Responsabilidad penal de los menores

Abstract

Conforme ya se ha precisado, desde la antigüedad la intervención penal frente a los niños y adolescentes ha sufrido diversos cambios. En un primer momento se les incluyo dentro del sistema de control penal, en un segundo momento se trató de mantenerlos dentro del control social punitivo calificándolos como objeto de protección para luego, mediante la nacionalización de principios garantistas aprobados internacionalmente, reconocerles finalmente los derechos y garantías de un sistema penal de adultos además de aquellos derechos específicos de la etapa de desarrollo en el que se encuentran. Hecho significativo que ha sido posible gracias a la ratificación por diversos Estados de la Convención sobre Derechos del Niño. La Convención del Niño, ratificada por nuestro país en los noventa, define como niño en su artículo 1 a todo ser humano hasta antes de cumplir 18 años, salvo que en virtud de la ley que le fuere aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, en razón a ello, someter al adolescente al sistema penal de adultos como se pretende seria discriminatorio, pues sería tratado como adulto para el castigo, la sanción (con el subsecuente riesgo de su libertad), mas no para otros asuntos (civiles, electorales) en los que se conserva su incapacidad. El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece cuáles son los lineamientos que se deben respetar cuando un adolescente es infractor de la ley penal. Por ello, que el adolescente merece ser tratado respetando su dignidad y valor, fomentando el respeto por los derechos humanos reconocido y libertades fundamenta-les de terceros. Además, se tomará en cuenta la edad del niño y se buscará promover su reintegración para que asuma una función constructiva en la sociedad. El referido artículo también se encarga de señalar la función de los Estados Partes para garantizar la situación aquellos adolescentes infractores de la ley penal. Por ello, resulta necesaria la aplicación del "Derecho Penal Mínimo", que establece una serie de reglas y mecanismos especiales, cuando nos encontramos frente a meno-res de edad, que infringen la ley penal. Entre estas reglas, cabe resaltar que la privación de libertad debe ser aplicada solamente como última ratio, es decir, como un último recurso en casos excepcionales. Asimismo, se alude a un tratamiento especializado, en el que los menores sean tratados de manera apropiada y se guarde proporción entre las circunstancias y la infracción. Ello implica, además, que en dicho tratamiento se tomará en cuenta la personalidad, aptitudes, inteligencia y valores del menor;sobretodo, las circunstancias que lo llevaron a cometer la infracción. Por otra parte, el menor deberá recibir apoyo socio familiar, a través del cual se le brinde asistencia e capacitación profesional.