedimiento constitucional de antejuicio político, regulado en el Art.100° de la Constitución Política del Perú, y la problemática que se presenta a consecuencia de lo regulado en los párrafos tercero y quinto de éste artículo, en los cuales se evidencia una clara injerencia del poder legislativo, quién es el órgano del Estado que tiene a su cargo el desarrollo del procedimiento de antejuicio político, en la autonomía funcional del Ministerio Público. Es preciso señalar que el antejuicio político es una prerrogativa de la que gozan los altos funcionarios públicos señalados en el Art. 99° de la Constitución política del Perú, por la cual estos no pueden ser investigados, ni procesados, por el órgano Jurisdiccional por los delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, si antes el poder legislativo no lo autoriza, dicha autorización se da dentro del procedimiento de Antejuicio Político cuya finalidad es levantar esta prerrogativa, es decir si finalmente luego de este procedimiento el pleno del congreso levanta esta prerrogativa recién puede haber intervención del ministerio público y del poder judicial para investigar y juzgar al funcionario público. No habría mayores problemas si la labor que realiza el poder legislativo terminara ahí, y luego de levantar esta prerrogativa el poder legislativo dejara que el Ministerio Público realice su labor de ente persecutor del delito e inicie la investigación y calificación correspondiente de los hechos. Es en base a la problemática antes planteada que se ha desarrollado el marco teórico de la presente monografía y en base a ella es que se puede concluir que efectivamente los párrafos terceros y quinto del Art. 100° de la constitución vulneran la autonomía funcional del Ministerio Público.